La jueza Karina Andrade, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, condenó a un hombre a la pena de ocho meses de prisión en suspenso por cometer el delito de actos de crueldad animal.

Es la primera vez que la Justicia porteña sancionó a una persona por maltrato contra un grupo de perros, quienes fueron calificados como sujetos de derecho.

La causa se inició por una denuncia realizada por un vecino del lugar ubicado en la calle Viamonte al 1600, en 2022, que permitió al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad investigar el espacio ilegal donde el dueño los mantenía en pésimas condiciones.

Allanamiento y acusación

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del fiscal Carlos Rolero Santurián, asumió el caso y dispuso una batería de medidas preliminares que concluyeron con un allanamiento del domicilio en cuestión.

Se encontraron 17 perros, entre ellos 3 cachorros, en una situación de extrema vulnerabilidad en virtud de las condiciones higiénicas en las que estaban. Los animales permanecían rodeados de excrementos, sin luz ni ventilación natural, enjaulados, sin libre acceso a agua potable, mal alimentados y sin controles veterinarios al día.

La UFEMA calificó al espacio allanado como un criadero ilegal, ya que las hembras eran obligadas a dar a luz de forma sistemática con el fin de vender a todas sus crías.

Los funcionarios recordaron que esa modalidad está tipificada como delito en la Ley 14.346, que establece penas de entre quince días y un año de prisión para las personas que “maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales”.

De esta manera, pidió que se condene al imputado a un año de prisión y se desvincule a los animales de este proceso previa declaración de sujeto de derechos. La defensa había pedido la absolución y restitución de animales. Sostuvo que la conducta era propia de la contravención prevista en el art. 142 Código Contravencional.

Subsidiariamente pidió la nulidad de la detención por no haber estado indicada en la orden de allanamiento.

Durante las dos jornadas del juicio, la magistrada desestimó el planteo de nulidad del allanamiento llevado a cabo el 16 de mayo de 2022 solicitado por la defensa.

La resolución judicial: animales como sujetos de derecho

Luego de valorar la prueba, la magistrada explicó que la contravención prevista en el art. 142 Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires no la veía aplicable para casos de criaderos ilegales o comercios con venta de animales, sino que abarca conductas que pueden ser ejercidas por parte de quienes son sujetos responsables de un animal que eligieron para convivir.

Luego explicó que “la visión adoptada por la ley 14.346 se aleja de la tesis antropocéntrica y considera que los cohabitantes interespecies son las verdaderas víctimas del delito, los jerarquiza y los dota de un status jurídico legal en el cual son sujetos de derecho”.

Y consideró que, en línea con lo esbozado por Zaffaroni en la obra ‘La pachamama y el humano’, “el bien jurídico tutelado en este tipo de delitos, posee autonomía, y es el propio animal no humano quien tiene derecho a no ser objeto de la crueldad humana, lo que se da en un esquema de sujeción arbitraria en virtud de la especie”.

“Adoptar esta postura implica considerar a los animales no humanos como sujetos de derecho”, añadió la jueza y agregó que “el prisma aquí adoptado propone salir de la idea antropocentrista que tenemos de que el animal no humano no sufre si vive en condiciones como las aquí acreditadas que coartan su libertad, afectan su dignidad y se los expone a enfermedades”.

Por otro lado, remarcó que “la dignidad es un valor intrínseco de todo animal no humano que debe ser respetado al tenerlo a cargo y tratarlo. Su dignidad es afectada cuando se le impone una forma de vida que no puede justificarse y que es humillante como hacerle convivir en condiciones que pueden sintetizarse en estar rodeado de materia fecal y orín propia y de otro, a punto tal de tenerla pegada en el cuerpo, tenerlos sectorizados e incluso encarcelados como puede verse de alguna de las fotos a los animales no humanos”.

Luego señaló que la impactó ver una de las fotos donde se ve el lugar que parece más una celda de una alcaidía que una habitación de una casa de familia.

La resolución

En este sentido, la jueza consideró que durante el juicio se había comprobado la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y que el contexto en el que vivían los animales constituía un acto de crueldad por la producción de un sufrimiento innecesario conforme el art. 3 inc. 7 de la Ley Nacional 14.346.

Para la jueza, los perros debían ser considerados como sujetos de derechos y dispuso la tenencia definitiva de cada uno dentro del núcleo familiar interespecie dentro del cual se encuentran en la actualidad.

Por último, dejó en suspenso la condena de 8 meses y fijó pautas de conducta al acusado, como asistir al Programa Protenencia, dependiente del Ministerio de Salud, a cargo del Dr. Juan Enrique Romero y realizar una capacitación que forme parte del Observatorio del “Vínculo Humano-Animal” de Argentina en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

Los 17 perros, por su parte, fueron rescatados y acogidos por distintas organizaciones no gubernamentales como “Callejero Casa Quiere”, “Red 4 Patas” y “Ayudacan” con el fin de darlos en adopción responsable.

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