La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la legalidad de la extinción de un contrato de trabajo de mutuo acuerdo por escritura pública que había sido realizado sin un abogado que represente los intereses del trabajador.

Para el máximo tribunal, no es necesaria la homologación ante la autoridad administrativa o judicial de un acuerdo de extinción de relación laboral formalizado en escritura pública ante un escribano, en los términos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). La Corte remarcó que esta norma solo establecía dicha exigencia para los supuestos de acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios cuando se realizaran con intervención de la autoridad judicial o administrativa.

A través de un pronunciamiento dividido, la mayoría de la Corte Suprema (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda) entendió que al no acreditarse ningún vicio en la voluntad del trabajador, no había motivos para restarle validez al acto que se cumplió conforme la letra de la normativa que lo sustenta. Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti votaron en contra de que la queja prospere.

El mencionado artículo el 241 prevé que 'las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente'.

Hay que tener en cuenta que desde hace casi dos décadas cambió la tendencia jurisprudencial en este tema y comenzó a judicializarse la finalización del contrato de trabajo por mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador efectuada a través de una escritura pública.

En esos casos, el escribano da fe de la libre voluntad de las partes para la firma de dicho acuerdo y no requiere la intervención de un letrado por parte de la parte trabajadora. En diversos precedentes, los tribunales consideraron que había vicios en la voluntad del trabajador por no tener una asistencia letrada que le explique los alcances del acuerdo que estaba suscribiendo.

Luego, con el paso del tiempo, aun con presencia de abogado y sin haber acreditado el vicio de la voluntad, los tribunales anularon este tipo de acuerdos sobre la finalización del vínculo laboral. Esto provocó que esa modalidad comience a ser poco utilizada.

En el expediente “Ocampo, Alessio Matías Yair c/ BGH S.A. s/ despido”, la sentencia de la sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había establecido que el acuerdo firmado ante escribano y sin la presencia de un abogado que patrocine o represente al trabajador no le era oponible a este.

Así, había confirmado la sentencia de primera instancia que hizo lugar al reclamo de indemnizaciones por despido promovido por el trabajador con posterioridad a la extinción de su contrato por 'mutuo acuerdo' en los términos del mencionado artículo 241.

Para así decidir, se consideró que, más allá de que no se había probado la existencia de los vicios de la voluntad denunciados por el actor, debía de todos modos restarse valor al aludido acuerdo porque no había contado con intervención de autoridad judicial o administrativa, ni mediado una resolución fundada que demostrase la 'justa composición de los derechos e intereses de las partes' que exige el artículo 15 de la LCT.

Contra tal pronunciamiento de la Cámara, la demandada dedujo recurso extraordinario y afirmó que existía arbitrariedad en el fallo, con sustento en que se supeditó la validez de lo pactado a la homologación por parte de la autoridad administrativa o judicial, cuando tal requisito no está establecido en el artículo 241 de la LCT, norma que expresamente prevé la posibilidad de que la extinción contractual se produzca 'mediante escritura pública'.

Añadió que la necesidad de homologación solo es requerida por el artículo 15 de la LCT para los 'acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios'.

Para la mayoría, la sentencia apelada se apoya en meras consideraciones dogmáticas y prescinde de dar un tratamiento adecuado a la controversia de conformidad con las normas aplicables.

“En el caso bajo examen, no se discute que el trabajador en forma personal, y la empleadora, mediante su representante legal, celebraron un acuerdo de extinción de la relación laboral ante un escribano público, en los términos del aludido artículo. De ahí que no constituya derivación razonada del derecho vigente la exigencia de la homologación administrativa o judicial de lo convenido, toda vez que ese requisito no se encuentra contemplado en la norma. La LCT solo establece dicha exigencia para los supuestos de 'acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios...cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa'', explicó el voto de la mayoría.

Así, consideró que la decisión apelada debía ser descalificada con sustento en la conocida doctrina sobre arbitrariedad de sentencias.

En el artículo “La extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo”, publicado en Erreius on line, Laura V. Neiner destacó que “La LCT en su artículo 241 estableció la posibilidad de que las partes contratantes -trabajador y empleador- puedan extinguir por mutuo acuerdo el contrato que los vincula, pero para que ello tenga validez y se garantice la legitimidad de la voluntad rescisoria, impuso que la formalización del acto se realice siempre en presencia de las partes y por escrito” mediante algunos supuestos, entre ellos, la escritura pública.

“El legislador estableció esos requisitos para impedir maniobras abusivas o fraudulentas del empleador hacia el trabajador, a través de la intervención de un tercero (escribano, juez o conciliador) que dé fe de lo estipulado”, agregó.

Se requiere la voluntad extintiva de ambas partes. Esa voluntad puede manifestarse de forma expresa, ante el tercero que de alguna manera fiscaliza, o de forma tácita, cuando las conductas asumidas por las partes indican dar por finalizado el vínculo.

“En mi opinión, resulta conveniente distinguir supuestos, ya que para el caso de extinción por mutuo acuerdo efectuada por escritura pública, Autoridad Judicial o Autoridad Administrativa del Trabajo, entiendo que la forma exigida es 'ad solemnitatem', porque las formalidades son requeridas por la ley bajo pena de nulidad”, enfatizó.

“A los efectos de evitar despidos encubiertos, fraude o vicios del consentimiento al momento de formalizarse el acto, considero que además de la necesaria presencia del trabajador la norma debería incluir -en una futura reforma legislativa- la asistencia profesional particular o gremial del empleado, como requisito obligatorio para la validez del acto”, agregó.

Y remarcó: “Si la obligatoriedad de la asistencia letrada en este tipo de extinción se establecería para cualquiera de las formas elegidas para dar fin a la relación (escritura pública, autoridad judicial o autoridad administrativa del trabajo), se le brindaría al trabajador la suficiente garantía para que tenga pleno conocimiento de los alcances del acto que está celebrando.

De esta manera -reforma legislativa mediante-, se otorgaría mayor seguridad jurídica y certeza al acto, obligando a que el trabajador deba ser asistido por patrocinio letrado particular o gremial, cuando la extinción se produzca por mutuo acuerdo.

En definitiva, la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo es válida y eficaz en tanto se respeten los requisitos formales enunciados y no se avasalle el orden público laboral y el principio protectorio, solo así se dará protección efectiva al trabajador para evitar que se consumen maniobras fraudulentas que culminen con despidos incausados encubiertos'.

Accedé al texto completo del fallo 'Ocampo, Alessio Matías Yair c/ BGH S.A. s/despido' - Corte Sup. Just. Nac.- 10/09/2020

La Corte Suprema valida la extinción de contratos de trabajo por escritura pública