La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa n. 13 1ra CJ (UJCA) de Viedma confirmó una multa de 600.000 pesos contra Mercado Libre por infracción a la Ley de Defensa del Consumidor y una indemnización de $350.000 a una mujer que pagó una bicicleta a través de la billetera virtual Mercado Pago, pero que nunca recibió.

En el caso “Mercado Libre SRL s/apelación - recurso directo”, la demandante informó que compró una bicicleta a través de una página de internet de Venzobikes y, al momento de pagar, la dirigieron a Mercado Pago, donde abonó el importe.

Luego de enviar el comprobante de pago al vendedor, indicó que no recibió respuesta a sus mensajes ni a sus llamadas telefónicas, por lo que realizó una denuncia en sede administrativa.

Mercado Libre y Mercado Pago fueron condenados a abonar una multa de $600.000, por infracción al artículo 29, inciso 10 de la Ley provincial D 5414 y la intimó al pago de $370.000 en concepto de daño directo, conforme lo dispuesto por el artículo 40 bis. de la Ley 24.240.

La defensa de Mercado Libre

Mercado Libre cuestionó la decisión por considerar que no cometió una infracción del artículo 29, inciso 10 de la norma provincial. Explicó que “la transferencia realizada por la denunciante a través de Mercado Pago no estuvo relacionada con una compraventa celebrada en el Sitio Web de Mercado Libre, sino que provino de una transferencia de dinero entre usuarios de Mercado Pago”.

Añadió que en los términos y condiciones del Sistema Mercado Pago informa previamente a los usuarios (y luego ellos aceptan) que para utilizar los servicios ofrecidos establecen la actuación de Mercado Libre como un mandatario de las operaciones ordenadas por los usuarios a través de Mercado Pago, resultando éstos los únicos responsables por tales operaciones.

También manifestó que no existió una “falla en la prestación del servicio” o un “error” de la usuaria, puesto ella reconoció haber ordenado la transferencia al supuesto vendedor en forma libre y voluntaria.

Además, se agravió del daño directo aplicado por la suma de $370.000 porque, desde su punto de vista, el servicio prestado por Mercado Pago se ajustó en todo momento a los términos y condiciones del mismo, no existió ninguna falla del servicio, ni incumplimiento del deber de seguridad, ni mucho menos una obligación de vigilancia incumplida.

En ese sentido, consideró que no hubo nexo de causalidad adecuada y suficiente con una acción o una omisión específica de Mercado Libre SRL. Dice al respecto que la transferencia de fondos a favor del sumariado Venzobikes fue ordenada por la denunciante - no por Mercado Libre ni por Mercado Pago-, importando un acto libre y voluntario de la consumidora, que interrumpió cualquier relación de causalidad con el servicio de procesamiento de la transferencia suministrado por Mercado Pago.

El fallo judicial

Al analizar el caso, el juez Julián Fernández Eguía remarcó que Mercado Libre “no es un tercero ajeno a la operación que intentó concretar la usuaria”, ya que “su intervención se basa en la gestión que se generó desde el enlace de Mercado Pago, habilitado para que la denunciante realizara el pago en cuestión”.

Explicó que, ante el silencio de Mercado Libre, se clausuró la instancia conciliatoria y se prosiguió con el sumario, imputando solamente la infracción al artículo 29, inciso 10 de la Ley D No 5414, es decir, justamente por la falta de respuesta a los requerimientos efectuados.

Conforme lo expuesto, para el juez resultaba acreditado que Mercado Libre impidió a la Administración determinar dónde se produjo la falla en la prestación del servicio y solucionar el problema de la consumidora, contestando luego de notificada la imputación en el marco del sumario administrativo.

“A los fines de la protección sustancial y procesal, el usuario consumidor resulta la parte más débil de la relación, pues en los hechos no existe la mentada igualdad económica y social que permita la paridad de condiciones para negociar”, subrayó.

Indemnización por daño directo

“El reconocimiento de la naturaleza indemnizatoria del daño directo conduce indudablemente a que los presupuestos necesarios para su admisión sean, en definitiva, los clásicamente exigidos para la configuración de la responsabilidad civil. Si bien dichos presupuestos se encuentran regulados con carácter general en el Código Civil y Comercial de la Nación, en lo que respecta específicamente al daño directo ellos han sido enunciados –en algunos casos, con distinto alcance– en el artículo 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor”, indicó el magistrado.

Los presupuestos necesarios para su configuración son los siguientes:

a) La existencia de una acción u omisión antijurídica, que en el caso del daño directo debe provenir del proveedor de bienes o del prestador de servicios.

b) Un daño resarcible, que en el caso del daño directo debe estar dado por los perjuicios materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo.

c) El nexo causal configurado cuando el daño resarcible por esta vía sea consecuencia inmediata de la acción u omisión antijurídica del proveedor de bienes o del prestador de servicios.

d) El factor de atribución de la responsabilidad objetivo, pues se configura aun cuando no hubiera existido culpa o dolo por parte del proveedor del bien o del prestador del servicio.

En tanto, el artículo 40 bis de la ley 24.240 lo define como “todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios” y determina que “los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo.”

En este punto, el juez enfatizó que Mercado Libre “no es un tercero ajeno a la operación que intentó concretar la usuaria”, ya que “su intervención se basa en la gestión que se generó desde el enlace de Mercado Pago, habilitado para que la denunciante realizara el pago en cuestión”.

Por lo tanto, determinó es “responsable directo por la falta en el servicio ofrecido, atento a su calidad de proveedor y no puede deslindar su responsabilidad en la otra firma denunciada”.

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