La sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó una condena contra la aerolínea Ethiopian Airlines Enterprise por el incumplimiento de contrato tras haber impedido que dos pasajeros abordaran un vuelo con destino a Guinea Ecuatorial sin justificación.

En el caso “Cabrera Braschi, Alicia Elena y otro c/ Ethiopian Airlines Enterprise s/ Incumplimiento de contrato”, los actores habían contratado pasajes de ida y vuelta con destino a Malabo, Guinea Ecuatorial, con salida desde Buenos Aires, vía Addis Abeba.

Según expusieron, el propósito del viaje era participar en una ceremonia religiosa: la ordenación de nuevos sacerdotes de la Iglesia Católica Apostólica Rey Jesús de Alemania, institución en la que ambos ejercen roles de conducción.

Dado que Guinea Ecuatorial no posee representación consular ni embajada en Argentina, los actores habían gestionado una autorización especial emitida por el Ministerio de Seguridad del país africano. Dicha autorización explicaba los motivos del ingreso y establecía que el visado correspondiente sería estampado en el aeropuerto de llegada, lo que había sido suficiente en viajes anteriores.

No obstante, al momento de presentarse en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el personal de Ethiopian Airlines les impidió embarcar. La empresa adujo la falta de visa en los pasaportes y desestimó la validez del documento especial.

Tres días después, la misma aerolínea les permitió embarcar con idéntica documentación, sin que mediara modificación alguna en los requisitos migratorios.

Los actores iniciaron entonces una demanda por daños y perjuicios. Argumentaron que la negativa carecía de fundamento, que la conducta de la empresa fue arbitraria y que se vieron afectados emocional y económicamente por el episodio.

La aerolínea sostuvo que el personal actuó conforme a los procedimientos de control exigidos por las autoridades migratorias. Según su versión, el documento exhibido requería una evaluación más exhaustiva para su validación, y no podía aceptarse inmediatamente. La empresa alegó que no podía responsabilizársela por cumplir con su deber de verificación y que no existía prueba suficiente del daño reclamado.

La sentencia de primera instancia y la apelación

El juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda al acreditar el incumplimiento contractual por parte de la aerolínea y la consecuente responsabilidad por los daños sufridos por los pasajeros.

De esta manera, condenó a la firma al pago de una indemnización de $1.004.500 en total, suma que incluyó conceptos por daño moral y reintegro de gastos, y estableció que los intereses debían correr desde los diez días posteriores a que la sentencia adquiriera firmeza. Además, rechazó la aplicación de una multa civil bajo el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor.

El fallo fue apelado por ambas partes. Los actores consideraron exiguo el monto concedido y cuestionaron la fecha de cómputo de los intereses y el rechazo del daño punitivo.

En tanto, la demandada cuestionó el fallo que les atribuyó responsabilidad. La aerolínea destacó que el rechazo del embarque respondió a la ausencia del visado correspondiente y que su análisis fue realizado dentro de plazos razonables, sin intención de generar perjuicio alguno. También se quejó por los montos indemnizatorios en concepto de daño moral y los gastos otorgados por falta de prueba.

El fallo de la Cámara

Los camaristas Alfredo Silverio Gusman y Florencia Nallar remarcaron que la aerolínea había sido declarada en rebeldía por no contestar la demanda oportunamente, lo cual limitó sus posibilidades procesales posteriores.

En cuanto al fondo, sostuvieron que la aerolínea no logró acreditar ninguna causal de exoneración de responsabilidad, tal como exige el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Si bien tenía el deber de verificar la documentación presentada por los pasajeros, la Cámara entendió que dicha revisión fue ejecutada de manera deficiente.

Luego recordaron que la empresa, lejos de ofrecer una explicación sustancial, solo se excusó en que la nota debía ser analizada. Sin embargo, al permitir el embarque tres días después con la misma documentación, quedó en evidencia que la negativa inicial fue injustificada.

Para los magistrados, la empresa no capacitó adecuadamente a su personal para afrontar este tipo de situaciones e incumplió las obligaciones previstas en la Resolución 1532/98 y la Ley 25.871 en materia migratoria y de transporte aéreo.

Respecto al reintegro de gastos, la Cámara consideró que, si bien no se presentaron comprobantes formales, la suma de $4.500 resultaba razonable por tratarse de erogaciones previsibles derivadas del incumplimiento contractual, conforme al artículo 1727 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En relación al daño moral, los camaristas ampliaron el monto inicialmente concedido.

Reconocieron que los actores padecieron un sufrimiento y perturbación anímica relevantes al ver frustrado su viaje y ser desautorizados en público. La denegación ilegítima, seguida por una admisión posterior con los mismos documentos, confirmó la arbitrariedad del proceder de la empresa.

Luego calificaron como exiguo el monto fijado en primera instancia y lo elevó a $1.750.000 para cada actor. Dispuso, además, que dicho monto devengue intereses desde el día del hecho dañoso, es decir, el 18 de noviembre de 2019, conforme a la tasa activa del Banco Nación para operaciones de descuento a treinta días.

Al analizar el pedido de aplicación de una multa civil conforme al artículo 52 bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, conocido como “daño punitivo”, los jueces confirmaron su rechazo porque “el contrato de transporte aéreo internacional se encuentra regulado por normas específicas, entre ellas el Código Aeronáutico y el Convenio de Montreal de 1999”.

En virtud del artículo 29 de dicho convenio, se prohíbe expresamente la imposición de sanciones de carácter ejemplar o punitivo en acciones indemnizatorias relativas al transporte aéreo internacional.

Por ello, afirmaron que resultaba improcedente apartarse de este marco jurídico especializado para aplicar la normativa consumeril de manera supletoria, invocando el principio de especialidad.

Finalmente, hicieron lugar al agravio de los actores en relación con la fecha inicial para el cálculo de los intereses del daño moral y determinó que debían computarse desde la fecha en que se produjo el hecho dañoso y no desde la sentencia firme, ya que en aquel momento se configuró el perjuicio.

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