La economía argentina está atravesando una situación crítica en su frente externo. Durante el primer trimestre del año, el gobierno ha perdido una cantidad récord de reservas debido a su intervención en el mercado, y el panorama futuro no parece muy alentador, especialmente por la sequía que está afectando a la cosecha gruesa.

Ante esta coyuntura, el gobierno se ha visto obligado a relanzar el dólar soja, mientras que el acuerdo con el FMI se encuentra cada vez más desdibujado debido a su flexibilización de la meta de acumulación de reservas netas.

Al repasar brevemente los números, la dinámica de las reservas es muy preocupante. En marzo, el BCRA perdió US$ 1.915 millones por su intervención en el MULC, lo que representa uno de los peores resultados en términos estadísticos. El trimestre cerró con una disminución de casi US$ 3.000 millones, la cifra más alta desde 2003.

En cuanto a las reservas netas, se ubicaron cerca de los US$ 2.500 millones, muy por debajo de la meta establecida por el FMI en el acuerdo, que rondaba los US$ 7.500 millones. Si se toma una mirada de largo plazo, las reservas netas (descontando DEGs y oro, entre otras definiciones) están en un mínimo histórico.

Para revertir esta situación, el gobierno ha relanzado una nueva ronda del dólar soja con el objetivo de lograr que se liquiden US$ 15.000 millones en los próximos meses. Según trascendidos, se trataría de un tipo de cambio de $/US$ 300, y se ampliaría el listado de productos alcanzados por la medida.

Es importante destacar que este tipo de cambio diferencial no representa una mejora sustancial en relación a los anteriores esquemas. Si bien es cierto que implica un aumento del 40,7% respecto al dólar mayorista actual, el dólar soja 1, que tenía una cotización de $/US$ 200, equivaldría hoy a una cotización de $/US$ 290, mientras que el dólar soja 2, que tenía un valor nominal de $/US$ 230, equivaldría a $/US$ 284 a precios actuales.

El nuevo programa incluirá también otros bienes además de la soja, de sectores con un volumen de exportaciones máximo de US$ 3.700 millones según nuestras estimaciones, por lo que la liquidación durante 2023 no puede estar muy por encima de ese valor.

Es decir, este programa apunta a maximizar la liquidación del sector agropecuario, evitando una devaluación del tipo de cambio a corto plazo.

Ante este contexto, el FMI ha emitido un comunicado donde confirma el cumplimiento de las metas del cuarto trimestre de 2022, y anuncia una revisión de la meta de reservas internacionales para este año que igual no se cumplirán.

La meta de reservas por ejemplo si bien se redujo en unos US$ 3.000 millones, se incumplirá por otros US$ 2.000 millones. La meta anual de reservas se reduciría en otros US$ 2000 millones, según anunció el propio FMI.

Pero los números presentados son cuestionables. La reducción de la meta anual en US$ 2.000 millones no tiene mucho sentido si se considera que la sequía puede reducir las exportaciones en US$ 15.000 o US$ 20.000 millones.

Además, el Fondo Monetario Internacional ha dejado claro que es importante cumplir con la pauta fiscal del 1,9% del PIB a nivel primario. Esto implica trabajar en la focalización de los subsidios y mitigar el costo fiscal de la nueva moratoria. El FMI también ha desaprobado el uso de instrumentos de deuda para intervenir en las cotizaciones financieras.

En general, el acuerdo con el FMI parece irrelevante para el seguimiento de la macroeconomía. Es poco probable que un gobierno debilitado se apegue a las exigencias del Fondo cuando sabe que no tendrá que rendir cuentas sobre lo realizado.

En general, se puede afirmar que el acuerdo con el FMI ha perdido su relevancia y es poco efectivo para supervisar la macroeconomía. Las metas establecidas para el año 2022 se lograron de manera difícil, gracias a algunos trucos contables y a la interpretación flexible del Fondo, que aprobó ciertos waivers relacionados con la distorsión del mercado cambiario.

Por lo tanto, no hay razón para creer que la situación será diferente este año. Además, hay que tener en cuenta que el año terminará con un nuevo gobierno en el poder, lo que cambiará completamente los incentivos y las prioridades del gobierno. Es poco probable que un gobierno tan debilitado como el actual cumpla con las exigencias del Fondo, ya que sabe que no tendrá que rendir cuentas por sus acciones.

El objetivo por ahora es llegar a las elecciones y el programa “dólar soja” casi que lo explicita. Porque, por más dólar que se le ofrezca a los exportadores, no va a haber más exportaciones, siendo que eso ya está determinado por el clima.

Lo único que hace el programa es tratar de que toda la liquidación del agro se liquide entre abril y septiembre, justo para entrar en las elecciones.

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