La sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial sancionó a una compañía crediticia y a una empresa de cobranzas a que cesen de informar como deudora a la actora, o bien rectifiquen la información oportunamente brindada a las entidades crediticias pertinentes.

Además, les impuso una pena de $ 5.000.000 en concepto de daño punitivo, y de $ 2.600.000 por daño moral, al valorar que la accionante era una mujer mayor de 80 años, jubilada y pensionada -con un ingreso bajo-, con educación básica incompleta, lo que la colocaba en una situación de hipervulnerabilidad.

El Tribunal tuvo en consideración que los importes de las cuotas devengadas a favor de la empresa crediticia insumieron un 46% de los haberes de la accionante durante varios meses del año; y que recibió de la empresa de cobranzas un trato indigno.

La acción de amparo

En el caso “Romero, Juana Ruperta c/Cartasur Cards S.A. y otro s/amparo”, la actora inició una acción de amparo contra la compañía crediticia y la empresa de cobranzas, y si bien reconoció haber solicitado ciertos créditos, alegó no poder reconstruir la operatoria que la vinculó con la demandada debido al “punto de confusión al que fue arrastrada, en razón de las sucesivas refinanciaciones habidas y las abusivas tasas de interés impuestas”.

Luego de varios intentos infructuosos por obtener el detalle de los créditos y una liquidación de su deuda, y tras recibir varios mensajes y correos intimidatorios y amenazantes en los que se le comunicaba que se había iniciado un proceso judicial en su contra; la actora acudió a la justicia.

La sentencia de primera instancia admitió la demanda, y consideró que la actora era una consumidora hipervulnerable y sobreendeudada en los términos de las resoluciones 139/2020 y 1015/2021 de la ex Secretaría de Comercio Interior, y que como tal gozaba de la tutela en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Ello así, por tratarse de una mujer mayor de 80 años de edad a la fecha de la sentencia, jubilada y pensionada -con un ingreso de $ 195.047,05-, y con educación básica incompleta.

El fallo de Cámara

El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de primera instancia, en cuanto consideró nulos los contratos suscriptos por la actora -en los términos del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor-, pues no se mencionaban en ellos las tasas de interés, los costos y el sistema de amortización de intereses; además, las firmas de la actora se encontraban únicamente en las condiciones generales; y, por último, no daban cuenta del importe de capital dado en mutuo, de la cantidad de cuotas, de la fecha de otorgamiento y demás condiciones particulares.

También consideró que el accionar de la empresa crediticia, al continuar emitiendo créditos sin tomar el más mínimo recaudo frente a una situación que se venía agravando, contribuyó al sobreendeudamiento de la actora.

Asimismo, convalidó el aspecto relativo al estado de vulnerabilidad en que se encontraba la consumidora, al valorar que la circunstancia de que “la actora tiene una propiedad, que goza de buen estado de salud y que comprende sus actos no controvierte, de forma alguna, que tiene más de 80 años, que es jubilada y pensionada y que recibió educación básica incompleta. Por el contrario, todo ello da cuenta de que su vulnerabilidad es estructural”.

También confirmó la responsabilidad atribuida a la empresa de cobranzas por haber infringido un trato indigno a la actora al cursarle comunicaciones amenazantes o intimidantes; y por falta de información al omitir contestar los pedidos concretos de información realizados por correo electrónico.

Daño moral y punitivo

La Cámara elevó la indemnización por daño moral, reajustándolo a la suma pretendida por la actora, al valorar que “está inmersa en un probado contexto estructural de vulnerabilidad, y que las demandadas, en esa circunstancia y en este caso, han colaborado con el sobreendeudamiento que hoy la aqueja pues no solo han suscripto con ellas contratos contrarios a derecho … sino que han capitalizado y duplicado intereses en cada refinanciación sin que mediara mora”.

En cuanto al daño punitivo, el Tribunal confirmó su procedencia, pues consideró que “el comportamiento de ambas entidades fue desaprensivo, abusivo e ilegítimo y posicionó a la actora en un estado de indefensión, agravando su vulnerabilidad sistémica, debiendo ésta litigar durante años para obtener información sobre sus créditos y, eventualmente, la nulidad de esos contratos”. Sin embargo, redujo el monto a la suma de $ 5.000.000.

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