La Corte Suprema dejó sin efecto una sentencia que había declarado la inconstitucionalidad de las normas de la ANSES que crearon un registro de abogados y de gestores administrativos habilitados para actuar ante dicha dependencia.

El expediente 'Colegio de Abogados de Mar del Plata c/ ANSES y otro s/ amparo ley 16.986' se explicó que en la resolución 479/14, la demandada había creado un Registro de Abogados y Gestores Administrativos “habilitados para ejercer la representación de los titulares de derechos, o sus causahabientes por ante la ANSES”, a fin de tramitar prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino. También indicaba el plazo y documentación necesaria para efectivizar tal inscripción, con una duración de dos años, y posibilidad de renovación periódica.

Asimismo, había dispuesto que ante el incumplimiento a los deberes impuestos se facultará a articular los “procedimientos administrativos tendientes a producir la inhabilitación de su inscripción en el Registro de abogados y gestores administrativos”.

Fallo de Cámara y apelación

La Cámara Federal de Mar del Plata declaró la inconstitucionalidad de la mencionada norma, así como otras dictadas en consecuencia. Consideró que la obligación de matriculación de abogados y procuradores que litigan por ante su sede excede claramente la competencia del organismo demandado.

Disconforme con este pronunciamiento, la ANSES interpuso el recurso extraordinario. Indicó que la Cámara omitió explicar y fundamentar de qué manera excedió el ámbito de sus facultades delegadas por la ley 24.241.

Asimismo, agregó que no generó una nueva obligación de 'matriculación”, sino que solo pretendía crear un registro para el buen orden administrativo.

Dictamen de la procuradora fiscal

En su dictamen, la procuradora fiscal sostuvo que el recurso extraordinario era formalmente admisible pues se hallaba discutida la validez de normas federales y la decisión del tribunal superior de la causa había sido contraria al derecho que la apelante funda en ella.

Específicamente, remarcó que correspondía “establecer si esa repartición nacional puede exigir a los abogados que se inscriban en el registro ad hoc que tiene a su cargo, como condición para la realización de trámites ante sus dependencias (conf. arts. 10 y sgtes. resolución 479/14), o si, tal como sostiene la actora, tal conducta invade las facultades que le corresponden al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata”.

Para resolver el fondo del asunto, repasó el régimen jurídico de la ANSES en cuyo marco fue dictada la resolución impugnada, así como las normas referidas a la colegiatura local.

En ese último punto, hizo hincapié la ley 5177 de la provincia de Buenos Aires, que trata sobre el ejercicio y reglamentación de la profesión de abogado y procurador, la cual dispone los requisitos para ejercer la profesión de abogado en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

“Es claro que las atribuciones conferidas por el legislador provincial al colegio actor se encuentran circunscriptas a las cuestiones referidas a la matrícula local en cuanto a la actividad de abogados y procuradores en la provincia”, enfatizó.

Por el contrario, agregó que “la resolución 479/14 cuya declaración de inconstitucionalidad solicitada, alcanza a los colegiados bajo la ley provincial 5177 únicamente cuando tales sujetos realicen trámites ante la ANSES”.

Por este motivo, entendió que “la decisión de declarar la inconstitucionalidad de la norma cuestionada y de las otras dictadas en su consecuencia, resulta infundada, toda vez que la inscripción en el registro de la ANSES no significa matriculación alguna”.

Así, opinó que correspondía admitir el recurso extraordinario planteado por la ANSES y revocar la sentencia apelada.

La decisión de la Corte Suprema

A su turno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló los fundamentos del dictamen de la procuradora fiscal y consideró que no resultaban procedentes los cuestionamientos de la actora respecto de la resolución 479/14.

“La citada reglamentación constituye el ejercicio válido de atribuciones legislativas adoptadas a partir de consideraciones relacionadas con la oportunidad, mérito y conveniencia de los procedimientos que deben ser cumplidos en las sedes de ANSES para el normal ejercicio de sus facultades de administración del Sistema Único de la Seguridad Social”, añadieron.

Respecto del régimen disciplinario establecido en la citada resolución, enfatizaron que “las atribuciones que el precepto otorga a la ANSES -referidas al incumplimiento por parte de los abogados de los deberes establecidos en las normas que regulan su actividad en el ámbito de esa administración- se ajustan razonablemente a las facultades y atribuciones que la ley 17.040 y el art. 36 de la ley 24.241 le confieren al mencionado organismo”.

En tanto, el juez Horacio Rosatti compartió la decisión de sus pares y en su voto, en lo relativo a la compatibilización entre las atribuciones constitucionales de las provincias y de la Nación, remitió a sus argumentos desarrollados en la causa “Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos”.

La CSJN validó el registro de abogados para actuar y tramitar ante la ANSeS