La Sala I de la Cámara Civil y Comercial de Tucumán revoca la sentencia que no hizo lugar al pedido de apertura de concurso preventivo formulado por una persona jubilada y resuelve tener por satisfechos los requisitos establecidos por el artículo 11 de la ley de concursos y quiebras, al considerarse que el reconocimiento de un estado de sobreendeudamiento, sumado a la prueba documental y la condición de hipervulnerabilidad de la actora resultaban suficientes para admitir el pedido de apertura del concurso preventivo.

Hechos

El Juez de primera instancia resolvió no hacer lugar al pedido de apertura de concurso preventivo formulado por la actora al afirmar que luego de concedida la medida cautelar el proceso estuvo paralizado con lo que habría operado con creces el plazo de caducidad preconcursal previsto en el art. 277 Ley 24.522 y expresó que previo a la inactividad que motivó la paralización de los autos, se solicitó a la actora la presentación de un informe actualizado de créditos adeudados, pagos efectuados y estado de deuda en virtud de lo requerido en el inc. 3 del artículo 11 Ley 24.522.

Indicó que, dos años después de dicho requerimiento, la actora acompañó escrito en el cual indicó que de la mayoría de los créditos que adeuda no posee documentación alguna que respalde las deudas contraídas y que le han aplicado tasas de interés usurarias, sin detallar los saldos ni los intereses que menciona, efectuando una estimación del capital adeudado en la suma de $841.000, más pagarés y mutuos que podrían encontrarse duplicados y que desconoce su existencia.

Resaltó que la peticionante omitió acompañar una nómina de acreedores con indicación de sus domicilios, montos de los créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores o terceros obligados, responsables y privilegios, así como un legajo por cada acreedor con copia de la documentación que sustente la deuda denunciada; la existencia de procesos judiciales o administrativos de carácter patrimonial o con condena no cumplida con indicación de su radicación.

Fundamentos de la sentencia de Cámara

El Tribunal considera que el art. 277 de la Ley 24.522, invocado por el Sr. Juez en la resolución impugnada, expresa que ' No perime la instancia en el concurso. En todas las demás actuaciones, y en cualquier instancia, la perención se opera a los tres meses', por lo que para el caso de que se dispongan medidas previas o complementarias sin fijar plazos perentorios al efecto (como ocurrió en la especie), en los procedimientos previos a la apertura concursal, es alcanzado por la imposibilidad prescripta por la norma citada y no puede perimir, desde que ya se encontraba en estado de dictar sentencia.

Asimismo, entiende que el tratamiento del pedido de apertura del concurso preventivo del propio deudor por sobreendeudamiento, exige el análisis del ordenamiento positivo vigente con el esfuerzo de procurar interpretar el ordenamiento jurídico como un todo armónico y coherente (conforme art. 2 CCyCN) en busca del equilibrio entre sus distintos principios y reglas para dar solución al conflicto.

Dicho esto y siendo varios los intereses en juego, el debate enlaza la finalidad de los procedimientos concursales, con el complejo tema del sobreendeudamiento de la persona humana y, muy particularmente, aquel con los acreedores.

En este sentido, el art. 11 de la ley de concursos y quiebras establece los recaudos que debe cumplir quien pide su concurso preventivo e incluye diversas realidades tales como las empresas de gran envergadura económica, así como los pequeños comerciantes y aún las personas humanas que no ejercen actividad económica alguna.

De la prueba aportada si bien no surge de autos el salario actual de la peticionante, el importe del que puede disponer una vez efectuados los descuentos en su cuenta sueldo, resulta ser sustancialmente inferior al salario mínimo vital y móvil vigente en la actualidad; a lo que se suma el desfasaje económico que vive el país como consecuencia de la inflación, la aplicación de altas tasas de interés y los pagos efectuados a través de descuentos pre acordados (sin poder acceder a la toda la información y documentación respaldatoria acerca de su estado real de endeudamiento) permite concluir que se trata en el caso, de un consumidor hipervulnerable.

Finalmente concluye que el reconocimiento de un estado de sobreendeudamiento que se remonta a la fecha de la presentación de la demanda, sumado a la prueba documental acompañada y la condición de hipervulnerabilidad, sin advertirse que dicho estado de cesación se haya preparado con una concentración de deudas contraídas inmediatamente antes de la petición, ni que la peticionante haya utilizado el sistema concursal en un modo que pueda considerarse abusivo ni reñido con el fin último de la ley, resulta suficiente para admitir el pedido de apertura de concurso preventivo.

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