La Cámara Federal de Corrientes hizo lugar a una cautelar y ordenó a la prepaga OSDE que se abstenga de aplicar el aumento de la cuota en cuanto al valor diferencial por enfermedad preexistente al hijo discapacitado de un afiliado y lo suspenda hasta que se dicte una sentencia sobre el fondo de la cuestión.

En el caso “R., A. J. y otro c/ Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) s/ Amparo Ley 16.986”, el actor destacó que, desde el mes de noviembre de 2023, las facturas correspondientes al plan permanecían impagas por el desmesurado incremento de la cuota del Plan 210.

La suba, según informó la empresa, se había originado en la incidencia del “Valor diferencial Ley 26.682” por preexistencia de enfermedad del hijo discapacitado del actor.

Los argumentos del actor

Para el reclamante, no existía constancia de que ese valor diferencial haya sido autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

En el caso, la cuota diferencial del hijo pasó de $46.901 a $791.819, sin contar lo el titular abona por él y su cónyuge.

En ese sentido, el actor remarcó que, dado sus ingresos mensuales como trabajador en relación de dependencia, le era imposible afrontar el incremento del valor de la cuota del Plan 210 por “valor diferencial Ley 26.682 por preexistencia Grado F”.

De esta manera, consideró que se tornaba procedente el dictado de una medida cautelar ya que la verosimilitud del derecho se encontraba acreditada, así como también la demostración del peligro en la demora, cuyo recaudo se encontraría cumplido por la documental médica acompañada, el certificado de discapacidad de su hijo y la evidencia de la imposibilidad de pago de la cuota.

El juez a quo resolvió desestimar la medida cautelar solicitada. Esto provocó el agravio del actor, quien entendió que el magistrado incurrió en un error involuntario evidente al confeccionar la resolución porque, en las presentes actuaciones, no existen las constancias allí mencionadas.

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Suba desproporcionada

La camarista Selva Spessot consideró que correspondía hacer lugar al planteo recursivo de la parte actora porque “el aumento del valor diferencial por preexistencia de la enfermedad en la cuota efectuado al hijo del accionante por la empresa de medicina prepaga, en los términos establecidos desde el mes de facturación noviembre 2023 -respecto de su hijo discapacitado-, resultaría -prima facie- exorbitante”.

La jueza tuvo en cuenta que el actor acompañó a la causa el Certificado de Discapacidad del hijo con diagnóstico de parálisis cerebral espástica, cuadriplejía espástica, otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados, retraso mental grave, dependencia a silla de ruedas.

Asimismo, demostró haber solicitado a la demandada, con pedido de facultativo, medicación y un sistema de Bipedestador mecánico con carácter de urgente.

Además, tuvo en cuenta que el actor percibía un total neto de $240.170. “Así, se vislumbra la apariencia de derecho al reclamo formulado por la parte actora, en tanto, en este marco reducido de estudio propio del establecido para las precautorias, se observa una suma de dinero considerablemente elevada como valor diferencial por preexistencia respecto del hijo del titular de la prepaga, cotizada a partir del mes noviembre 2023”, indicó la camarista.

“En efecto, en el grupo familiar contemplado, se incluiría a una persona discapacitada, respecto de quien se espera respuesta de la demandada a que le confieran prestaciones de salud que fueron requeridas con urgencia y que, asimismo, en virtud de las constancias obrantes el amparista se vería imposibilitado de cumplir con el pago de dicho aumento (siendo más del triple del monto de sus haberes mensuales), además de que tampoco habría sido informado ni justificado oportunamente al interesado, tal como se estipula en la normativa regulatoria de las empresas de medicina prepaga”, agregó.

Por todo ello, consideró que correspondía acoger el planteo formulado por el actor, y en consecuencia revocar la resolución objetada haciendo lugar a la medida cautelar solicitada.

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Evitar la desprotección

Por su parte, las camaristas Ana Lía Cáceres de Mengoni y Mirta Tyden disintieron en emitir valoración sobre la exorbitancia o no del aumento de la cuota referida al valor diferencial por preexistencia e hicieron hincapié en la falta de pago.

Esta situación 'representa una situación de inminente desprotección en el derecho a la salud del hijo discapacitado del amparista, el cual no quedaría desprotegido con la decisión aquí adoptada, hasta el dictado de la sentencia definitiva', entendieron las juezas, quienes coincidieron con el resto de la apreciación de la preopinante.

Y agregaron que “la circunstancia del incumplimiento en el pago de las cuotas por parte de los accionantes, probada por la intimación que se adjunta a la causa, representa una situación de inminente desprotección en el derecho a la salud del hijo discapacitado del amparista, el cual no quedaría desprotegido con la decisión aquí adoptada, hasta el dictado de la sentencia definitiva”.

Por ello, la Cámara Federal de Corrientes resolvió hacer lugar al recurso de apelación planteado y, en consecuencia, revocaron la resolución apelada y concedieron la medida cautelar solicitada, ordenando a la demandada OSDE se abstenga de aplicar el aumento de la cuota de la prepaga en cuanto al valor diferencial por enfermedad preexistente efectuado al hijo discapacitado del titular en el mes de noviembre de 2023, y suspendiéndose el mismo hasta que se dicte sentencia respecto del fondo de la cuestión, para lo cual deberá la demandada realizar una nueva facturación.

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