El Juzgado de Paz Cuarta Circunscripción de Cipolletti hizo lugar a un pedido indemnizatorio por daños y perjuicios y daño punitivo contra una empresa que hostigaba a una persona y sus allegados por la presunta mora de una deuda (que ya había sido cancelada).

En el caso “Ñancupe, Joaquín Nazareno c/ Wenance SA. s/ menor cuantía”, el actor sacó un préstamo llamado “Luquitas”, vía online, a través de la página web de la empresa demandada, el cual consistía en $8.309, y que debía abonar en 6 cuotas de $3.714.

Indicó que terminó de abonar el total de las cuotas el 07 de octubre de 2021, a través de transferencias por Mercado Pago, por lo que solicitó el certificado de libre de deuda, el que no le fue brindado ni respondieron sus mensajes, llamadas, ni correos.

Un año después se comunicaron con él desde la empresa demandada informándole que mantenía una deuda. Así, indicó, comenzó un hostigamiento por mensajes y llamadas telefónicas hacia él y personas allegadas, frente a quienes quedó 'mal parado'. Agregó, tras esos hechos, algunas de esas personas decidieron no tener más contacto con él.

En ese contexto, se acercó a la oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Cipolletti, quien le gestionó el libre de deuda, pero le comunicó que estaba calificado como deudor en situación 5. Pero los mensajes de hostigamiento continuaron.

El actor remarcó que esta situación lo perjudicó económicamente porque no pudo obtener tarjetas de crédito ni créditos personales y de manera personal, ya que tuvo problemas en sus relaciones con terceros.

La defensa de la demandada

La demandada respondió que el actor terminó de cancelar la deuda el 27 de mayo de 2022, que no lo informó como deudor al Banco Central de la República Argentina, que le enviaron una nota manifestando que el crédito se hallaba cancelado y que jamás se comunicaron con ningún allegado.

Además, indicó que el actor no explicó adecuadamente cuál es el daño que reclama, ya que sólo manifestó que no pudo sacar tarjetas de crédito.

La sentencia de primera instancia

Al analizar el caso, el juez consideró que “se trató de un contrato electrónico de consumo regulado en el CCyCN en los arts. 1.105 y 1.106, pues es un contrato a distancia cuya celebración se perfecciona sin la presencia física de las partes contratantes y por intermedio de medios electrónicos. En consecuencia, es claro que el vínculo jurídico entre el actor y demandada se encuentra encuadrado en la relación de consumo regulada por los arts. 1092 y siguientes del CCyCN y la Ley 24.240 (LDC).”

En cuanto a las pruebas, el magistrado señaló que el actor acompañó capturas de pantallas de mensajes que les reenviaron sus allegados que les remitió la empresa demandada en donde les decían que si le podían avisar al actor que pague la deuda que tiene con ellos y que había un proceso judicial iniciado en su contra.

En ese contexto, señaló que la empresa demandada no aportó ningún elemento que permitiera esclarecer la cuestión y que adoptó una conducta contradictoria, lo que incumplía de esta forma con su deber previsto en el artículo 53 LDC.

La empresa demandada tenía el deber de suministrar la información cierta, objetiva, veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre los requerimientos del actor en cuanto al estado de su deuda, y no lo hizo, más específicamente respecto al libre deuda requerido. Sumado a que, el consumidor tiene el derecho, y los proveedores la obligación, de atención y trato digno, conforme lo establece el artículo 8 bis de la LDC y el 1097 del CCyCN, debiéndose garantizar tales condiciones absteniéndose de realizar conductas que generen al consumidor situaciones vergonzantes o intimidatorias.

Por ello, se tuvo por acreditado el hostigamiento hacía el actor, ya que el accionar de la empresa demandada se enmarcó en una violación a las disposiciones de la LDC, sobre derecho a la información y el trato digno que deben darse al consumidor y responsabilidad por daños.

Así, entendió que “los mensajes recibidos por el actor, y por personas de su entorno, son prueba irrefutable del incumplimiento de la ley en este aspecto”.

La condena

En cuanto al daño moral, el juez sostuvo que la cuestión del hostigamiento adquiere gran relevancia “pues tal conducta generó al consumidor situaciones vergonzantes o intimidatorias”.

Finalmente, la multa civil aplicada a la firma Wenance se adoptó como efecto disuasivo para que la demandada, a futuro, no repita su accionar.

De esta forma, el juez hizo lugar a la demanda y condenó a la empresa a abonar la suma $300.000 ($150.000 en concepto de daño extrapatrimonial y $150.000 por daño punitivo), más los intereses correspondientes.

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