La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó sin efecto una sentencia dictada por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, al considerar que el Tribunal de segunda instancia omitió dar intervención al Ministerio Público Fiscal antes de emitir su pronunciamiento.

Hechos

El caso 'Cáceres Carrera, Facundo Ariel y otro c/ Ford Argentina S.C.A. y otro s/ sumarísimo' llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras recursos extraordinarios presentados por la actora y la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

El actor llevó a juicio a la empresa Ford Argentina y a la concesionaria oficial por la compra de un vehículo con serios desperfectos. La sentencia de primera instancia admitió parcialmente la acción y condenó en forma solidaria a las empresas a entregar un vehículo nuevo, cero kilómetro, de iguales características al que había comprado. También dispuso que se pegara una cierta suma en concepto de daños y perjuicios.

Luego, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial modificó el pronunciamiento de la instancia anterior en lo concerniente a la extensión de la condena y confirmó los restantes aspectos decididos.

En ese contexto dejó sin efecto la entrega de un nuevo vehículo y en su lugar fijó una suma para cubrir la depreciación del rodado al tiempo que redujo el monto del rubro por daño psíquico y gastos para tratamiento psicológico, y revocó el monto por privación de uso.

La actora y la Fiscal General de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial cuestionaron la sentencia de la Sala A de dicha cámara, la cual, si bien había modificado la condena, había incurrido en una omisión crítica: no había dado intervención al Ministerio Público Fiscal antes de emitir el fallo.

El núcleo del agravio, compartido por la actora y la Fiscal General, radicó en que la omisión de darle intervención al Ministerio Público Fiscal impidió que este pudiera opinar sobre cuestiones centrales del litigio.

Específicamente, se mencionó la procedencia del daño punitivo y el alcance de la reparación insatisfactoria de un vehículo adquirido por la actora.

Sentencia de la Corte

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su análisis, consideró que este agravio no era susceptible de convalidación ulterior.

Sostuvo que la exclusión del Ministerio Público Fiscal impidió que la Fiscal General cumpliera con su cometido constitucional de intervenir 'en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad'.

El máximo Tribunal declaró que la resolución de la Cámara era arbitraria, ya que había prescindido de aplicar normas legales cruciales como el artículo 120 de la Constitución Nacional, el artículo 52 de la Ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) y artículos de la Ley 27.148 (Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal).

El fallo resalta la importancia institucional de preservar las funciones del Ministerio Público para la 'recta administración de justicia' y la 'defensa del orden jurídico en su integridad'.

En este sentido, la CSJN reafirma su doctrina, señalando que la intervención del Ministerio Público en casos que afectan derechos del consumidor es fundamental para asegurar el 'valor justicia' en relaciones caracterizadas por la desigualdad entre las partes.

La sentencia concluyó haciendo lugar a los recursos, dejando sin efecto la resolución de cámara y ordenando el retorno de la causa al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento, previa y obligatoria intervención del Ministerio Público Fiscal.

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