En la causa “G., J. C. c/ Sancor Cooperativa de Seguros Limitada - Ordinario - Cumplimiento / Resolución de Contrato”, resuelta el 14 de agosto de 2026 por el Juzgado de 1ª Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de San Francisco, a cargo del juez Carlos Ignacio Viramonte, se hizo lugar a la demanda promovida por el beneficiario de una póliza de accidentes personales.

El caso tuvo origen en la muerte de L.N.C., ocurrida el 23 de abril de 2025, cuando circulaba a bordo de una motocicleta Honda Twister 250 cc por un camino rural. El deceso fue inmediato y el hecho se produjo apenas tres días después de la entrada en vigencia de la cobertura contratada.

Los términos de la póliza

Las condiciones particulares de la póliza preveían una suma asegurada de $80.000.000 por muerte accidental y un subsidio por fallecimiento de $1.632.576. Además, contemplaban cobertura para accidentes ocurridos mientras el asegurado circulaba o viajaba en vehículos particulares terrestres, incluso conduciéndolos.

La aseguradora rechazó el siniestro con fundamento en una cláusula que excluía “los accidentes que ocurran por estado de ebriedad o por estar el Asegurado bajo la influencia de estupefacientes o alcaloides”, tras conocerse un examen toxicológico positivo para cocaína y metabolitos.

Sin embargo, una pericia oficial concluyó que la detección de cocaína acredita un consumo previo, pero no permite determinar el momento de la ingesta ni afirmar que la persona estuviera afectada al momento del hecho. Los expertos remarcaron que “la sola detección analítica no permite establecer automáticamente que existiera deterioro psicomotor, alteración del juicio o disminución de la aptitud para conducir”.

Al hacer lugar a la demanda, el magistrado sostuvo que “la presencia analítica de cocaína no equivale, sin más, al estado de ‘influencia’ exigido por la cláusula 5 inc. d.” y precisó que “cocaína en sangre es un hecho probado”, pero que “estar bajo la influencia de cocaína al momento del accidente es un hecho distinto” que no fue acreditado por la aseguradora.

Normativa de defensa del consumidor

Además, la sentencia remarcó que el contrato de seguro constituía una relación de consumo y un contrato de adhesión. Bajo ese enfoque, las cláusulas ambiguas debían interpretarse en el sentido más favorable al consumidor, descartando una interpretación extensiva de la exclusión de cobertura.

La incertidumbre científica subsistente no puede operar en contra del beneficiario para tener por configurada una exclusión cuyo presupuesto fáctico correspondía demostrar a quien la invocó.

La conclusión asumida obedece a lo dispuesto en el art. 1095 del CCC, en tanto el contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor, aun cuando pueda sostenerse que existan dudas sobre la configuración de la cláusula.

Finalmente, el tribunal concluyó que la aseguradora no acreditó el presupuesto necesario para liberarse de su obligación. En consecuencia, condenó a pagar $81.632.576 más intereses y costas, al rechazar la defensa basada exclusivamente en el resultado toxicológico positivo.

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Condenan a la aseguradora y aclaran que un análisis toxicológico positivo no basta para excluir la cobertura