Encuadre de la actividad de intermediación en el convenio multilateral

La actividad de intermediación por su esencia económica consiste en conectar la oferta de un determinado producto con su respectiva demanda. Y cuando se habla de este caso, se hace referencia a los vendedores, mientras que por la demanda se comprende a los compradores. En el caso de producto, se incluye tanto a los fines físicos como a los servicios.

Asimismo, la intermediación en el negocio de la compra venta de un bien físico o de un servicio, conecta la oferta con la demanda, siendo el intermediario ajeno a los alcances jurídicos de dicho contrato. Dichos en otros términos, la consecuencia directa de la intermediación es un contrato generador de derechos y obligaciones que afectan, por un lado, al vendedor y por otro lado, al comprador, pero siendo ajeno el intermediario. Por lo tanto, los riesgos empresariales del negocio no son asumidos de ningún modo por el intermediario que simplemente se limita a conectar la oferta con la demanda. Los riesgos empresariales del negocio derivado corren por cuenta del comprador y del vendedor.

De hecho, el intermediador se llevará por su labor una comisión que podrá estar a cargo del vendedor o del comprador, o de ambos. Más allá de lo señalado y si bien existe también un riesgo empresarial, este se ciñe aquellos aspectos jurídicos que hacen a la intermediación como conector de la oferta y la demanda. No obstante, esto no tiene nada que ver con el riesgo empresarial relacionado con el negocio de la compra venta derivado de la actividad de intermediación.

Por lo que quien realiza el enlace está prestando un servicio que podrá plasmarse de manera presencial o remota, pero que de ninguna manera implica que lleve a cabo el negocio principal de compra - venta de un bien físico o de un servicio, ya que esta operación la están llevando a cabo el vendedor y el comprador.

En cuanto al encuadre en el marco del Convenio Multilateral, hay que tener en consideración estas cuestiones:

1. Intermediación de bienes físicos: al respecto, esta el art. 11 del Convenio relativo a la actividad de intermediación. El mismo esboza que:

“En los casos de rematadores, comisionistas u otros intermediarios, que tengan su oficina central en una jurisdicción y rematen o intervengan en la venta o negociación de bienes situados en otra, tengan o no sucursales en ésta, la jurisdicción donde están radicados los bienes podrá gravar el 80% de los ingresos brutos originados por esas operaciones y la otra, el 20% restante”.

Bajo este régimen especial se ven 2 elementos esenciales:

Debe tratarse de sujetos cuya actividad debe ser la intermediación (rematadores, comisionistas o intermediarios)
Deben realizar esa actividad en varias jurisdicciones

En caso de no aplicarse los supuestos que exige el art. 11 del Convenio, resultará procedente el régimen general del art. 2 del referido cuerpo normativo.

2. Intermediación de servicios: en este caso, no existe un régimen especial en el marco del Convenio Multilateral, por lo que corresponde aplicar el régimen general relativo a los coeficientes unificados en base a los ingresos y gastos del último balance del año calendario inmediato anterior.

La intermediación bursátil en el convenio multilateral

En el marco de este acuerdo suscripto entre provincias, hay dos grandes regímenes para la distribución de los ingresos en las diferentes jurisdicciones: a) el régimen general y b) los regímenes especiales. Entre estos últimos, se encuentra el artículo 11 aplicable a la actividad de la intermediación.

Es preciso señalar que, en general, los intermediarios son aquellos sujetos, cuyo negocio consiste en unir a la oferta, y la demanda percibiendo por ello una retribución denominada comisión. Donde la venta que efectúan la realizan por cuenta y orden de un tercero que le ha encomendado esa tarea.

Bajo este régimen especial de Convenio se observan 2 elementos esenciales:

Debe tratarse de sujetos cuya actividad debe ser la intermediación (rematadores, comisionistas o intermediarios)
Deben realizar esa actividad en varias jurisdicciones

Ahora bien, la intermediación se puede dar en relación a dos tipos de productos:

a) Bienes físicos

b) Servicios

Sin embargo, el régimen especial se refiere exclusivamente a la intermediación de bienes, por lo cual, queda descartada dentro de su encuadre a la actividad de intermediación de servicios la cual tendrá el tratamiento del régimen general del Convenio Multilateral (en adelante, CM), o sea, el artículo 2. Esto quedó plasmado, entre otras causas, en el caso “Cooperativa Agropecuaria General Paz de Marcos Juárez Limitada c/ Provincia de Santa Fe” – Resolución (CA) N° 49/2009.

Por otra parte, en la causa “Intagro SA (y su responsable solidario) c/ Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, R (CA) N° 7/2023, de la Comisión Arbitral- se discutió, entre otras cuestiones, como atribuir los ingresos por comisiones de operaciones de intermediación del Mercado a Término (contratos o instrumentos derivados); y donde la Comisión resolvió que el régimen especial no resulta de aplicación en el supuesto de la intermediación de servicios, derechos o bienes inmateriales. Y más tarde el criterio fue confirmado por la Comisión Plenaria mediante la R (CP) N° 19/2023.

Ahora bien, recientemente la Comisión Arbitral resolvió en la causa “BLD SA c/ provincia de Santa Fe - Expte. CM N° 1785/2023”, R (CA) Nº 7/2024, en relación al encuadre de la actividad de intermediación bursátil:

“Que esta Comisión Arbitral observa que la cuestión a resolver consiste en determinar si los ingresos por intermediación bursátil encuadran en el artículo 11 del Convenio Multilateral, como sostiene el accionante, o en el artículo 2° del mismo cuerpo normativo, conforme a la postura del fisco determinante.

Que en primer término cabe indicar que el artículo 11 del Convenio Multilateral tiene como finalidad distribuir los ingresos generados por la actividad de intermediación en los casos que involucren bienes materiales; la norma establece que el 80% de los ingresos del comisionista deben asignarse a la jurisdicción en la que se encuentren los bienes radicados, lo que implica que dicha disposición se refiere exclusivamente a bienes que puedan tener radicación; esto incluye bienes registrables, tanto muebles como inmuebles, así como otros bienes muebles que puedan ser identificados en un lugar específico, es decir, que se encuentren situados en un determinado sitio.

Al intentar precisar el alcance de los términos utilizados por la norma, específicamente cuando hace referencia a bienes “situados” o “radicados” en una determinada jurisdicción, es importante señalar que el verbo “situar” significa colocar algo en un lugar específico, mientras que “radicar” implica establecerse o arraigarse en un sitio, aquí los participios de dichos verbos funcionan como adjetivos calificativos describiendo la ubicación física de los bienes. De este modo, queda claro que la disposición normativa alude exclusivamente a bienes materiales, ya que estas nociones no resultan compatibles con los servicios, derechos o bienes inmateriales (v. RCA 2/1998, RCP 14/2011 y RCA 7/2023).

Que, asimismo, en cuanto a los derechos que tengan como soporte material un documento, cabe resaltar que también se encuentran fuera del régimen del artículo 11 del Convenio Multilateral. En efecto, si bien los documentos son cosas muebles, lo que se intermedia es el derecho y no el soporte material que sirve de título.

En este sentido, el artículo 1815 del CCCN establece: Los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo, sujeto a lo previsto en el artículo 1816. Cuando en este Código se hace mención a bienes o cosas muebles registrables, no se comprenden los títulos valores”.

Que, en consecuencia, la intermediación sobre acciones, bonos y otros instrumentos financieros no pueden ser encuadrados bajo el régimen especial del artículo 11 del Convenio Multilateral”.

Por lo que resulta de todos los antecedentes que el régimen especial del art. 11 del convenio sólo es aplicable a bienes materiales, descartando los servicios, derechos e intangibles, aún en el caso de intermediación de ciertos derechos cuyo activo subyacente sean bienes tangibles, así como en el caso de valores negociables.

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