La Cámara Primera del Trabajo de Bariloche obligó a una empresa a indemnizar a un trabajador que se consideró despedido luego de que le rechazaran los certificados médicos y psiquiátricos que había presentado para justificar ausencias por licencia médica.

En el caso “Dimitroff, Matías Gabriel c/ Galpones del Sur SRL s/ ordinario”, el actor -que se desempeñaba como vendedor viajante- destacó que la relación laboral comenzó en 2021 y culminó en agosto de 2022, cuando se consideró despedido indirectamente por los reiterados incumplimientos de su empleadora.

Entre otras cuestiones, denunció que no estaba correctamente registrado, reducción salarial, hostigamiento y negación de licencia médica. Dijo que trabajaba jornadas completas -hasta nueve horas diarias- aunque estaba registrado como si cumpliera media jornada. Además, acusó que recibía comisiones por ventas y viáticos en efectivo que no eran reflejados en sus recibos de sueldo, lo que evidenció una remuneración parcial en negro.

Certificados médicos no aceptados por la empresa

Luego el reclamante destacó que, en julio de 2022, presentó un certificado médico extendido por un psicólogo, con diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Ante la negativa de la empresa a reconocerlo, se sometió a una segunda evaluación con un psiquiatra que ratificó el diagnóstico e indicó tratamiento y reposo.

Remarcó que la empleadora ignoró ambos informes, le dio de baja las líneas de comunicación del trabajador y lo intimó a devolver su celular y tablet, herramientas esenciales para cumplir sus tareas. Indicó que, por tal circunstancia, intimó a la empresa para que manifieste la voluntad de dación de tareas en su puesto habitual, bajo apercibimiento de sentirse injuriado y dar por rescindido el contrato a tenor del art. 246 LCT.

Por último, señaló que él cumplió lo previsto en el art. 209 de la LCT, dio aviso de la imposibilidad de cumplir su débito laboral por el padecimiento psicológico que atravesaba. Además, requirió control por médico de la empresa y, a su vez, intimó al pago de los salarios que no había percibido, bajo apercibimiento de considerarse despedido por exclusiva culpa del empleador.

La compañía negó las acusaciones, intentó justificar su accionar y lo acusó de abandono de trabajo y retención de bienes. Señaló que el trabajador generó esa situación para colocarse en situación de “autodespido” y así cobrar indemnizaciones que no le correspondían.

La resolución de la Cámara

Los camaristas Juan Lagomarsino, Juan Frattini y Alejandra Autelitano reconocieron que el vínculo laboral había sido registrado de forma irregular, que existió un entorno de hostigamiento laboral y que la empresa negó el pago de salarios durante una licencia médica.

Con testimonios de compañeros de trabajo, documentación oficial y pericias, el tribunal estableció que la empresa cometía una doble irregularidad: fraude en la registración laboral y retención de pagos durante su licencia médica, lo que vulneró sus derechos y salud emocional.

En ese marco, los camaristas explicaron que “pierde sentido la defensa de fondo de parte de la demandada vinculada al rigor de las licencias presentadas por el actor. Tales planteos no encuentran asidero por cuanto no se ha acreditado que el actor hubiere fraguado las certificaciones medicas”.

“Tampoco está claro como facilitaba la empresa los mecanismos para el control médico al trabajador, teniendo presente la distancia comprometida entre el sector de ventas asignado y los destinos de ventas”, concluyó la sentencia.

“La empleadora incurrió en una injuria grave al no reconocer ni retribuir la jornada real del actor, en particular al retener indebidamente sus haberes durante su licencia por enfermedad. La demandada negó el derecho del trabajador a percibir los salarios de esos días “no trabajados” bajo enfermedad, desconociendo los certificados médicos presentados. Esta conducta viola obligaciones elementales del contrato de trabajo -el pago de remuneraciones durante la licencia por enfermedad inculpable, conforme arts. 208 y 209 LCT- y por su gravedad hizo imposible la continuación del vínculo”, sostuvieron.

En consecuencia, consideraron que el actor se encontró habilitado a colocarse en situación de despedido por exclusiva culpa patronal (despido indirecto), ya que se configuró la situación del art. 242 de la LCT, en concordancia con el art. 246, que faculta al trabajador a denunciar el contrato ante una injuria patronal grave y reclamar las indemnizaciones legales correspondientes.

Por otro lado, destacaron que “no existió abandono de trabajo por parte del actor. El abandono (art. 244 LCT) requiere una inactividad injustificada y la falta de respuesta a una intimación fehaciente del empleador, supuesto que no se dio en el caso”.

“Lejos de ausentarse sin aviso, el actor comunicó su decisión de rescindir el contrato por la injuria sufrida y fundamentó su posición en telegramas y cartas documento, cumpliendo así con los requisitos formales para el despido indirecto. Las intimaciones de la demandada invocando un eventual abandono –firmadas por personas sin aclaración de representación legal, según señaló el actor–carecieron de eficacia legal y, de todos modos, fueron respondidas en tiempo por el trabajador”, agregaron los magistrados. “De hecho, la propia empleadora reconoció la recepción de dichas comunicaciones del actor, aunque las tildó de “maniobra de mala fe” y negó su derecho a considerarse despedido”, remarcaron.

Por lo expuesto, concluyeron que la ruptura del vínculo obedeció a la injuria patronal y no a un desistimiento tácito del trabajador, por lo que el despido indirecto fue procedente y ordenaron indemnizar al trabajador.

También te puede interesar:

Despido por falta o disminución de trabajo: deberá indemnizar por no promover el procedimiento preventivo de crisis
Cambios en el régimen laboral de las cárceles

Condenaron a una empresa por no reconocer certificados de licencias psiquiátricas