La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió recientemente acerca de la determinación de la pena a aplicar en casos de delitos cometidos durante la minoría de edad.

En la causa “C., E. D. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, la Cámara de Apelación y Garantías había triplicado la pena originalmente impuesta a un menor de edad por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, en orden al delito de tentativa de homicidio. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos había desestimado el recurso interpuesto, y confirmado dicha condena.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la queja presentada por la defensa, dejó sin efecto la sentencia y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. Veremos a continuación los detalles del caso, y los fundamentos del Máximo Tribunal para resolver de ese modo.

El caso

El joven E. D. C. había sido condenado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de homicidio en grado de tentativa, aplicando la reducción facultativa de la escala penal en los términos del artículo 4 de la ley penal juvenil 22.278.

Apelada la decisión por la fiscalía, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata readecuó la pena, fijándola en 9 años de prisión. Para así resolver, valoró las distintas circunstancias agravantes, y consideró que la reducción de la escala penal en delitos cometidos por menores de edad a la de la tentativa “no es una obligación constitucional”, sino una facultad del juez otorgada por el legislador.

La defensa interpuso recurso de inaplicabilidad de ley, que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Contra esa decisión, dedujo el recurso extraordinario federal, cuyo rechazo originó la queja.

La decisión de la Corte y sus fundamentos

La Corte se abocó al tratamiento del agravio referido a la determinación de la pena, y explicó que la misma “además de compadecerse formalmente con la escala autorizada por la figura que reprime la conducta ilícita que se le reprocha al condenado, debe ser adecuadamente fundada de conformidad con las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal y, en el caso de los menores de edad, debe también tenerse en cuenta lo previsto en la ley 22.278”.

Además, recordó ciertas pautas de importancia sobre este tema:

La determinación de la pena no se trata de un mero cálculo matemático o una estimación dogmática; los aspectos objetivos del hecho y las calidades de su autor deben ser ponderados conjuntamente.

La reacción punitiva estatal debe ser inferior que la que correspondería, en iguales circunstancias, a un adulto.

En línea con el precedente “Maldonado” (que detallaremos más adelante), la pena impuesta por un delito cometido durante la minoría de edad debe atender, principalmente, a fines de resocialización.

Los tribunales, al graduar la pena, deben prestar especial atención en lo que respecta a su fundamentación.

El Máximo Tribunal concluyó entonces que la sentencia recurrida se basó en afirmaciones dogmáticas, y omitió considerar el precedente “Maldonado” invocado por la defensa, afectando de ese modo garantías constitucionales (art. 18 CN).

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El precedente “Maldonado”: su importancia

La Corte recuerda que casos como el presente deben resolverse siguiendo los lineamientos del precedente “Maldonado”. En aquel sostuvo que la pena impuesta a una persona por un delito cometido mientras era menor de edad, debe respetar el “mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención del Niño, ‘a la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad’ (art. 40, inc. 1°)” (considerando 22).

Además, como mencionáramos anteriormente, allí se afirmó que “la reacción punitiva estatal debe ser inferior que la que correspondería, a igualdad de circunstancias, respecto de un adulto” (considerando 40).

En aquel importante precedente, la Corte resolvió dejar sin efecto la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Casación Penal que, modificando la del tribunal oral, impuso a un joven que tenía 16 años a la fecha del hecho la pena de prisión perpetua; sin explicar por qué la pena sustituida resultaba insuficiente, ni cómo era posible promover la reintegración social del condenado mediante la pena elegida.

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