La Cámara en lo Civil y Comercial de 7° nominación de la Ciudad de Córdoba confirmó una condena contra una aseguradora que generó cargos indebidos en tarjeta de crédito por servicio no solicitado, elevó el monto del daño punitivo y agregó intereses moratorios al daño emergente.

En el caso “Olmedo, Ernesto Alejandro c/ BBVA Seguros Argentina SA - Abreviado - Otros - Tram. Oral”, el titular de una tarjeta de crédito inició una demanda por daños y perjuicios contra la empresa BBVA Seguros Argentina S.A, tras advertir 72 transacciones no autorizadas en su resumen de cuenta (estas se desglosaban en seis operaciones mensuales durante un año). Al averiguar de que se trababa, se dio cuenta que esos movimientos estaban relacionados con un servicio que no había solicitado, el cual generó cargos indebidos.

Explicó que no sabía cómo llegó a ser cliente de la demandada y afirmó que no tuvo la intención de contratar ningún producto ni servicio de ella.

Luego añadió que, ante la falta de respuesta extrajudicial satisfactorio, inició un reclamo para solicitar el resarcimiento por daño emergente, consistente en el reintegro de los montos indebidamente cobrados, actualizados desde la fecha en que cada uno fue abonado por su parte, daño moral y daño punitivo.

El fallo de primera instancia y las apelaciones de las partes

El juez de primera instancia hizo lugar a una demanda y condenó a la firma a restituir los montos indebidamente cobrados como así también a pagar una suma de dinero en concepto de daño moral y punitivo. Dicha resolución fue apelada por ambas partes.

La aseguradora se defendió argumentando que el actor concurrió ante la Asociación de Consumidores, y que se le requirió que se lo intimara a informar sobre la causa, motivo y razón de los débitos producidos; y que, tras esa solicitud, decidió anular todos los contratos y que ofreció restituir el 100% de la suma debitada.

Agregó que la respuesta de la parte actora fue negativa. En ese lineamiento, sostuvo que “el sentenciante olvidó los motivos de procedencia del daño punitivo, ya que no solo debe tratarse de un simple hecho de incumplimiento contractual, sino que este debe ser grave”.

Así, indicó que “para la aplicación del daño punitivo se requiere: 1) conducta deliberada, culpa grave o dolo, negligencia grosera, temeraria, actuación torpe cercana a la malicia; 2) la existencia de un daño individual o de incidencia colectiva; 3) requiere trascendencia social, repercusión institucional”. Y, frente a esas condiciones, consideró que ninguna de ellas se verificó en el caso.

Por su parte, el actor expresó que la sentencia omitió establecer los intereses y actualización del rubro daño emergente a los fines de mantener incólume el contenido económico de la condena. En cuanto al rubro daño punitivo, entendió que el monto fijado resultaba insignificante y frustraba insalvablemente la finalidad del instituto.

Señaló que la sentencia, en forma correcta, consideró cómo la empresa violó el estatuto consumeril de muchas formas diferentes, pero sin embargo, boicoteó su propia resolución al imponer una multa de tan escasa cuantía: la suma de $150.000.

En ese lineamiento indicó que a finales del año 2022 con el dictado de la ley de Presupuesto de la Administración Nacional se modificó el artículo 47 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, y con ello el régimen de sanciones a las empresas previsto específicamente y sus cuantías.

El artículo 47 inc. b establece que la multa será de cero coma cinco (0,5) a dos mil cien (2.100) canastas básicas total para el hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

Entendió que, todo ello no hace otra cosa que confirmar la permanente evolución del instituto hacia cuantificaciones que permitan hacer posible su principal objetivo: la disuasión de las conductas indeseadas por la norma, por lo que solicitó una readecuación de la cuantía del rubro daño punitivo tomando en cuenta el actual valor de la canasta básica total.

El fallo de la Cámara y los daños punitivos

Los jueces Jorge Miguel Flores, Rubén Atilio Remigio y Jorge Eduardo Arrambide explicaron que, en el juicio, se demostró que los seguros fueron activados sin el consentimiento ni el conocimiento del demandante. Entre otras cuestiones, se probó que las pólizas carecían de su firma. Además, la empresa no aportó evidencia que explicara cuándo y cómo o por qué medio el consumidor habría requerido dichos seguros.

Según el tribunal, estas inconductas pusieron de relieve el incumplimiento del proveedor del deber de información y trato digno, así como su falta de colaboración para esclarecer la situación planteada y su desinterés en buscar una solución real.

La resolución de la Cámara destacó que “a pesar de las distintas oportunidades que tuvo la demandada para dar una respuesta acabada y una solución íntegra al reclamo del actor, se mantuvo incumplidora de sus obligaciones escapando a las reglas y principios de buena fe; por el contrario, se valió de su posición dominante para ejercer abusivamente de sus derechos”.

En cuanto a la determinación del monto del daño punitivo, aplicaron la unidad establecida por la nueva normativa que remite al valor de la canasta básica, según los informes publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (Indec). Por mayoría, decidieron elevar la multa al valor equivalente a seis canastas básicas.

La aplicación de los daños punitivos

En el artículo “La buena fe como fundamento para la aplicación del daño punitivo y los principios de la responsabilidad civil”, publicado en Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio de Erreius, Carla M. Kott explicó que “la solicitud de los daños punitivos no se basa en una indemnización, como lo son los rubros de la cuenta indemnizatoria de una demanda, ellos cumplen la función de prevención, de que los proveedores no vuelvan a cometer la conducta antijurídica basada en el incumplimiento debido”.

“El artículo 52 bis de la ley 24240 tiene una doble la función: coercitiva y preventiva, es decir, multar y prevenir; esta última se da en nuestro cuerpo normativo, el Código Civil y Comercial de la Nación, en sus artículos 1708 y 1710, que hacen plena referencia a las funciones de la responsabilidad civil que hoy tenemos. Nos hablan de prevenir y reparar, es decir, adelantarnos al daño antes de que suceda y así poder evitarlo, y si esta acción no pudo ser concretada, debemos repararlo, es decir, aplicarle la sanción al sindicado como responsable”, enfatizó y remarcó que “a través de la función punitiva/sancionatoria, se trata de sancionar, penar al sindicado como responsable de causar un daño”.

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