La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió un caso clave que marca un precedente en materia de derechos humanos y penas privativas de libertad.

En el fallo 'Guerra, Sebastián Alejandro y otros s/ incidente de recurso extraordinario', en el que el acusado fue condenado a prisión perpetua, el Máximo Tribunal sostuvo la inconstitucionalidad de la pena perpetua que excluye la posibilidad de acceder a la libertad condicional.

El caso inició en 2012, tras el asesinato de la cabo de la Policía Federal María Luján Campilongo, de 34 años, perpetrado por Guerra, en ocasión de robo; hiriendo también a su novio, Diego Hernán Ghiglione, de 28 años, quien sobrevivió a los disparos de arma de fuego.

Aunque el Tribunal Oral de Menores N°2 lo condenó a prisión perpetua en noviembre de 2014, la defensa alegó que esta pena vulneraba principios fundamentales como el mandato de resocialización y la prohibición de penas crueles e inhumanas.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró inconstitucional el artículo 14 del Código Penal, inc. 1° del Código Penal, en cuanto establece que los condenados por alguno de los delitos previstos en el art. 80 del Código Penal no pueden acceder a la libertad condicional. La Cámara consideró que la pena perpetua sin esperanza de liberación contradice la dignidad humana y el derecho a la rehabilitación.

Los argumentos del tribunal superior

Tras el recurso extraordinario federal presentado por la Fiscalía, la Corte Suprema rechazó el recurso por estar “mal concedido”, dado que, según los magistrados, no refutó los fundamentos de la sentencia de Casación en términos que satisfagan el requisito de fundamentación autónoma (artículo 15 de la ley 48), que supone que el escrito debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en los que se apoya el tribunal apelado, de manera concreta y razonada.

El Máximo Tribunal también aclaró que en el caso “no se encuentra discutida la validez constitucional de la pena de prisión perpetua”. Lo que la recurrente alega, explicó, es la inexistencia de un agravio concreto y actual para el condenado, que justifique la declaración de inconstitucionalidad.

El fallo destacó la necesidad de asegurar que toda pena perpetua incluya una posibilidad razonable de liberación, en línea con la jurisprudencia internacional.

Asimismo, se remarcó que los condenados deben ser informados, desde el inicio, sobre las condiciones y plazos para una eventual revisión de su condena, ya que la falta de claridad afecta directamente su tratamiento penitenciario y su proceso de reinserción social. Además, se enfatizó que un sistema que elimine por completo la posibilidad de esperanza contradice el propósito esencial de las penas como herramientas de rehabilitación y reintegración.

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