El Juzgado Federal n° 2 de Mendoza ordena indemnizar a una clienta cuyo inmueble, cubierto por una póliza contra incendio vinculada a un crédito hipotecario, no fue resarcido tras un siniestro.

En el caso “Brancato Francesconi, Silvia Alejandra c/ Nación Seguros SA y otro s/ cumplimiento de contrato”, la actora relató que el 14 de febrero de 2018, su vivienda, ubicada en la ciudad de Godoy Cruz, sufrió un incendio que la dejó inhabitable.

El inmueble estaba hipotecado en garantía de un crédito otorgado por el Banco de la Nación Argentina. Se encontraba, además, asegurada contra incendio mediante una póliza emitida por Nación Seguros S.A., compañía del mismo grupo económico que el banco.

Pero, al momento de acudir a la aseguradora, le informaron que la póliza no tenía cobertura financiera por falta de pago de la prima. Esta situación la llevó a iniciar una demanda civil por cumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Reclamó la suma de $2.250.000 en concepto de daño material (pérdida de chance y privación de uso del inmueble), daño moral y daño punitivo.

La postura de las partes

La actora argumentó que, al contratar el crédito hipotecario en 2005, se le impuso -sin opción a negociar- un seguro de incendio a ser abonado por débito automático desde su caja de ahorro en el propio banco.

Según explicó, jamás tuvo la posibilidad de elegir otra compañía ni controlar directamente los pagos, que quedaban a cargo del sistema bancario. Aportó extractos bancarios que demostraban saldos suficientes para cubrir las primas, incluyendo la correspondiente a febrero de 2018, mes en que ocurrió el incendio.

Según su demanda, la aseguradora incurrió en un 'abuso de posición dominante' al rechazar el siniestro. Más aún, cuestionó la falta de notificación sobre la supuesta suspensión de la cobertura. Alegó que fue víctima de un sistema cerrado e impuesto por el propio banco, donde los usuarios como ella no tenían margen de maniobra ni control efectivo sobre la gestión del seguro.

En tanto, la aseguradora planteó la excepción de prescripción y la falta de legitimación activa de la actora. Según su interpretación, la demanda fue iniciada fuera del plazo legal de un año previsto por el artículo 58 de la Ley de Seguros 17.418, y además sostuvo que la beneficiaria de la póliza no era la actora sino el banco, como acreedor hipotecario.

Además, insistió en que no se había acreditado el pago de la prima correspondiente al mes de enero de 2018. Explicó que, al no haberse informado una cuenta bancaria específica, el sistema funcionaba mediante cuponeras y que el débito automático dependía exclusivamente del Banco Nación.

Remarcó que la falta de pago era clara y que, conforme la cláusula 2 del contrato, la cobertura se encontraba suspendida al momento del siniestro.

También impugnó los rubros reclamados, al sostener sosteniendo que no había pruebas del daño sufrido, ni de que el inmueble estuviera efectivamente inhabitado, ni justificación suficiente para el daño moral y mucho menos para el punitivo.

El banco, por su parte, alegó que su rol fue meramente financiero y que la actora había contratado la póliza con Nación Seguros, una entidad jurídicamente distinta, por lo que no debía atribuírsele responsabilidad.

La sentencia

El Juzgado Federal n° 2 de Mendoza resolvió que, al tratarse de una relación de consumo, resultaba aplicable el plazo quinquenal del artículo 2560 del Código Civil y Comercial, y no el anual de la Ley de Seguros. Para ello se apoyó en el principio de protección del consumidor consagrado en los artículos 42 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

También rechazó la falta de legitimación activa, al considerar que, si bien el banco era beneficiario directo de la póliza como acreedor, la actora -como asegurada y consumidora- tenía legitimación suficiente para reclamar por el incumplimiento del contrato.

En cuanto al fondo, determinó que existía una clara relación de consumo entre la actora y ambas demandadas. Afirmó que la contratación del seguro no fue libre ni voluntaria, sino impuesta como cláusula accesoria del crédito, dentro de un sistema cerrado de comercialización del Grupo Nación. En consecuencia, el banco y la aseguradora fueron considerados solidariamente responsables.

Además, señaló que el débito automático fue gestionado por el Banco Nación y que este incumplió su deber de efectuar el cobro correspondiente a la prima de enero de 2018. En este sentido, agregó que, dado que la caja de ahorro de la actora contaba con fondos suficientes, la falta de pago no le era imputable a ella ya que parte su obligación era “tener los fondos para el débito de la alícuota respectiva, lo que hace presumir su buena fe'.

A la actora se le impuso por parte de las demandadas una modalidad de pago, tanto de las cuotas del crédito hipotecario como de la prima del seguro contra incendio. 'El banco mutuante, ante la falta de pago de la prima del seguro de incendio tenía diferentes posibilidades que surgen del Contrato de Mutuo Hipotecario', añadió el magistrado.

Destacó especialmente la 'conexidad contractual' entre el banco y la aseguradora, ambos integrantes del Grupo Nación, y la posición dominante ejercida por este conglomerado al estructurar una oferta cerrada sin margen de elección para el consumidor. En ese sentido, consideró que el sistema de cobro impuesto por débito automático sin control ni intervención efectiva de la asegurada, tornaba inoponible a la actora la falta de pago de la prima como causal de exclusión de cobertura.

Así, el magistrado reconoció la procedencia de los rubros daño material, privación de uso, daño moral y punitivo.

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