Los lazos entre Argentina e Italia son más que conocidos. Una gran afluencia de inmigrantes de países europeos llegaron a estas tierras a principios de siglo. Esto dio origen a un curioso fenómeno.

Breve repaso

En 1912 se promulgó la primera ley de ciudadanía italiana moderna, esta preveía que los italianos que hubieren abandonado su tierra tenían la posibilidad de transmitirla a sus descendientes también. Esto sí, siempre que fuera varón, y siempre que no se haya naturalizado. Esta normativa adoptó el principio 'iure sanguinis', es decir, por lazos de sangre.

En el año 1992, el 5 de febrero a través de la Ley 91, se reguló lo que hasta el 28 de marzo se conocía como el proceso de obtención de la ciudadanía italiana. Es decir, cada sujeto que se considerara con el derecho de obtenerla por vía administrativa podría solicitarla en una dependencia consular.

Además existía la posibilidad de solicitarla por vía judicial en los casos conocidos como “vía materna”. Los hijos de mujeres italianas podían solicitarla solo si hubieren nacido después del 1 de enero de 1948. Esto también generaba una incongruencia, es decir, la misma mujer podría transmitirle la ciudadanía a su hijo nacido el 1° de enero de 1948, pero no a su hijo mayor nacido el 31 de diciembre de 1947.

¿Qué pasó en los últimos años?

En el año 2009 se introdujo el cambio más significativo. Se estableció la necesidad de abonar una tasa consular de 300 euros por cada solicitante mayor de 18 años de edad. Además de esto, en el 2025 se duplicó el valor por decisión del ejecutivo italiano. 600 euros es el costo actual de solicitar la ciudadanía ante un Consulado Italiano o Comuna italiana.

A lo anterior se suma una nueva interpretación de la Ley que ya fue abordada por Errepar+ en el siguiente artículo:

Consulado de Italia: menos argentinos podrán solicitar su ciudadanía

¿Y el 28 de marzo?

Hacía tiempo que la política italiana discutía la limitación generacional para la concesión del derecho de ciudadanía. Finalmente el Consejo de Ministros firmó el 28 de marzo el decreto-ley 36/2025, refrentado por la presidenta del órgano, Giorgia Meloni.

El primer artículo del decreto ley denominado “disposiciones urgentes en materia de ciudadanía”. Este artículo limita la transmisión a hijos y nietos de ciudadanos italianos nacidos en el territorio italiano.

Es importante destacar que el decreto-ley está firme, pero el parlamento italiano debe darle tratamiento en un término de 60 días. Si no lo trata, se cae, si lo hace, puede aceptarlo, o bien introducir modificaciones. Es decir, la decisión está plenamente vigente a la actualidad, y produciendo efectos, pero es una decisión que puede ser modificada.

¿Qué podría suceder en el futuro?

Además de lo que ya salió en el decreto es posible que se incorporen por vía legislativa, otros requisitos tales como “ejercicio ciudadano”. Esto significa que debería ejercerse la ciudadanía italiana solicitando pasaportes, votando o teniendo algún tipo de conexión con la Repubblica Italiana.

Otro de los cambios posibles que se supone será incorporada por vía legislativa es un examen de cultura general y de idioma italiano, del mismo modo que lo hace actualmente Estados Unidos.

Paréntesis: Ciudadanía por matrimonio

Antes del 27 de abril de 1983, las esposas de ciudadanos varones adquirían la nacionalidad de pleno derecho y de forma automática por matrimonio.

A partir de la Ley 91/1992, la ciudadanía por matrimonio sería solicitada y concedida sólo a quienes la soliciten, teniendo en cuenta una serie de requisitos. A saber, tiempo mínimo de 3 años de matrimonio o 1,5 en caso de tener hijos. Sostener el matrimonio durante el tiempo que dure la solicitud, excelente conducta a nivel penal.

En la última década también se implantó la necesidad de conocer la lengua italiana como mínimo en nivel B1 (MRCE) es decir, el tercer nivel de 6 niveles. Esto último con el fin de conectar culturalmente al solicitante con Italia.

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