La Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial II de Comodoro Rivadavia confirmó un fallo de primera instancia que había otorgado una compensación económica de 35 millones de pesos a una mujer por el desequilibrio económico que se le había generado tras el divorcio.

En el caso 'R. C. c/ H., N. A. s/ Determinación de Compensación Económica', la actora explicó que la pareja convivió desde 1997 y contrajo matrimonio en 2002, manteniéndose unida por más de 18 años. Durante ese tiempo, tuvieron dos hijos, quienes ya eran mayores de edad al momento del litigio.
Al inicio de la relación, señaló que ambos eran autosuficientes económicamente. Ella trabajaba en un estudio jurídico y posteriormente en el sector público, mientras que su entonces marido desarrollaba un emprendimiento gastronómico, el que creció significativamente. Añadió que, durante el matrimonio, redujo su jornada laboral para dedicarse al cuidado de los hijos y al apoyo de los proyectos familiares. En contraste, sostuvo que el demandado continuó desarrollando su actividad comercial, logrando una posición económica acomodada.

Tras el divorcio, la mujer sostuvo que enfrentó dificultades para reinsertarse en su carrera profesional, mientras que su exmarido mejoró aún más su situación económica. En este contexto, solicitó una compensación económica de $768.400 inicialmente, basándose en el artículo 441 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Compensación económica: el fallo de primera instancia

La jueza de primera instancia evaluó la contribución de la actora al proyecto familiar y el impacto de la distribución de roles en su situación económica
Tuvo en cuenta que la pareja convivió por más de 18 años, primero en unión convivencial y luego en matrimonio, que, durante ese tiempo, la mujer desempeñó un papel significativo en el sostenimiento del hogar y la crianza de los hijos, lo que afectó su desarrollo profesional.

Además, consideró probado que, tras la ruptura, la actora quedó en una posición económica desventajosa en comparación con el demandado. Y atribuyó este desequilibrio directamente a la dinámica de la relación y la posterior disolución del vínculo.

Para fijar la compensación, la jueza aplicó la perspectiva de género, reconociendo las desigualdades estructurales que suelen afectar a las mujeres en contextos similares. Esto incluyó el reconocimiento del valor económico de las tareas de cuidado y el impacto de estas en la autonomía económica de la actora.

Al momento de cuantificar la compensación, tuvo en cuenta el nivel de vida mantenido durante el matrimonio, los sacrificios realizados por la actora y el tiempo estimado para su reinserción laboral. Así, consideró que debía fijarse en $35.000.000.

La parte demandada apeló la resolución. Sostuvo que la sentencia no se sustentó en pruebas producidas en la etapa procesal correspondiente y remarcó que el fallo consideró la compensación económica como una 'sanción de género' y no como resultado de las probanzas. Añadió que la actora ingresó al matrimonio sin bienes y que, tras el divorcio, recibió bienes muebles e inmuebles, por lo que no habría un desequilibrio económico manifiesto. Desde su punto de vista, la magistrada sobrevaloró la perspectiva de género al considerar a la actora como parte débil, por lo que consideró que la suma fijada como compensación económica era arbitraria y desproporcionada.

La sentencia de la Cámara

Los jueces Manuel Pis Diez, Fernando Nahuelanca y Verónica Robert sostuvieron que la compensación económica tiene como objetivo equilibrar el desequilibrio manifiesto generado por el vínculo matrimonial y su ruptura, conforme al artículo 441 del Código Civil y Comercial de la Nación. En ese andamiaje, entendieron que se acreditó que la actora sufrió un perjuicio económico al reducir su jornada laboral y modificar su proyecto profesional para atender a las necesidades familiares.

“La decisión de la actora, aun cuando fuera implícitamente acordada entre los esposos, representó una postergación de su profesión, que a la postre representó su dificultad de inserción laboral, dada la edad y a su vez los costos de montar un estudio jurídico propio, y a su vez, benefició al demandado, sea por su participación en el negocio en forma directa o sea por la mayor dedicación de la actora a la atención de la prole conjunta, que representó más tiempo de dedicación disponible para el fin comercial para el otro consorte”, explicaron.

Sobre el argumento de que ella obtendrá bienes materiales producidos durante la unión o el matrimonio, destacaron que ello “no invalida la existencia de esta desigualdad, ya que, a pesar de gozar de bienes materiales en su patrimonio, es la mujer y no el demandado, quien ha quedado ubicada en una situación desventajosa con motivo de su divorcio: no solo no puede insertarse profesionalmente de manera útil e inmediata, sino que ya no gozará de los beneficios económicos del negocio familiar en cuyo crecimiento colaboró durante la relación”.

En cuanto a la crítica sobre las probanzas, señalaron que las testimoniales y documentales confirmaron que la actora contribuyó significativamente al proyecto familiar y que el demandado se benefició económicamente tras el divorcio.

Sobre la aplicación de la perspectiva de género, indicaron que fue adecuada y está alineada con los compromisos constitucionales e internacionales de igualdad.

El monto de la compensación económica

En cuanto a los cuestionamientos por la cifra otorgada, la que le permitía a la actora reconstruir su proyecto de vida en condiciones más equitativas, los jueces destacaron que “el apelante expresa su mera disconformidad, mas no ataca el fundamento claro y concreto dado por la jueza a quo, esto es, habilitada la procedencia de la compensación, fijar una suma de dinero que le permita a la actora compensar, equilibrar lo desbalanceado por el vínculo y su ruptura”.

“En función de ello procedió la juzgadora a otorgar incluso una suma inferior a la que inicialmente fuera solicitada -sobre la base de parámetros identificados en la demanda que no fueron controvertidos por el accionado-, tomando su equivalencia actual según actualización del Indec y readecuándolo de acuerdo a su prudente arbitrio”, concluyeron.

De esta manera, confirmaron la sentencia apelada y se rechazaron los agravios presentados por la parte demandada.

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