La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial condenó a una aseguradora a abonarle a un cliente al que se le había incendiado el auto la suma de $60.000 más intereses.

Para los magistrados, la empresa demandada no acreditó en el momento que hubiera cumplido con su deber de control ni que hubiera informado adecuadamente y de manera previa las causales para no efectuar el pago del monto asegurado.

En el caso “Bordón, Andrés Eduardo c/La Nueva Cooperativa de Seguros Ltda. s/Ordinario”, el actor inició una demanda en la que relató que las partes estaban unidas por un contrato de seguro que cubría -entre otros- el riesgo de destrucción total de su rodado.

Explicó que el vehículo se encontraba asegurado como remis, pero que no era utilizado en forma exclusiva y permanente como tal, y que su licencia de conductor no era de carácter profesional sino particular.

Denunció que el día 16 de agosto de 2013, mientras circulaba con su automotor por la ruta 24, percibió que desde la zona del capot salía humo, por lo que se detuvo en una estación de servicio a fin de controlar el incendio que se había producido en la unidad.

Señaló que el fuego provocó la incineración íntegra del motor y que denunció el hecho ante la accionada a fin de que le abone las sumas correspondientes a la destrucción total del automotor.

Pero la firma le notificó que no atendería el pago porque, si bien el vehículo estaba asegurado como remis, su licencia de conductor no era de carácter profesional, sino particular, cercenando una cláusula de las condiciones generales de la póliza.

Además, la empresa señaló que el vehículo fue adaptado para ser propulsado por gas natural comprimido (GNC) sin previo aviso, por lo que, conforme lo estipulado en otra cláusula del contrato, se producía la exclusión para la cobertura por incendio.

En ese punto, destacó que la variación hecha por el actor en el sistema de propulsión implicaba aumentar las posibilidades de sufrir un incendio, como de hecho ocurrió, y tiene incidencia directa en su producción.

Agregó que dicha circunstancia hubiera motivado una variación en el valor de la prima y, como no se hizo, se generó una desproporción entre el riesgo asumido por la aseguradora y el valor que por ello recibiría.

La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda. En relación con la ausencia de registro profesional habilitante, concluyó que la defensa resulta improcedente porque la causa del siniestro no obedece a la ausencia de tal registro, sino al incendio que se produjo en el sector de correas del automotor.

Y respecto a la defensa esbozada en torno a la instalación del equipo de GNC, afirmó que la misma fue planteada en forma extemporánea, por lo que le imputó responsabilidad por incumplir con la obligación de pago oportunamente asumida. Al poco tiempo, apeló la aseguradora.

Los camaristas de la Sala F, Rafael F. Barreiro, Ernesto Lucchelli y Alejandra Tévez, comenzaron explicando que “la exclusión de cobertura o no seguro importa la limitación de un riesgo o su exclusión. Ello significa que, al no entrar en las provisiones contenidas en el contrato, el asegurador no se halla obligado a garantir”.

“Lisa y llanamente el asegurado carece de derecho a exigir el pago de las consecuencias dañosas de un siniestro porque el evento no se halla cubierto contractualmente, no ha sido tomado a su cargo por el asegurador y, por ende, no percibió prima por él”, agregaron.

En este supuesto se origina una falta de cobertura o “no seguro” porque el riesgo se halla formalmente fuera de la garantía dada en la póliza respectiva. La “exclusión de cobertura”, en tanto defensa anterior al siniestro, es oponible al asegurado.

Para poder excluir la cobertura, consideraron que la demandada, que se dedica profesionalmente a contratar seguros, debió extremar los cuidados necesarios para la celebración del contrato, es decir, constatar que el demandante contara con el registro habilitante para la clase de rodado que se aseguraba.

De esta manera, estaba claro que la aseguradora incumplió con su deber de control, obrado de manera poco profesional y negligente, y que el incumplimiento atribuido al actor no fue el que provocó el siniestro.

Respecto a la defensa referida a la omisión del actor de denunciar ante la aseguradora la instalación del equipo de gas comprimido, consideraron que era extemporánea porque el art. 56 de la Ley de Seguros exige que el asegurador se manifieste en términos claros y explícitos y que, en su caso, informe con toda precisión la causa por la que se pronuncia en contra del reconocimiento del derecho del asegurado.

“De lo contrario, esto es, si el asegurador guarda silencio, o si su pronunciamiento no es explícito respecto de las razones por las cuales rechaza el siniestro, su responsabilidad debe tenerse por aceptada en los términos de la norma mencionada”, destacaron.

En este caso, la compañía de seguros expuso que recién al recibir la demanda incoada en su contra se anotició de que el vehículo en cuestión fue adaptado para ser propulsado por gas natural comprimido con posterioridad a la celebración del contrato.

Para los magistrados, la recurrente pudo constatar ello con anterioridad y denunciarlo oportunamente, y sin embargo no lo hizo.

Si ella consideraba que debía rechazarla, era su carga revisar el rodado y alegar la causa de exclusión dentro del plazo fijado por ley, so pena de no poder hacerlo eficazmente en el marco del juicio que eventualmente se planteara entre las partes con posterioridad.

“Se ha dicho, en este sentido, que el pronunciamiento in tempore es requisito de admisibilidad de las defensas del asegurador contra el reclamo de su asegurado, en términos tales que, si la compañía ha dejado trascurrir ese plazo sin pronunciarse, no le es jurídicamente dable oponer ninguna resistencia al progreso de la acción”, explicaron los magistrados.

En el caso, la demandada incurrió en tal omisión, por lo que se impone concluir que ella aceptó tácitamente su responsabilidad, sin que, frente a esa conducta, sea admisible su pretensión de valerse de las defensas que opuso al contestar la acción. De esta manera, confirmaron la condena impuesta en primera instancia.

Diego Sebastián González Vila, colaborador de Erreius, explica que “la exclusión de cobertura o no seguro importa la limitación de un riesgo o su exclusión, la aseguradora desde un inicio no se obligó a garantir un determinado riesgo porque no estaba previsto en el contrato”.

Según indica el experto, en esos casos “no se examina la culpa en que haya incurrido el asegurado, pues la exclusión de cobertura no es una hipótesis de sanción. El asegurado carece de derecho a exigir el pago de las consecuencias dañosas de un siniestro porque el evento no se halla cubierto contractualmente, no ha sido tomado a su cargo por el asegurador y, por ende, no percibió prima por él”.

Pero advierte que “la exclusión del riesgo se debe hallar formalmente establecida por la ley o estipulada expresamente en la póliza y recae sobre el asegurador, la prueba de los presupuestos de hecho de la norma extintiva que invoque como fundamento de su defensa, o sea, el incumplimiento de la carga”. Si no lo hace, la aseguradora deberá pagar.

Accedé al texto completo del fallo:

Condenan a aseguradora por no explicar las causas de exclusión de cobertura