Por: Jorge Gebhardt y Rubén H. Malvitano

1.1. El impuesto es la figura más politizada del sistema tributario

Como referimos en diversas ocasiones, importantes doctrinarios internacionales le han asignado esta característica. El tributo es defendido con ahínco por autodenominados tributaristas progresistas y, al mismo tiempo, denostado por otros de distinta filiación política.

Tal como hemos intentado demostrar en dichas obras, el tributo está en decadencia y se utiliza en pocas naciones, excepción hecha, claro está y como no podría ser de otra manera, en América del Sur. Región en la que se lo aplica en Uruguay, Bolivia, Colombia y nuestro país.

Muy brevemente, tal lo ya descripto en las publicaciones señaladas, digamos que al asumir el Gobierno Nacional Carlos Menem (1989), se envió un mensaje del PE al Congreso solicitando la derogación del antecesor del actual gravamen, en aquel entonces el impuesto sobre el patrimonio neto. Los justificativos de tal pedido se basaban en su escasa recaudación y las dificultades que ocasiona su administración. Poco más de un año después, y acercándose las elecciones de medio término de 1991, diputados del mismo partido político (PJ) que había propiciado su derogación comenzaron a propagandizar que los jubilados argentinos eran muy pobres y que los ricos no pagaban impuesto al patrimonio. Resultado: la instauración del actual impuesto sobre los bienes personales desde el año fiscal 1991.

Desde entonces, la aplicación de exenciones, su temporal derogación, el aumento de sus tasas, la duplicación de las mismas para bienes ubicados en el exterior, las peleas entre jurisdicciones nacional y locales por la valuación a otorgar a los inmuebles, son simplemente demostraciones de que, según el color del gobierno actuante, se aumentan tasas o disminuyen las mismas o se propicia la eliminación del tributo, etc. Mayor demostración del grado de politización existente podría intentarse, pero sería un abuso de la paciencia del amable lector.

1.2. La aplicación del impuesto sobre las acciones y participaciones societarias del país configura un impuesto oblicuo al capital

Desde hace más de dos décadas, existe el consabido artículo 25.1 de la ley, por medio del cual se designó responsable sustituto del ingreso del gravamen, que en realidad corresponde al tenedor de dichas participaciones, a las entidades emisoras de las acciones y cuotas sociales (de aquí en adelante mencionaremos solo acciones en aras de la simplificación).

Como es sabido, el tributo se aplica sobre el patrimonio neto de la entidad emisora a la tasa del 0,5%. Si el cierre del ejercicio no coincidiera con el 31/12, deben efectuarse ajustes en más o en menos ocurridos a dicho patrimonio para arribar a una expresión al cierre del año calendario.

Accedé a nuestro micrositio exclusivo 'Reformas y medidas del Gobierno', donde encontrarás detalladas toda la información ordenada y sistematizada

Entrá desde acá

El gravamen debe ser abonado por la entidad emisora, la que tiene derecho a resarcirse del mismo de parte de sus accionistas e inversores.

Lamentablemente, el organismo recaudador nunca informa cuánto de lo ingresado a las arcas fiscales corresponde a esta sección del gravamen y cuánto al que abonan los contribuyentes directos personas humanas y sucesiones indivisas. Cálculos que ya tienen varios años, señalaban que la mitad de dicha recaudación o aun un porcentaje mayor es el que proporciona dicha sección del impuesto.

¿Por qué es tan importante conocer esta información?

Porque si bien el gravamen al patrimonio de las personas humanas no sería trasladable, el que recae sobre el capital de las empresas bien podría serlo.

Recuérdese que la traslación, cuando no es de tipo legal como la del IVA, depende de las condiciones de mercado. En un mercado de competencia perfecta no habría traslación. Pero si como sucede en la gran mayoría de los mencionados mercados prevalecen los oligopolios parciales, la posibilidad de su traslación vía aumento de los precios de los bienes o servicios transados por parte de la empresa percutida a otros contribuyentes, básicamente consumidores finales que sufren ese posible aumento de precios, es decir, contribuyentes incididos por la susodicha traslación, convertiría el denominado tributo progresivo en regresivo, dado su castigo vía precios a los consumidores.

Esta crítica no es novedosa. Recuérdese que en nuestro país se aplicó durante cuarenta años un impuesto sobre el capital de las empresas (con distintas denominaciones) desde 1951 hasta 1989.

Por aquellos años, era muy conocida la crítica del eminente tributarista Dino Jarach, quien condenaba el impuesto como indirecto y regresivo por sus altas posibilidades de traslación.

En consecuencia, puede afirmarse que en relación con este aspecto del actual impuesto sobre los bienes personales, las características mencionadas se reproducen claramente, por lo que no es descartable considerar sus efectos nocivos y la flagrante alteración de los principios de equidad y redistribución que le atribuyen sus apologistas.

Además:

1.3. La importancia de la recaudación del tributo
II - Los cambios introducidos por la Ley de Medidas Fiscales Paliativas
y Relevantes en la determinación e ingreso del ISBP
2.1. Efectos retrospectivos
2.2. Efectos prospectivos
2.2.1. ISBP nuevo modelo
2.2.2. Régimen Especial de Ingreso del ISBP (REIBP)
2.2.2.1. REIBP y blanqueo
2.2.2.2. El pago del impuesto REIBP
2.2.2.3. Beneficios de adherir al REIBP
2.2.2.4. Norma antiabuso
2.2.2.5. Reflexiones finales sobre el REIBP

Este artículo forma parte de la publicación 'Doctrina Tributaria ERREPAR (DTE)', exclusivo para suscriptores de Errepar

También te puede interesar:

Ya está disponible nuestro micrositio exclusivo ganancias y bienes personales 2023

¿Cuáles son las reformas en bienes personales?