La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú confirmó la condena contra una empresa que no retuvo el 30% de la indemnización por despido correspondiente a la cuota alimentaria de un trabajador.

En el caso “B. M. G. c/ Guay Meet S.A. s/ Incidente”, el Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Gualeguay había hecho lugar a la demanda promovida por la madre del menor beneficiario y condenó a la empleadora del progenitor a abonar el 30% de la indemnización por despido que correspondía al alimentante.

Entendió que la empresa, en su carácter de agente de retención judicial, incumplió con la orden de descontar el porcentaje establecido en concepto de alimentos, lo que generó responsabilidad solidaria de acuerdo con el artículo 551 del Código Civil y Comercial.

La apelación de la demandada

Frente a ello, la firma interpuso recurso de apelación. Sostuvo que la resolución apelada le imponía una responsabilidad improcedente, dado que el oficio judicial recibido oportunamente solo ordenaba la retención sobre rubros remunerativos y no hacía referencia alguna a la indemnización por despido, de naturaleza distinta.

Afirmó que tanto la madre del menor como su representante letrado tenían conocimiento de la desvinculación laboral del alimentante antes de que se efectivizara, y sin embargo no efectuaron reclamo alguno. Consideró que la actora decidió demandar directamente a la empresa pese a haber contado con la carta documento de despido y con información suficiente sobre el cobro de la indemnización por parte del trabajador.

La apelante agregó que actuó conforme a derecho, sin obligación de comunicar el despido ni de efectuar retención sobre conceptos no incluidos en el oficio judicial. Alegó que tanto el juez como el defensor oficial desentendieron su propia falta de actuación y le trasladaron a un tercero una responsabilidad ajena.

Además, invocó la violación del principio de igualdad ante la ley.

La madre del menor negó haber tenido conocimiento previo del despido. Indicó que recién tomó noticia de la desvinculación cuando el trabajador ya había sido despedido y que, de todos modos, esa circunstancia carece de relevancia frente a la obligación de la empleadora como agente de retención.

Invocó el principio del interés superior del niño, que impone a los sujetos intervinientes actuar con la mayor diligencia para evitar que el incumplimiento del alimentante afecte la subsistencia del menor. En ese sentido, afirmó que la empleadora del padre de su hijo, como persona jurídica con estructura y asesoramiento legal, tenía el deber de informar al juzgado sobre el cese de las retenciones y de solicitar instrucciones antes de proceder al pago de la indemnización.

Según su postura, la omisión de la empresa configuró un obrar negligente, que habilitaba la aplicación de la norma citada. Sostuvo además que la interpretación restrictiva del oficio judicial propuesta por la demandada -limitada solo al salario- resultaba formalista y contraria a la finalidad protectoria de la norma.

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La intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público de la Defensa dictaminó en el mismo sentido que la actora. Recordó que el artículo 551 del Código Civil y Comercial establece la responsabilidad solidaria del empleador que incumple una orden judicial de retención, respondiendo por las sumas que debió descontar.

Indicó que la retención ordenada judicialmente abarca tanto los salarios como las indemnizaciones por despido, ya que estas últimas reemplazan los ingresos habituales del alimentante y son indispensables para garantizar la continuidad de la prestación alimentaria.

Sostuvo que la falta de retención sobre la indemnización encuadra en los supuestos del artículo 551 CCyCN, pues implica un incumplimiento que afecta derechos humanos esenciales, como la alimentación y el desarrollo del niño.

El organismo remarcó que, conforme a la prueba incorporada, la empresa habría sido informada del despido a través de mensajes de texto, lo que refuerza su deber de actuar con diligencia. Por todo ello, propuso mantener la condena y, en lo sucesivo, aclarar expresamente en los oficios judiciales el alcance de las retenciones para evitar conflictos similares.

Los fundamentos de la Cámara

Los camaristas Mariano Morahan y Marcelo J. Arnolfi señalaron que el derecho a los alimentos constituye un derecho humano básico vinculado con la salud, el desarrollo y la vida de los niños, y que su incumplimiento implica la vulneración de esas garantías.

Sostuvieron que la responsabilidad solidaria del empleador prevista en el artículo 551 CCC “tiene por finalidad asegurar la efectividad del derecho alimentario” y “evitar que la omisión de un tercero frustre el cobro de la cuota”.

En este marco, destacaron que los empleadores cumplen una función social esencial y deben colaborar con el cumplimiento de las decisiones judiciales.

A pesar de que reconocieron la existencia de debate jurisprudencial sobre si la orden de retención incluye o no las indemnizaciones laborales, adhirieron a la postura mayoritaria que entiende que la obligación se extiende más allá del salario y comprende también la indemnización por antigüedad.

Esto se debe a que, según explicaron, el empleador no puede desentenderse de las consecuencias del despido, ya que la desvinculación laboral incide directamente en la percepción de la cuota alimentaria.

Es decir, “la falta de aviso al juzgado y de retención sobre la indemnización revela una conducta negligente de la empresa”, que justifica la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria.

Luego remarcaron que la empresa debe actuar como un agente socialmente responsable y evitar que la subsistencia del menor quede librada a la voluntad del alimentante.

Sobre la postura que restringe la retención al salario y atribuye a la actora la carga de prever el despido, explicaron que esa interpretación omite valorar la naturaleza del derecho alimentario, cuya necesidad se presume, y que impone al empleador la mayor diligencia.

En consecuencia, rechazaron el recurso de apelación y confirmaron lo decidido en primera instancia.

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