Por: Nicolás Antiporovich

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989 con el propósito de desarrollar políticas y normativas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Compuesto por más de 30 países miembros, el GAFI establece estándares y mejores prácticas que los países deben adoptar para evitar que sus sistemas financieros se utilicen para actividades ilícitas.

La influencia del GAFI se extiende globalmente, ya que, mediante sus evaluaciones, monitorea los esfuerzos de cada nación para implementar controles efectivos y colaborar con otras jurisdicciones en la lucha contra delitos financieros.

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Periódicamente, el GAFI realiza evaluaciones a sus países miembros. Obtener una buena calificación es esencial pues facilita el acceso a la banca internacional y a inversiones extranjeras, demostrando que su sistema financiero es seguro y transparente.

Aquellos países que no cumplen con las recomendaciones del GAFI pueden ser incluidos en listas de alto riesgo (como la “lista gris” o la “lista negra”), lo cual genera restricciones y sanciones económicas que afectan su economía y su relación con otras naciones.

Venezuela, Haití, Croacia, Mónaco, Nigeria y Namibia son algunos países que se encuentran actualmente con calificaciones negativas por el GAFI.

Con relación a esto, acaba de conocerse una buena noticia para Argentina. Es que el organismo internacional, luego de un extenso proceso evaluatorio, decidió aprobar el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, que había comenzado en septiembre de 2023.

Ese proceso incluyó una visita presencial de observadores en marzo, que estuvieron presentes en el territorio nacional durante tres semanas. En ese período mantuvieron reuniones con funcionarios públicos y actores económicos del sector privado. Esencialmente, la evaluación consistió en valorar si Argentina acata las recomendaciones para la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.

A pesar de que inicialmente todo parecía ir bien encaminado, pasada la mitad de año se conoció que las noticias no eran tan buenas para el gobierno.

De todos modos, la votación final dio resultados positivos que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, atribuyó “al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei”.

Al GAFI le importan Bitcoin y las criptomonedas

Entre las recomendaciones del GAFI que deben acatar los países miembros y trasladar a sus legislaciones locales, hay algunas relacionadas con los activos digitales.

Básicamente, estas indicaciones están pensadas para identificar a los usuarios de criptomonedas que emplean exchanges, e investigar aquellas operaciones que por uno u otro motivo puedan ser consideradas sospechosas.

En línea con esto, el gobierno de Javier Milei impulsó la creación de un Registro de Proveedores de Servicios con Activos Virtuales (PSAV) bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Actualmente hay poco menos de un centenar de entidades registradas, entre las que se incluyen conocidas plataformas como Binance, Ripio, SatoshiTango, Buenbit, Fiwind, Belo y Cocos Crypto.

Si bien la implementación de estas normativas ha causado algún malestar en la comunidad bitcoiner (por considerarlas un avance que restringe la privacidad o, quizás, ciertas libertades individuales) lo cierto es que van alineadas con normativas financieras ya presentes en otras áreas, como la industria bancaria o las fintechs.

La 'Regla de viaje', un estánder mundial del GAFI

Una de las medidas más relevantes (y, en ocasiones, polémica) solicitadas por el GAFI a todos sus países miembros ha sido la implementación de la 'regla de viaje' (Travel Rule), la cual exige a los PSAV recolectar y compartir entre ellos información de sus usuarios en ciertas transacciones.

La regla exige que se obtengan y transmitan los nombres, números de cuenta y detalles de identificación de los participantes en transferencias que superan ciertos montos.

Este estándar, ya aplicado en la industria bancaria para transferencias electrónicas, busca que las criptomonedas no faciliten actividades ilegales, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

La aplicación de la regla de viaje ha generado una respuesta variada en el ecosistema de criptomonedas.

Algunos actores consideran que estas medidas representan un avance hacia la aceptación y formalización de los activos digitales en los mercados financieros, mientras que otros las ven como una amenaza a la privacidad y la autonomía de los usuarios, pilares fundamentales del movimiento “cripto”.

No obstante, nada indica que el GAFI vaya a detenerse en su plan de armonizar estándares para que el sector cumpla con las mismas normativas que otros instrumentos financieros tradicionales.

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