La sala B de la Cámara Comercial, en los autos “Barbagallo, Monica Beatriz Demandado: Atilio O. Barbagallo S.A. y otro s/incidente de medida cautelar”, confirmó la resolución de primera instancia, que había dispuesto la designación de un interventor coadministrador a la sociedad, pese a que la actora solo había solicitado un veedor (informante), al considerar que los requisitos de una medida cautelar (verosimilitud del derecho y peligro en la demora) se cumplían debido al grave conflicto societario, por lo que era necesario mantener la intervención para proteger los intereses de la sociedad.

Fundamentos

Las razones del tribunal para mantener la coadministración fueron:

A pesar de que la deuda fiscal fue pagada, el conflicto profundo y las desavenencias entre las dos únicas socias de la empresa, cada una con el 50% de las acciones, persisten.
Se detectaron otros problemas, como el cobro de cánones de alquiler en una cuenta personal de una de las socias y desacuerdos sobre la venta de un inmueble.
El tribunal consideró que, aunque la actora solicitó un veedor, el juez tiene la facultad de otorgar una medida cautelar distinta a la solicitada si considera que protege mejor los derechos en pugna. La coadministración fue considerada la medida más adecuada para resguardar los derechos de la sociedad y sus socios

¿Cuál es la diferencia entre un coadministrador y un veedor informante?

La intervención judicial regulada en la ley 19.550, en cualquiera de sus tres variantes (administración plena, coadministración o veeduría), procede cuando existe un riesgo calificado como grave, susceptible de poner en peligro al ente o su funcionamiento:

El Interventor coadministrador es un profesional designado por un juez para administrar una sociedad junto con los directores existentes. A diferencia de un veedor, que solo supervisa e informa, el coadministrador tiene poder de decisión para garantizar la buena gestión de la empresa en un contexto de conflicto.
El Veedor informante: es designado por un juez para supervisar la gestión de una empresa y reportar al tribunal, pero sin poder de decisión sobre la administración.

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