El Juzgado en lo Civil y Comercial de 43° Nominación de la ciudad de Córdoba condenó a una empresa dedicada a prestar servicios de asistencia (salud, hogar, viajes, entre otros) a reintegrar los gastos abonados y a pagar una indemnización por generar débitos automáticos durante más de un año en la tarjeta de crédito, por servicios que el titular del plástico no había contratado. Además, la firma deberá eliminar de sus registros cualquier tipo de información con la que contara, respecto al titular de la tarjeta de crédito.

En el caso “Nores Sonzini, Tomás Alejandro c/Integral Group Solution S.A. – Abreviado – Daños y Perjuicios”, el actor advirtió la existencia de un débito automático cuyo origen y causa desconocía y requirió información sobre la empresa que lo había generado.

Allí, descubrió que había sido dado de alta un servicio que no contrató, por lo que le envió una carta documento a la firma que había generado el débito, requiriéndole información, sin obtener respuesta.

Por esa razón, el consumidor tuvo que iniciar una acción de habeas data a tales fines, que fue tramitada y resuelta con anterioridad a este proceso civil. En aquel juicio, se condenó a la empresa a que brinde información respecto a los datos personales que de él ostentaba, incumpliendo con esa orden. Frente a ello, el actor debió iniciar una demanda por los daños y perjuicios.

La demandada se defendió argumentando que existió una comercialización telefónica y que cuando el cliente requirió la cancelación del servicio se le dio de baja y le reintegraron los montos percibidos.

La Ley de Defensa del Consumidor y la responsabilidad civil

Al analizar el expediente, para la magistrada Mariana Liksenberg correspondía determinar, en primer lugar, el régimen legal aplicable.

En segundo término, esclarecer si ha existido vinculación contractual alguna entre el actor y la demandada y, en su caso, cuáles han sido las condiciones de la contratación y si existió un accionar ilícito por parte de la accionada.

Finalmente, en caso de resultar procedente la pretensión del actor, determinar los daños reclamados respecto a su existencia, origen y cuantía, como así también la solicitud eliminación de los datos que consten en los registros de la demandada, referidos a la persona del actor. “Siempre que exista una relación de consumo en cualquiera de sus etapas, debe aplicarse el sistema de protección del consumidor, sin importar la existencia o no de un vínculo contractual”, agregó la jueza. Y remarcó que, en el ámbito del Derecho del Consumo se postula la necesidad de proteger, entre otros sujetos, a quienes son usuarios y adquieren cosas muebles no consumibles o utilizan servicios, y para garantizar ese fin tuitivo se toma como punto de partida el concepto de la relación de consumo, incorporado por la Constitución Nacional en su art. 42 (en la reforma de 1994), receptado en la ley 24.240 (art. 3º) y cristalizado actualmente en el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1092).

“Nos encontramos frente a una persona humana que demanda a una persona jurídica –la cual se dedica a la comercialización de servicios de asistencia- alegando que ésta utilizó sus datos personales en forma ilegítima, dando de alta a un servicio que no contrató, en virtud del cual se efectuaron cargos indebidos en su tarjeta de crédito”, explicó la jueza.

En el caso concreto, determinó que entre las partes existía una 'relación de consumo' y que era aplicable la Ley de Defensa del Consumidor.

También debía aplicarse el régimen de la responsabilidad civil, entendió, porque el actor solicitaba la reparación de los daños que la conducta de la entidad demandada le habría ocasionado.

Las pruebas

Al analizar las pruebas y escuchar la grabación de la llamada presentada por la demandada, la jueza valoró que quien efectuó la comunicación expresó: “el motivo del llamado simplemente es para poder informarle acerca de nuestro programa multiservicio que estamos brindando a los clientes del banco a través de un 0800 y es el número al cual se puede comunicar las 24 horas por cualquier consulta que Ud. tenga”.

La magistrada concluyó que del mensaje telefónico que se le transmitió al actor no surge de manera clara la existencia de una oferta que éste pueda haber aceptado. De este modo, no podían tomarse como aceptaciones las respuestas del actor, quien sólo confirmaba que lograba escuchar con dificultad –en parte-; lo que se le estaba intentando comunicar, pero jamás expresó su voluntad de suscribir contrato alguno.

La magistrada consideró que, pese a la inexistencia de contrato, la empresa igualmente generó cargos y débitos en la tarjeta de crédito del actor, aunque éste nunca le había proporcionado sus datos y que jamás le explicó cómo los había obtenido y como había logrado concertar dicha maniobra. Esto, pese a que se lo peticionó mediante una carta documento que no fue respondida, por lo que hizo lugar al reclamo del actor.

Los resarcimientos

En su sentencia, la jueza ordenó eliminar de los registros o bases de datos de la empresa demandada todo tipo de información referida al actor y, además, la condenó a reintegrar los gastos administrativos y prejurisdiccionales en los que había incurrido el demandante a raíz de esta maniobra e intereses.

Es que la demandada, luego de los reclamos, había devuelto las sumas indebidamente a un valor menor al que hubiese correspondido si se actualizaba.
A su vez, ordenó abonar una suma en concepto de daño moral para resarcir la preocupación, incertidumbre y desconcierto ocasionada al actor al momento de detectar débitos en su tarjeta de crédito por servicios no contratados.

También la empresa deberá pagar una multa por daño punitivo, ya que actuó con grave indiferencia a los derechos del consumidor y pretendió ampararse en una oferta telefónica deficiente y poco clara, lo que demostró un incumplimiento en el deber de información.

Accedé al texto completo del fallo:

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