En un fallo que refuerza el poder de policía sobre las sociedades comerciales, la Cámara Nacional Comercial, en los autos
'Inspección General de Justicia c/ GYC comunicaciones SA s/ organismos externos”, ratificó una sanción millonaria contra una compañía de comunicaciones y su máxima autoridad. La Justicia rechazó el argumento de la firma, que pretendía justificar la falta de sus estados contables debido a que sus libros estaban secuestrados en una causa penal.

La multa, que asciende a $4.000.000, fue impuesta de manera solidaria a la firma y a su presidente por haber omitido la presentación de los balances correspondientes a los ejercicios cerrados entre 2017 y 2024.

Libros bajo custodia judicial

La defensa de la sociedad alegó una 'imposibilidad material absoluta' para cumplir con la ley. Según explicaron ante el tribunal, la documentación original se encontraba bajo custodia de la justicia penal en el marco de una causa iniciada en 2023, lo que les habría impedido procesar la información requerida por la Inspección General de Justicia (IGJ).

Incluso, la empresa argumentó que intentó demostrar buena voluntad al poner a disposición los balances certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a pesar de no contar con los libros físicos. Sin embargo, para los jueces, este ofrecimiento no fue suficiente para subsanar la infracción.

Las razones del rechazo

El tribunal fue tajante al señalar que la compañía no agotó las instancias para cumplir con sus obligaciones. Los puntos clave que sellaron la confirmación de la multa fueron:

Prórrogas desaprovechadas: la IGJ otorgó sucesivas extensiones de plazo desde mayo de 2024 para que la firma regularizara su situación.
Falta de gestión: la Justicia remarcó que la empresa no acreditó haber solicitado formalmente al juzgado penal el acceso o la devolución de los libros para cumplir con la intimación.
Plazos vencidos: la última prórroga venció en enero de 2025, pero la sanción recién se dictó 6 meses después, tiempo durante el cual la empresa se mantuvo en silencio.

Sanción proporcional

A pesar de las quejas de la compañía sobre lo 'excesivo' del monto, los camaristas consideraron que los $4.000.000 son adecuados frente a la gravedad de ocultar información contable durante casi una década.

'Poner a disposición los balances no satisface la obligación de su presentación', advirtió el fallo, dejando en claro que el deber de informar al organismo de control es una carga que las empresas deben gestionar activamente, incluso frente a contratiempos judiciales.

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