La sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó una sentencia que rechazó la demanda por cobro de sumas de dinero con más daños y perjuicios, al valorarse que el actor no pudo ignorar -como inversor avezado- un error de sistema en la plataforma de la empresa demandada, que le había permitido realizar una operatoria bursátil sin respaldo financiero.

En el caso “P., F. N. c/ InvertirOnline SAU s/ Ordinario”, el actor había promovido una demanda ordinaria con el objeto de obtener la restitución de las sumas de u$s 27.673,60 y $1.286.434, además de los intereses legales y una indemnización por los daños y perjuicios presuntamente sufridos a raíz de una supuesta actuación irregular de la plataforma de inversión digital.

Afirmó que la empresa permitió, a través de un error en el sistema, la compra de acciones sin contar con el respaldo de fondos reales, lo que derivó en perjuicios económicos al momento de la liquidación de posiciones.

La demandada pidió que se rechace la demanda porque el error de sistema le permitió al actor -inversionista avanzado- vender sus acciones por un monto mucho mayor al del mercado en ese momento, lo que lo habilitó a adquirir acciones de otra empresa con fondos que no disponía.

El fallo de primera instancia

La jueza de primera instancia rechazó la demanda por considerar que el actor no podía alegar desconocimiento del error de cálculo producido al momento de la venta de acciones del grupo Alibaba (Ticker: BABA), error que le permitió adquirir títulos de The Coca-Cola Company (Ticker: KO) sin contar con fondos suficientes en su cuenta comitente.

Asimismo, consideró aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, aunque destacó que el actor, durante el año 2021, había realizado múltiples operaciones bursátiles, circunstancia que -a la luz del peritaje contable- evidenciaba un conocimiento suficiente del mercado financiero como para advertir la anomalía.

La jueza también concluyó que la demandada había dado cumplimiento a su deber de información al notificar al actor del error mediante correo electrónico.

En cuanto a la posterior liquidación de las acciones adquiridas indebidamente, entendió que la misma se realizó conforme lo dispuesto por el art. 23 de los “Términos y Condiciones” aceptados contractualmente por las partes. Esta cláusula faculta a la entidad a liquidar automáticamente las posiciones ante la existencia de saldos deudores no regularizados.

En ese punto, descartó que dicha cláusula resultase abusiva, por cuanto se ajustaba a los usos y costumbres del mercado bursátil y su aplicación se encontraba acotada a supuestos como el del caso.

En tal sentido, estimó que acceder a lo solicitado por el actor implicaría incurrir en un enriquecimiento sin causa, extremo vedado por el ordenamiento jurídico.

La apelación del actor

El actor interpuso un recurso de apelación. Sostuvo que las acciones de The Coca-Cola Company fueron adquiridas con fondos disponibles y negó haber operado sin respaldo financiero.

Además, manifestó que la demandada sólo demostró una diferencia entre registros internos y la información exteriorizada en la plataforma, sin probar fehacientemente el supuesto error.

Por otro lado, reconoció haber operado frecuentemente, pero rechazó la calificación de “avezado inversor”, lo cual, a su entender, no podía derivarse de la mera cantidad de operaciones.

Argumentó que, como consumidor, actuó de buena fe y que los riesgos derivados del error debían ser asumidos por el proveedor por lo que cuestionó que se le atribuyera a él la carga de resolver errores propios de la empresa.

Por otro lado, alegó que la venta de sus acciones se efectuó sin otorgar un plazo razonable para regularizar su situación y sin esperar respuesta al correo remitido por la demandada. En este punto, consideró que era abusivo el art. 23 del contrato porque generaba un desequilibrio contractual y atentaba contra la equidad.

El fallo de la cámara

Los camaristas Eduardo Machín, Matilde Ballerini y Alejandra Tevez advirtieron que el escrito recursivo no constituía una crítica concreta, razonada y jurídicamente fundada del pronunciamiento recurrido, sino una mera manifestación de disconformidad.

En particular, destacaron que el actor no logró desvirtuar los fundamentos esenciales de la sentencia de grado. El error del sistema –y su manifiesta exteriorización en la plataforma– resultaba evidente en tanto el producto de la venta de los 17 nominales de “BABA” no podía generar un crédito de u$s30.000, sino a lo sumo de u$s3.000, conforme los valores de mercado vigentes.

Además, indicaron que el peritaje contable demostró que la compra de los 516 nominales de “KO” se efectuó sin respaldo efectivo, utilizando aproximadamente u$s26.000 inexistentes.

Más allá del conocimiento técnico del actor, los jueces recordaron que los contratos deben ejecutarse con buena fe, principio cardinal del derecho de las obligaciones. Bajo dicha óptica, entendieron era esperable que un operador, al advertir una discrepancia tan grosera en sus saldos disponibles, se abstuviera de realizar nuevas operaciones.

Asimismo, si bien reconocieron que el actor revestía el carácter de consumidor bursátil, aclararon que ello no habilitaba a invocar un régimen de inmunidad absoluta ni a obtener reparaciones que importaran un enriquecimiento sin causa.

En cuanto a la cláusula contractual discutida, el Tribunal reafirmó su validez, señalando que se trata de una estipulación habitual en contratos de esta naturaleza, adecuada a los usos del mercado, cuyo objeto era precisamente proteger la integridad de las operaciones frente a saldos deudores impagos.

Por esos motivos, los camaristas resolvieron rechazar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

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