Por Gabriela Yuba

Abogada. Magíster en Minoridad

Introducción

El fallo dictado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en los autos “P, M. D. L. P. c/B., J. J. s/fijación de compensación económica - arts. 441 y 442, CCyCo.”, junto con el voto en disidencia del Dr. Rodríguez, resulta interesante como disparador para analizar algunas cuestiones en torno a la compensación económica como proceso principal y a la suerte de la compensación económica provisoria dictada como cautelar, con relación al impacto de la caducidad de instancia decretada en el proceso principal.

En el presente comentario, plantearemos algunos aspectos conceptuales que consideramos esenciales a los efectos de un justo equilibrio en el abordaje de un instituto nuevo, como es la compensación económica o prestación compensatoria, para arribar a una solución justa y equitativa, en términos de los actuales paradigmas instalados en el Código Civil y Comercial (CCyCo.).

Antecedentes fácticos. La sentencia de Cámara

El caso tiene como antecedente la declaración judicial de perención de instancia, peticionada por el demandado en un proceso de compensación económica, donde se había dictado, en su oportunidad, una compensación económica provisoria, con carácter cautelar. Esta consistía en el pago de una renta de 5.000 dólares mensuales o su equivalente a pesos a la cotización oficial tipo vendedor del día de pago (del 1 al 5 de cada mes) durante el plazo de 40 meses o hasta el dictado de la sentencia definitiva, si esta se hubiera dictado antes.

Ante la perención de instancia decretada, la parte demandada solicitó el reembolso de lo hasta entonces abonado como compensación económica cautelar.

Ese pedido es rechazado por la jueza de Primera Instancia y es apelado por el demandado.

La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de Primera Instancia.

Sobre el voto mayoritario

La Cámara decidió que no puede la caducidad de la instancia decretada retrotraer los efectos consumados por una medida cautelar decretada en el juicio principal sobre compensación económica. Sostuvo que el dictado de la cautelar tuvo por fundamento restablecer el equilibrio de uno de los cónyuges como una forma de prevención de un daño mayor.

Por otro lado, sostuvo que, de devolver las sumas oportunamente desembolsadas, se colocaría a la ex cónyuge en una situación de mayor desequilibrio económico y de vulnerabilidad superior a la que se intentó proteger por vía cautelar. Además, expresó que no puede ser juzgado el caso por la mera aplicación del derecho procesal y de fondo en la relación acreedor-deudor, sino que debe “…ser matizado bajo los parámetros superadores que aporten elementos significativos para la dignidad personal de la beneficiaria de una medida de las características de la que quedó vigente en el proceso…”. Considera que son razones de equidad las que llevaron a sostener que resultaba probada la verosimilitud del derecho para la procedencia de la prestación compensatoria provisoria y que, por lo tanto, la devolución o reembolso peticionada por el demandado implica empeorar la situación que se intentó tutelar a través de la renta mensual provisoria.

Impera el criterio de que no puede abordarse el tema como una mera cuestión de orden patrimonial y creditorio, sino que se debe analizar toda la situación familiar y el contexto.

De allí que concluya que corresponde desestimar la apelación intentada por el demandado y confirmar sentencia de Primera Instancia.

Sobre el voto en disidencia (Dr. Rodríguez)

En un interesante voto en disidencia, el Dr. Rodríguez realiza un análisis de la naturaleza de la compensación económica y manifiesta que no obstante contar con características de figuras como alimentos, daños y perjuicios y enriquecimiento sin causa, ello no implica que su naturaleza jurídica se subsuma en la de aquellas.

Sostiene que no pueden asimilarse al carácter alimentario, la renta periódica mensual “a cuenta de lo que en definitiva resulte de una eventual compensación económica”, dado que no se conjuga con la naturaleza jurídica de la compensación económica. Así en análisis integral, el Dr. Rodríguez expresa que es en el marco de un proceso de compensación económica que se otorgó la medida cautelar y que se afecta el principio de congruencia considerar que la misma tiene carácter alimentario. De modo que, habiendo fenecido la acción principal, también la medida cautelar terminó con ella, lo que deriva en la devolución de los montos percibidos cautelarmente. Caso contrario, se trataría de un pago sin causa.

Por último, considera que ante la finalización del proceso por caducidad de instancia no se pudo realizar la valoración del progreso de la demanda de compensación económica. No se probó la relación causal de la ruptura del matrimonio y el desequilibrio económico, por lo que corresponde, según su criterio, admitir el recurso de apelación y ordenar la devolución de las sumas percibidas por la actora.

Y además:

Nociones conceptuales: Compensación económica; alimentos posteriores al divorcio; perspectiva de género
A modo de conclusión

Este artículo forma parte de la publicación 'Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética', exclusivo para suscriptores de Erreius

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Compensación económica provisoria y caducidad de la instancia del proceso principal