La Comisión Nacional de Valores presentó un proyecto de resolución para tratar la regulación de criptomonedas y lo dejó a consulta pública por un período de 30 días.

Por medio de la RG 1025/2024, propone las reglas generales de actuación y las condiciones bajo las cuales los PSAV deberán prestar sus servicios, en base a los principios y parámetros definidos en el artículo 38 de la Ley N° 27.739, que reforma la Ley N° 25.246 de Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

¿Cuáles son los aspectos regulatorios de la norma?

La CNV informó que esta reglamentación instaura exigencias patrimoniales para las actividades relacionadas con los activos digitales, políticas de seguridad de la información y aspectos de ciberseguridad, entre otros.

Asimismo, esta nueva regulación considera ciertas normas de conducta que regirán la actividad de los PSAV y así tener un marco más transparente, como también generar más protección a los usuarios en la divulgación de riesgos de los activos virtuales.

Entre otros puntos, se destaca la custodia de activos digitales, unas medidas diseñadas para evitar la manipulación de plataformas de negociación, cuestiones relacionadas con la publicidad y ciberseguridad y políticas de seguridad de la información.

Se crearon manuales de procedimiento y hay un apartado establecido para cuestiones de riesgo.

Exigencias patrimoniales

Entre otras cosas, se establece un patrimonio mínimo de un monto de $170 millones a empresas grandes. También se elaboró un listado de categorías con otras compañías menos desarrolladas.

Mientras que para los individuos, sólo tendrán acceso a la participación sin armar una sociedad en las dos primeras categorías. De esta forma, tienen permitidos los intercambios de activos virtuales contra fiat y activos virtuales entre sí.

¿Cómo se distribuyeron las categorías?

Desde la entidad, decidieron crearlo en cinco partes. La primera categoría es para intercambios entre activos virtuales y monedas de curso legal, como podría ser la venta de USDT a dólares.

La segunda categoría es para cambios entre uno o más activos virtuales, como Ethereum por USDT.

La tercera es para transferencias de criptomonedas y la cuarta permite la custodia y/o administración de divisas digitales.

Mientras que la última permite la participación y la provisión de servicios financieros que estén emparentados con las ofertas y/o ventas de activos virtuales provenientes de un emisor.

Leonardo Klug realiza unos breves comentarios sobre el proyecto normativo que propone reglamentar a los proveedores de servicios de activos virtuales

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