La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la decisión de Cámara que declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del decreto de necesidad y urgencia 157/2018, en cuanto derogó la disposición de la Ley de Honorarios 27423 según la cual, en las causas de seguridad social, las costas se impondrán según el principio general del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con excepción de aquellos procesos donde los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resulten vencidos, en cuyo caso, se fijarán en el orden causado.

Al expedirse en la causa “Morales, Blanca Azucena c/ANSeS s/impugnación de acto administrativo”, el Máximo Tribunal -adhiriendo al dictamen del Procurador Fiscal- concluyó que no existía razón suficiente para modificar una ley mediante un decreto de necesidad y urgencia, obviando el procedimiento legislativo ordinario.

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Las normas sobre distribución de las costas en materia previsional

En primer lugar, la ley 24463 (sancionada en el año 1995) dispuso en su artículo 21 respecto de los procedimientos de impugnación judicial de los actos administrativos de la Administración Nacional de Seguridad Social, que 'En todos los casos las costas serán por su orden''.

Luego, la ley 27423 (sancionada el 22 de diciembre del 2017) estableció en su artículo 36 que “En las causas de seguridad social los honorarios se regularán sobre el monto de las prestaciones debidas. Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado”. Cabe recordar, que el artículo 68 del CPCCN establece como principio general que las costas se impondrán a la parte vencida en el juicio.

Es decir que, al sancionarse el artículo 36 de la ley 27423, se estableció un nuevo criterio respecto del modo de distribución de las costas en los procesos previsionales, con el objeto de brindar mayor protección a los beneficiarios del sistema de seguridad social.

Por último, a través del artículo 3 del decreto de necesidad y urgencia 157/2018, el Poder Ejecutivo Nacional derogó las modificaciones introducidas por el artículo 36 de la ley 27423, invocando como fundamento la posibilidad de que se genere un conflicto interpretativo sobre el ámbito de aplicación de las dos normas anteriormente mencionadas.

La sentencia de Cámara

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó la sentencia de grado que hizo lugar al beneficio de pensión solicitado por la actora. A su vez, revocó la imposición de costas por su orden y dispuso que, conforme lo previsto en el artículo 36 de la ley 27423, tanto las costas de primera instancia como las de la alzada debían ser impuestas a la parte demandada, por haber resultado vencida.

Además, declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del decreto de necesidad y urgencia 157/2018, en cuanto derogó el artículo 36 de la ley de honorarios, por considerar que no se hallaba acreditada la imposibilidad de seguir el procedimiento normal para la sanción de las leyes invocada en esa norma.

La decisión de la CSJN

Las costas de primera instancia

En cuanto a la revisión de oficio que efectuó la Cámara sobre las costas de primera instancia, la Corte –compartiendo los fundamentos del Procurador- concluyó que la Alzada incurrió en una “reformatio in peius”, ya que modificó la condena en un punto que se encontraba firme, pues no mediaba agravio alguno referido a ello. Por lo tanto, entendió que la sentencia debía ser revocada en ese aspecto.

Asimismo, estimó que el juez de grado había efectuado una correcta aplicación de la norma vigente al momento de resolver, es decir, del artículo 21 de la ley 24463, pues todavía no regían las modificaciones introducidas por el artículo 36 de la ley 27423.

Las costas de segunda instancia

El Máximo Tribunal resolvió que la norma que rige las costas de segunda instancia en el caso es el artículo 36 de la ley 27423, pues, al momento de la sentencia, el artículo 21 de la ley 24463 se encontraba derogado.

Por otra parte, consideró que no se demostró la existencia de una situación de tal gravedad o urgencia que impidiera seguir el trámite ordinario de sanción de leyes para debatir la reforma instrumentada mediante el artículo 3 del decreto de necesidad y urgencia 157/2018.

La Corte tuvo en cuenta que el decreto en cuestión fue dictado cuando había sido recientemente sancionada la ley 27423, promulgada por el Poder Ejecutivo sin formular observación alguna con respecto al artículo 36.

Por otra parte, entendió que la mera invocación de un eventual 'conflicto interpretativo' como único fundamento del artículo 3 del DNU 157/2018 no resultaba suficiente para demostrar que el cambio legislativo allí establecido no podía ser implementado por los cauces ordinarios previstos constitucionalmente.

Por estos motivos, declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 del decreto de necesidad y urgencia 157/2018, por no verificarse la existencia de circunstancias excepcionales exigida por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional para su validez; y, por ende, reafirmó la plena vigencia del artículo 36 de la ley 27423.

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