El Juzgado Contencioso Administrativo Federal n. 4 rechazó el dictado de una medida cautelar solicitado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que suspenda la aplicación de las nuevas normativas en materia de lavado de activos, que obliga a los letrados a reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) determinadas actividades vinculadas a sus clientes.

En el caso “Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ EN-LEY 27739 DTO 278/24 s/ Amparo Ley 16.986”, la actora cuestionó al art. 14 de la Ley 27.739, el decreto 278/2024; así como también de las Resoluciones 47 /2024 y 56/2024 de la Unidad de Información Financiera (UIF), que obliga a los abogados a reportar determinadas actividades vinculadas a sus clientes.

Entre otros puntos, se quejó porque “el abogado no puede ser obligado a violar la relación de confidencialidad denunciando a su propio cliente” y remarcó que “obligar a investigar a sus propios clientes, establecer el origen de los fondos, las finalidades que se persiguen y eventualmente denunciarlos importa una violación grosera al deber de confidencialidad que afecta directamente a la defensa en juicio e, incluso, puede hacer incurrir a los letrados en responsabilidades penales”.

Mientras se tramita la acción de amparo, en la que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos, así como de un decreto y de las resoluciones de la UIF ya mencionadas, pidió el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación de las mismas.

Para seguir leyendo:

Lavado de activos de origen ilícito: primeras aproximaciones a la Ley 27739

La resolución judicial

Al analizar el expediente, la jueza Rita María Ailan explicó que “para acceder a cualquier medida precautoria debe evidenciarse fehacientemente el peligro en la demora que la justifique, el cual debe ser juzgado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros, presupuesto que resulta aún más exigible cuando -como en el caso de autos- se cuestiona la legitimidad de actos administrativos”.

“Si bien el proceso cautelar se satisface con una sumaria cognitio porque es propio de su naturaleza la verosimilitud y no la certeza, no es menos cierto que, además de las circunstancias del caso, debe mediar una solicitud seria que haga suponer “prima facie” la existencia de un derecho garantizado legalmente y un interés jurídico que justifique el dictado de la medida cautelar de que se trate (peligro en la demora)”, añadió.

Y agregó que “cuando la cautelar se intenta respecto de la actividad de entidades públicas, es necesario que se acredite prima facie, y sin que esto suponga un prejuzgamiento de la solución de fondo, la arbitrariedad del acto recurrido, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible”.

Presunción de legitimidad

La magistrada destacó que “los actos emanados de la Administración gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual, en principio, ni los recursos administrativos, ni las acciones judiciales mediante las cuales se discuta su validez suspenden la ejecución del acto cuestionado”.

“Es requisito fundamental para admitir la pertinencia de medidas cautelares contra actos administrativos, la comprobación de su manifiesta ilegalidad o arbitrariedad, pues sólo concurriendo dicha circunstancia resulta susceptible de ser enervada la mentada presunción de legitimidad”, enfatizó.

“La precautoria solicitada se encuentra prevista en el artículo 230 del CPCCN, que exige para el dictado de la medida de no innovar, los recaudos expuestos precedentemente y la alegación de una arbitrariedad –entendida como concepto amplio– que autorice la intromisión del juez en el marco de facultades regladas de la Administración. Debiendo agregarse, que la Ley N° 26.854 ha precisado los alcances de los citados requisitos en su artículo 13, para los casos como el de autos”, añadió la magistrada.

Allí, se explicita que los perjuicios invocados han de ser graves, de imposible reparación ulterior y que la verosimilitud indicada precedentemente debe vincularse, tanto con el derecho invocado como con la ilegitimidad argumentada, respecto de la cual deben existir indicios serios y graves al respecto.

En este caso, la magistrada sostuvo que “el estudio de lo solicitado por la entidad actora requeriría avanzar sobre cuestiones, que, por la naturaleza misma del proceso de amparo, se encuentran reservadas para la sentencia definitiva”.

Por ello, consideró que la medida cautelar peticionada no satisface el requisito de admisibilidad establecido en el art. 3, inc. 4 de la Ley 26.854 (“Las medidas cautelares no podrán coincidir con el fondo de la demanda principal”).

Si se dictase una medida cautelar, la jueza entendió que el proceso quedaría vacío de contenido al satisfacerse por medio de aquella, el objeto de la pretensión de fondo.

Antecedentes

A finales de marzo, el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Decreto 278/2024, actualizó el decreto 918/2012, que reglamenta la Ley 26.734 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y que establece el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con el objetivo de fortalecer el marco normativo e institucional en la materia.

En ese momento también se publicó la Resolución 48/2024 de la UIF, que regula el alcance de las obligaciones en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (“PLAFTyFP”) para los Abogados, en línea con la modificación introducida por intermedio de la Ley 27.739 a la Ley 25.246.

Hasta esa fecha, estaban obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado los contadores, escribanos, los bancos y otros profesionales y la resolución incluyó a los abogados, lo que generó el rechazo inmediato del CPACF, que consideró inconstitucional a la nueva norma.

La nueva ley antilavado fue sancionada en el Senado el 14 de marzo. Esta nueva ley incorpora a los abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, tal como rige para contadores, escribanos y otros profesionales.

Según la normativa, los abogados contemplados como Sujetos Obligados en el inciso 17 del artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias, deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de avado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

En abril, la acción fue admitida como un proceso colectivo y la jueza ordenó al Registro de Procesos Colectivos que informe si existe un proceso en trámite inscripto que guarde semejanza sustancial.

Para la magistrada debía admitirse el proceso como colectivo porque se verificaba “una causa fáctica común” porque la pretensión estaba enfocada en los aspectos colectivos de los efectos del hecho “único y continuado” y no aparecía justificado el ejercicio individual.

Ahora resta esperar que se dicte la resolución sobre la acción de amparo colectivo.

También te puede interesar:

CPACF: la justicia rechaza suspender la obligación de los abogados de informar ante la UIF