Por: María José Daró

I - Preliminarmente. Estímulos a la exportación y el derecho de cada exportador

Mediante la resolución general 5768, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modifica la resolución general (AFIP) 3962, norma última que incorporó la denominada “Solicitud de disposición de créditos aduaneros” al módulo “Cuenta corriente aduanera”, con el fin de permitir a los exportadores utilizar los créditos en concepto de beneficios a la exportación y/o los importes abonados en demasía por derechos de exportación de destinaciones anuladas o embarcadas con diferencias.

Según advertimos en el apartado “Considerando” de la norma modificatoria, el Organismo, impulsando procesos de mejora continua y en la búsqueda de favorecer las operaciones de comercio exterior, encuentra necesario implementar cambios con el fin de ampliar el universo de exportadores alcanzados y agilizar la utilización de los saldos a favor de dichos operadores, adecuando al efecto los Anexos I y II de la resolución general (AFIP) 3962.

Por su parte, la normativa modificada se origina con fines similares, introduciendo herramientas informáticas destinadas a facilitar el cumplimiento de obligaciones y, principalmente, con la misión de incorporar nuevas aplicaciones para agilizar la cancelación de las mismas mediante la imputación de fondos a los que los exportadores tuvieran derecho a percibir en concepto de estímulos a la exportación.

En forma preliminar, siempre que abordamos esta materia, vemos necesario poner el énfasis en que nos estamos refiriendo a un derecho a restitución del exportador (distinguiéndolo del vocablo beneficio particular) y delimitar así de inicio que es un derecho el núcleo que se encuentra en juego. Sin perjuicio de que la agilización de trámites y desburocratización repercuta finalmente en facilitar el cumplimiento de obligaciones aduaneras y/o tributarias, preferimos no perder de vista que el punto inicial es otro. Precisamente, el punto de partida es un “crédito aduanero” que posee un exportador y que, en principio, lo encuentra en un rol invertido al habitual de la relación tributaria (exportador/deudor y Estado/acreedor).

Esto así, debido a que el origen de todo es la existencia de estímulos a la exportación (reintegros) y que el exportador (como acreedor) tiene derecho a percibir una restitución del Estado quien, en esta ocasión, tiene un protagónico invertido, ya que se trata en origen del sujeto “deudor”.

Otra cuestión a destacar, si se examina esta temática, es que tratándose de estímulos a la exportación, no deben ser confundidos con beneficios particulares a un exportador, porque indefectiblemente el fundamento de raíz es otro y es lo que, a nuestro parecer, marca la terminante diferencia. Los estímulos se fundan en el concepto de no exportación de impuestos interiores y en el principio de tributación de país de destino. Es decir, cualquier escollo formal que sufra individualmente un exportador para la consecución del derecho a restitución, bajo la errónea premisa reglamentaria de estar tramitándose un beneficio individual, hará peligrar el principio mencionado, que surge, ni más ni menos, de acuerdos internacionales a los que Argentina adhiere.

En particular, mediante el régimen de reintegros (un tipo de estímulo tratado por el Código Aduanero), se restituyen -total o parcialmente- los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exportare para consumo a título oneroso, o bien por los servicios que se hubieran prestado por dicha mercadería.

Las cuestiones referidas se vinculan estrechamente con la resolución general (AFIP) 3962 y la actual modificación introducida por la resolución general (ARCA) 5768, toda vez que, si bien son normas destinadas a facilitar el cumplimiento de obligaciones de seguridad social, impositivas y/o aduaneras, no puede perderse de vista que reglamentan particularmente la disposición de créditos aduaneros, en parte a raíz de reintegros de exportación. Consecuentemente, por sobre el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones del exportador, debe primar en dichas normas el espíritu de la consecución del derecho de cada uno de ellos, sin convertirse en obstáculos reglamentarios con trámites burocráticos y/o plazos excesivos que pongan en riesgo los principios fundamentales antes comentados.

En la presente publicación, nos proponemos un repaso de las funcionalidades anteriores y las vigentes en examen de las modificaciones y/o incorporaciones que trae la novedad [RG (AFIP) 5768], realizando a tal fin un comparativo de los Anexos I y II de la resolución general (AFIP) 3962. Destacamos que las adecuaciones implementadas en la norma entraron en vigencia el 8 de octubre de 2025.

Y además:

II - Modificaciones a los anexos

III - En pocas palabras: la modificación

IV - Comentarios de cierre. Paliativo sí, mejoras pendientes también

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