La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, a través de la resolución general 22/20215 , actualizó el marco regulatorio para sociedades constituidas en el extranjero que quieran invertir y operar en la provincia, en consonancia con las normas sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En este sentido, se modificó la resolución general 3/2023 estableciendo un criterio restrictivo en la evaluación del cumplimiento de los requisitos para sociedades provenientes de países, dominios o regímenes tributarios especiales que se consideren no cooperadores en materia de transparencia fiscal o no colaboradores en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Principales modificaciones

La norma mantiene la exigencia de acreditar que no existen prohibiciones o restricciones para que la sociedad extranjera desarrolle en su país de origen todas sus actividades o la principal o principales de ellas.

Sin embargo, elimina la obligación de demostrar que su objeto se cumple en jurisdicción extranjera. En la antigua redacción de la resolución general 3/2023, dicha circunstancia se podía demostrar con la existencia de una o más agencias, sucursales o representaciones vigentes en jurisdicciones extranjeras, o la participación en otras sociedades fuera de la República Argentina, o la titularidad de activos fijos no corrientes en el exterior.

Jurisdicciones de Riesgo

La norma cambia el artículo 127 de la antigua resolución general 3/2023, que fijaba una dispensa para aquellos casos de notoriedad y conocimiento público de que la sociedad desarrolla en el exterior efectiva actividad empresarial económicamente significativa y que el centro de dirección de la misma se localizaba también allí.

De esta forma, el nuevo artículo 127 dispone que el organismo apreciará con criterio restrictivo el cumplimiento de los requisitos por parte de sociedades que estén constituidas, registradas o incorporadas en países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios especiales, considerados no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal y/o categorizados como no colaboradores en la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El 'criterio restrictivo de apreciación' al que hace alusión la norma regirá sobre las solicitudes de empresas constituidas o registradas en países o jurisdicciones que sean consideradas:

No cooperantes en materia tributaria según los listados de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP) o el Poder Ejecutivo Nacional.
De Alto Riesgo ('Lista Negra') o Bajo Monitoreo Intensificado ('Lista Gris') por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Para estas empresas, el organismo podrá solicitar documentación complementaria para asegurar el cumplimiento de las normativas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

La resolución subraya que el fomento de la inversión extranjera no excluye los controles de los Registros Públicos ni debe ser un obstáculo para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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