Por: Guillermo Benedetto

En marzo de 2024 la Corte Suprema fue categórica: sin fines de lucro no hay ingresos brutos. Sin embargo, 23 de las 24 jurisdicciones del país siguen gravando a las cooperativas, incluida Entre Ríos, que lo hace en abierta contradicción con su propia Constitución provincial.

A los efectos de introducir al lector en una temática específica y compleja, consideré prudente y didáctico estructurar este análisis en nueve puntos claves, entendiendo que esta forma no solo facilita la comprensión de los distintos aspectos jurídicos, normativos e institucionales del problema, sino que también permite dimensionar con mayor claridad la magnitud de la contradicción entre el marco legal vigente y la práctica tributaria actual en la mayoría de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

I - La Corte Suprema lo dejó claro: cuando no hay lucro, no hay impuesto; pero llegar hasta ahí no fue fácil

El fallo dictado en marzo de 2024 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Cooperativa Farmacéutica Alberdi Ltda. c/Municipalidad de Resistencia” (Fallos: 347:81) marcó un antes y un después, pues la Corte dijo, con todas las letras, que una cooperativa que no persigue fines de lucro no puede ser gravada con el impuesto a los ingresos brutos.

Pero lo que pocos saben es que ese pronunciamiento fue el resultado de un largo y complejo recorrido judicial, lleno de obstáculos procesales, pues la causa empezó en 2019, cuando la cooperativa chaqueña presentó una acción de amparo para frenar el cobro del impuesto. Sin embargo, durante varios años la discusión no fue sobre si la cooperativa debía pagar o no, sino sobre cuestiones de forma.

En 2021, la Corte rechazó la queja presentada porque, según los jueces, no se habían cumplido correctamente los requisitos para acceder a la instancia federal. En 2022, también desestimó el recurso de revocatoria, otra vez, por cuestiones meramente procesales. Durante ese tiempo, la Corte no entró a discutir lo más importante: si era justo o legal que una cooperativa sin fines de lucro pague un tributo pensado para actividades con ánimo de ganancia.

Recién en 2024, y luego de años de insistencia, el Máximo Tribunal finalmente trató el tema de fondo. ¿Qué dijo? Que no se puede aplicar el impuesto a los ingresos brutos a una cooperativa que no tiene fines de lucro. ¿Por qué? Porque hacerlo va en contra de la ley 23548 de coparticipación federal, que establece que este tributo solo puede recaer sobre actividades con fines lucrativos.

También señaló que las provincias no pueden modificar por su cuenta las reglas del juego tributario nacional, ni ampliar el hecho imponible con definiciones más extensas que las permitidas por la ley nacional.

El fallo “Alberdi” deja una enseñanza valiosa: tener razón no alcanza si no se persevera en hacerla valer, pues la cooperativa chaqueña debió atravesar años de litigios, rechazos formales y desgaste judicial hasta que finalmente se reconoció lo obvio: si no hay lucro, no hay impuesto.

Este precedente debería alentar a otras cooperativas y entidades de la economía social a defender sus derechos. No será fácil, pero la Corte ya dijo que la ley está de su lado.

Además:

II - ¿Qué dijo la Corte?

III - ¿Qué es una cooperativa y qué dice la Ley de Cooperativas?

IV - La contradicción normativa: cuando la Provincia grava lo que la Nación prohíbe

V - El instituto nacional de asociativimos y economía social (INAES) lo dijo claro: no corresponde gravar a las cooperativas

VI - Onerosidad y lucro: una diferencia esencial en el sistema tributario argentino

VII - El mapa normativo de las provincias

VIII - El caso Entre Ríos

IX - El deber impostergable: devolver coherencia al sistema tributario

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