La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín y aplazó, por el plazo de 6 meses, la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral respecto del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y de los convenios de actividad, subactividad y empresa suscriptos por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS). De esta manera, ordenó al Estado Nacional abstenerse de aplicar esas disposiciones mientras se sustancia la acción de amparo.

El conflicto se centra en dos aspectos de la reforma laboral. Por un lado, el artículo 131 modifica el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos, limitando la continuidad de determinadas cláusulas una vez vencido el convenio. Por otro, el artículo 133 establece topes a los aportes y contribuciones previstos en los convenios colectivos, fijando un límite del 2% para los destinados a las asociaciones sindicales. Según el sindicato, ambas modificaciones afectan el financiamiento de las entidades gremiales y generan incertidumbre sobre la continuidad de cláusulas convencionales vinculadas a los aportes solidarios.

Al analizar el pedido cautelar, el juez entendió que existen elementos suficientes para considerar configurada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. En particular, destacó que la diferenciación entre cláusulas 'normativas' y 'obligacionales' prevista en la nueva legislación presenta, en esta etapa inicial del proceso, interrogantes sobre su alcance e impacto en la negociación colectiva. Asimismo, valoró que la aplicación inmediata de la reforma podría alterar el equilibrio de las negociaciones paritarias y comprometer la autonomía colectiva protegida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Como consecuencia de la cautelar, continuarán plenamente vigentes tanto las cláusulas normativas como las obligacionales de los convenios alcanzados, incluidas aquellas referidas a aportes y contribuciones sindicales, hasta que exista una definición judicial o venza el plazo de la medida precautoria. La resolución no resuelve la constitucionalidad de los artículos cuestionados, pero constituye un antecedente relevante en la discusión sobre la aplicación de la Ley 27.802 y sus efectos sobre el sistema de negociación colectiva y el financiamiento sindical en el sector mercantil.

Acá podés ver la resolución judicial

Sindicato Empleados de Comercio de San Martín c/Estado Nacional s/amparo ley 16986

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