En materia laboral, uno de los cambios que trajo la ley de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, fue la incorporación de una nueva causal de despido relacionada con la participación en bloqueos o tomas de establecimientos; obstrucción del ingreso o egreso y la afectación de la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza.

La ley 27742 mantiene intactos los 2 primeros párrafos del artículo 242, LCT, y luego incorpora directamente una nueva causal objetiva de injuria, una nueva figura de despido a la que se le otorga el nivel de “grave injuria”, es decir, aquella que impide la continuidad del contrato de trabajo.

¿A qué se refiere la normativa con “bloqueos o toma” y “establecimientos”?

En su artículo '¿Cómo es el despido con causa por bloqueos o toma del lugar de trabajo luego de la modificación de la ley de bases?', publicado en Liquidación de Sueldos de ERREPAR, Pablo Figueredo indica que “según la Real Academia Española, bloquear se refiere a “obstruir o cerrar el paso”, “impedir el funcionamiento normal de algo”, mientras que el verbo tomar indica “...ocupación por la fuerza...”, entre otros sinónimos”.

Y añade que “el artículo 6 de la LCT precisa que “se entiende por ‘establecimiento’ la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones””.

En otras palabras, se refiere al lugar donde los trabajadores prestan tareas, que, en la mayoría de los casos, puede ser en conjunto con la administración de la empresa.

Presunción a favor del empleador

También se incorpora como novedad una presunción a favor del empleador, en tanto el propio art. 242 dice:

“Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa:

a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas;

b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento;

c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente”.

¿Qué sucede con el derecho constitucional de huelga?

Figueredo indica que “la huelga puede definirse como una medida de acción directa que se traduce en la abstención colectiva y concertada del deber de trabajar con el objetivo de reivindicar derechos laborales de naturaleza colectiva, cuyo ejercicio se reserva a una entidad sindical con personería gremial”.

Y recuerda que la participación de la huelga debe ser, con la precondición de la declaración colectiva por parte de la entidad gremial organizada de forma “libre y democrática”, un acto de adhesión personal de cada uno de los dependientes.

Es decir que el trabajador tiene libertad para ejercer el derecho subjetivo de no adherirse a la medida de acción directa y cumplir con sus funciones y actividad laboral para su empleador.

¿Qué indica el nuevo protocolo de actuación policial?

Por medio de la Resolución 901/2024 (BO: 9/9/2024), el Ministerio de Seguridad estableció un Protocolo de actuación frente a bloqueos de empresas, a fin de contribuir a la protección de la normal actividad de las empresas que pudieran sufrir una merma o parálisis de su producción a causa de acciones que impidan, dificulten o amenacen, de forma actual o visiblemente inminente, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías a sus instalaciones.

Y determinó que los bloqueos podrán ser denunciados telefónicamente, por WhatsApp o por correo electrónico.

Una vez recibida dicha denuncia, el Ministerio de Seguridad evaluará su verosimilitud y entidad; y, de corresponder, instruirá el despliegue de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales más próximas a fin de que hagan cesar el bloqueo y restablezcan el normal ingreso y egreso de personas, vehículos o mercaderías en el establecimiento afectado.

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