En el caso “V. M. P. c/ Colegio L. I. I. S. J. s/ daños y perj. incump. contractual (exc. estado)”, los padres de un menor indicaron que desde el año 2013 su hijo comenzó a concurrir como alumno al Instituto demandado y que, desde el inicio de sus estudios en primer grado, comenzó a ser molestado por un compañero, quién lo acosaba física y psicológicamente. Esta situación, precisaron, continuó hasta el sexto año de la escuela primaria, cuando decidieron cambiar a su hijo de escuela, lo cual generó traumas y malestares en el niño.

Los padres detallaron las actuaciones que desplegaron como progenitores y las respuestas insuficientes del colegio, en cuanto a la falta de medidas serias en pos de prevenir, evitar y resolver la problemática, con los consecuentes daños en el niño.

En la demanda invocaron la normativa de Defensa al Consumidor aplicable al caso (ley 24.240) al igual que la existencia de un supuesto de responsabilidad objetiva en cabeza de la parte demandada, visto que los hechos dañosos ocurrieron durante el tiempo en que el niño se encontraba bajo la guarda del establecimiento educativo, ello en los términos de la ley 24.830; invocando la existencia de un deber agravado de seguridad en los términos del artículo 1767 del Código Civil y Comercial de la Nación y de la Ley de Defensa del Consumidor, sumando a ello el decreto 2299/11.

El apoderado del Arzobispado de La Plata contestó la demanda y solicitó que se tenga al Colegio L. I. I. S. J. (propiedad del Arzobispado de La Plata) y al Arzobispado de La Plata por presentados en legal tiempo y forma. Opuso excepción de falta de legitimación pasiva y en subsidio contestó demanda formulando negativas particulares y brindando su versión de los hechos.

El fallo de primera instancia hizo lugar al reclamo por daños y perjuicios contractual. Condenó al demandado a pagar en el plazo de diez días la suma de $480.000; aplicó a la suma de condena los intereses del 6% anual a liquidarse desde el 9 de octubre de 2019 y hasta la fecha del decisorio y de ahí en más la tasa pasiva más alta que establece el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.

Contra esta sentencia el Arzobispado de La Plata, en su carácter de propietario de la Institución Educativa, interpuso recurso de apelación.

Calificó que hubo ausencia de análisis sobre la inacción familiar ante los hechos sufridos por el menor. Alegó que los actores presentaron documentación de consultas o tratamientos en el año 2018, luego de 6 años de supuestos padecimientos.

Criticó que la sentencia recurrida ubique el período en el que sucedieron los hechos al denunciado por la actora (entre los años 2013 a 2018), pero al momento de la sana crítica mencionó pruebas aportadas referidas a los años 2015 a 2018, obviando el acompañamiento institucional realizado durante los periodos 2013 a 2015. Alegó que se hizo caso omiso a la situación de 3 años donde la familia no presentó manifestaciones o comunicaciones referentes a su hijo y la presunta vulneración de sus derechos.

Se quejó que la sentencia refiera a la inacción de su parte, cuando, desde su punto de vista, se encontraba probado que a partir del año 2015 hubo convocatorias a reuniones, supervisión áulica, comunicaciones con la familia del niño agresor y la conformación de convivencias.

La Cámara explicó que, de toda la prueba aportada a la causa, surgía que efectivamente el niño fue víctima intimidaciones y agresiones físicas y psicológicas en forma reiterada -no aislada- por parte de uno de sus compañeros de aula dentro del ámbito del Colegio demandado y dado que estos ataques persistentes en el tiempo le causaron daño, temor y tristeza al menor, se traduce en la efectiva configuración de bullying o acoso escolar en su contra (art. 384 CPCCN.).

Por lo tanto, para los jueces Leandro Banegas y Francisco Hankovits, acreditado el daño y su producción en el ámbito y bajo el control de la autoridad escolar, la institución educativa solo será eximida de responsabilidad ante la prueba del caso fortuito (art. 1767 CCyC).

“El bullying es un tipo de conflicto social que se desencadena en las instituciones educativas, en el que, a través de conductas psicológicas o físicas, se hostiga a un alumno en el marco del establecimiento, quebrantando su intimidad, avasallando su dignidad e inclusive violando sus derechos personalísimos”, explicaron los jueces.

“No modifica la configuración de acoso escolar las circunstancias alegadas en la queja de la demandada relativas a la fecha en la cual se dio inicio a las prácticas intimidatorias y violentas siempre que más allá de la cantidad de años por que sufrió el niño el lamentable proceso, se encuentra probado que no se trataron de hechos asilados sino de una serie de actos concatenados con el ese objetivo y llevados adelante por el mismo niño (art. 384 CPCCN.); máxime siendo que de los cuadernos de comunicaciones, actas y testigos declarantes en esta causa, se tiene por acreditado que el bullying del que fue víctima el menor sucedió desde el inicio de la escuela primaria y hasta sexto grado”, agregaron.

En ese punto, enfatizaron que, “si al celebrarse el contrato de enseñanza no se contempla el deber de resguardar la integridad física, psíquica o moral del alumno se traduciría en una actitud desaprensiva de quien tiene a su cargo un establecimiento educativo, pues no sólo tiene el deber genérico de no dañar, sino el específico y preexistente de adoptar las medidas de prevención, cuidado y vigilancia para preservar a los alumnos de los daños que puedan producirse durante la ejecución del contrato, cuyo desarrollo evidentemente comporta riesgos”.

De esta manera, para los magistrados, las estrategias utilizadas por el personal del colegio demandado resultaban insuficientes para la detección a tiempo y la solución de casos de bullying entre los alumnos.

“La responsabilidad del colegio demandado se encuentra acreditada pues las estrategias utilizadas por el personal resultan absolutamente insuficientes para la detección a tiempo y la solución de casos de bullying entre los alumnos pues no basta con llamados de atención, reflexiones, rezos e invocaciones a Dios, todas actividades y recursos válidos y valorables, pero de modo alguno aptos como únicas intervenciones para abordar el conflicto (art. 384 CPCCN.)”, enfatizaron.

Ante la posibilidad de que el daño al alumno provenga de otro alumno la responsabilidad del titular del establecimiento y del alumno es concurrente, respondiendo aquél en su calidad de organizador de la educación y éste como estudiante por el hecho propio por responsabilidad directa.

El titular del establecimiento educativo debe garantizar que si un alumno menor de edad que se halla o deba hallarse bajo el control de su autoridad escolar causa un daño a otro o él mismo sufre el perjuicio, responderá de las consecuencias y resarcirá al damnificado por el evento ilícito, remarcaron los magistrados.

“La omisión también es un factor trascendente de atribución de responsabilidad legal en el supuesto de hostigamiento escolar. Por todo ello, la institución educativa demandada es responsable directa por los padecimientos que ha sufrido S. en el ámbito escolar (art. 1767 del Código Civil y Comercial)” concluyeron los jueces.

En el artículo “La violencia escolar o el “bullying”, publicado en Temas de Derecho Administrativo, Javier I. Barraza explicó que “el bullying es el daño físico y psíquico que sufre un menor por parte de otro o de un grupo en el ámbito escolar (recreo, aula, transporte escolar, comedor, etc.)”.

“La violencia en el bullying es usualmente física. No obstante, puede ser verbal, social, sexual o por internet (ciberbullying)”, remarcó y destacó que “su detección es dificultosa porque los niños lo sufren en soledad y no lo manifiestan en el ambiente familiar”.

“Es conveniente que los docentes y los padres sean capacitados para detectar los indicios de esta problemática. Paradójicamente los padres y docentes no lo perciben, pero el acosador es quien rápidamente lo detecta como una persona débil y solitaria”, enfatizó.

Condenan a colegio por no tomar medidas para evitar el bullying que sufría un alumno