La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había fijado el monto de la indemnización a valores actuales y resolvió no aplicar la tasa activa de interés del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha en que se produjo el perjuicio hasta el momento del efectivo pago.

En el caso “Barrientos, Gabriela Alexandra y otros c/ Ocorso, Damián y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)”, el máximo tribunal distinguió entre las obligaciones de dar dinero y las obligaciones en las que la deuda consiste en un cierto valor. Asimismo, advirtió sobre el 'sobredimensionamiento' de los montos involucrados.

El 24 de febrero de 2008 se produjo un accidente de tránsito en el que falleció una persona. Su viuda e hijos demandaron y obtuvieron una indemnización por los daños y perjuicios. La condena se hizo extensiva a la aseguradora, que apeló.

La sala C de la Cámara Civil fijó el monto de la indemnización a valores actuales y, sobre ellos, dispuso aplicar una tasa de actualización (la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina), desde la fecha en que se produjo el perjuicio hasta el momento del efectivo pago, con excepción de los gastos futuros (tratamiento psicológico). Para ello, se basó en el plenario 'Samudio' y en el art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La liquidación presentada por la actora en junio de 2020 surgía que el cálculo de intereses sobre el capital de $3.033.000 determinaba un monto total del crédito de $12.346.714, importe que cuadruplica su valor original.

Aun sin considerar el rubro por tratamiento psicológico, sobre el que se ordenó computar intereses a partir del dictado de la sentencia y no del hecho, se mantuvo esa misma proporción en la sentencia: el capital de $2.853.000 ascendió con intereses a $ 12.042.668.

Contra esta decisión, la aseguradora citada en garantía planteó un recurso extraordinario que, tras ser denegado, motivó la interposición de una queja ante el máximo tribunal.

La recurrente consideró que se trató de una decisión arbitraria, por considerar que la Cámara se excedió la razonable discreción de los jueces para fijar montos indemnizatorios, agraviándose también de la tasa de interés que se ordenó aplicar sobre el capital de condena.

El fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, cada uno con un voto propio, hizo lugar a la queja de la aseguradora, dejó sin efecto la sentencia apelada y ordenó el dictado de una nueva.

Si bien, para el máximo tribunal, el agravio relativo a la tasa de interés remitía al examen de cuestiones de hecho y de derecho común, ajena a su competencia de la Corte, correspondía hacer una excepción a dicha regla, porque se alegaba un serio menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de defensa en juicio, y se arribaba a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica existente al momento del pronunciamiento.

Así, el voto del juez Horacio Rosatti, al que adhirieron los otros magistrados con sus fundamentos, distinguió entre las obligaciones de dar dinero, en las que el deudor debe una cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de su constitución, y las obligaciones en las que la deuda consiste en un cierto valor.

En las obligaciones dinerarias, el deudor debe una cierta cantidad de moneda, determinada o determinable al momento de su constitución (art. 765, Código Civil y Comercial de la Nación). Esto es lo que la diferencia de aquellas en las que la deuda consiste en un cierto valor (art. 772 del mismo código).

De esta manera, sostiene que “una deuda de valor no sufre deterioro inflacionario -porque no es dinero-, sólo una vez que es cuantificado puede hablarse de desvalorización, ya que es recién a partir de ese momento que se les aplica el régimen de las obligaciones de dar dinero”.

Si bien puntualizó que la deuda de reparación de daños genera intereses desde que se produce el perjuicio, se establece que la tasa de interés para calcularlos debe ser la tasa pura desde el momento del daño hasta su cuantificación en dinero.

Esto se debe a que la tasa a aplicar no debe contemplar parámetros de actualización, para no conceder un enriquecimiento injustificado al acreedor. Recién una vez que el valor del daño resarcible se expresa en dinero, es admisible la utilización de una tasa de interés compuesta, es decir, que contemple entre sus componentes a la depreciación monetaria.

Con el cálculo hecho por la Cámara, el demandado abonaría cuatro veces del valor reclamado, razón por lo cual carecía de fundamento aplicar una tasa de interés con componentes que no guardan relación con la retribución por la privación del capital adeudado desde el momento del hecho hasta la sentencia que fijó la condena, según los valores acordes con el contexto económico en el que fue dictada.

Los votos del resto de los jueces

Voto del juez Rosenkrantz

En su voto, Carlos Rosenkrantz agregó que “el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar el retardo imputable al deudor en el pago de una deuda; en el caso, sería la indemnización del daño sufrido por los actores por la demora en percibir la indemnización de los daños derivados del accidente por los que el demandado resultó condenado en la sentencia”.

“Fijada la indemnización a ‘valores actuales’, carece de fundamento aplicar una tasa de interés con componentes que no guardan relación con la retribución por la privación del capital adeudado desde el momento del hecho hasta la sentencia que fijó la condena según los valores acordes con el contexto económico en el que fue dictada”, añadió.

Voto del juez Maqueda

Juan Carlos Maqueda señaló que “no se tuvo en cuenta que la aplicación de la tasa de interés activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el momento del hecho, sobre las obligaciones cuyo monto de condena se ha determinado a valores actuales, genera un importe que carece de proporción y razonabilidad e importa un apartamiento palmario de la realidad económica imperante al momento del dictado de la sentencia”.

Voto del juez Lorenzetti

Ricardo Lorenzetti señaló que “el valor no sufre deterioro inflacionario porque no es dinero” y que “una vez que es cuantificado en dinero, entonces, puede considerarse desvalorización porque, recién a partir de ese momento se le aplica el régimen de las obligaciones de dar dinero”.

En tal sentido, agregó que “estas reglas simples y claras que están en el Código Civil y Comercial de la Nación, son las que resuelven la situación planteada en este caso, ya que el crédito a la reparación de daños causa una obligación de valor, que se cuantifica en dinero al momento en que la sentencia lo determina”.

El fallo de la Corte Suprema

Los votos del resto de los jueces

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