María Elena Franzone analiza los requisitos que deben cumplimentar los certificados médicos para justificar inasistencias laborales por enfermedad o accidente inculpable, así como los mecanismos previstos para resolver las diferencias de criterio médico entre el trabajador y el empleador.

Respuesta de la especialista

La norma establece un nuevo régimen de acreditación y control de las inasistencias laborales por enfermedad o accidente inculpable, incorporando criterios de mayor precisión, trazabilidad y validez legal de los certificados médicos, así como reglas claras para la resolución de discrepancias.

En primer lugar, los certificados médicos que presente el trabajador deben cumplir requisitos obligatorios de contenido y forma.

Deben consignar expresamente el diagnóstico médico
El tratamiento indicado
Cantidad de días de reposo laboral prescriptos.

Además, los mismos deben ser emitidos por profesionales médicos legalmente habilitados para ejercer la medicina en cualquier punto del territorio nacional.

Como novedad central, se exige que los certificados estén firmados digitalmente a través de plataformas electrónicas autorizadas conforme a la Ley 27.553 y su reglamentación, lo que garantiza su autenticidad, integridad y validez jurídica, y reduce el riesgo de adulteraciones o documentación apócrifa.

En cuanto al control médico, el trabajador tiene la obligación de someterse a la verificación que realice el profesional designado por el empleador.

Esta facultad de control constituye un derecho del empleador y un deber correlativo del trabajador, orientado a corroborar la situación de salud invocada y la razonabilidad del reposo indicado.

Si a pesar de ese control existiera una discrepancia insalvable entre el diagnóstico del médico tratante del trabajador y el resultado del control médico patronal, la norma prevé mecanismos de resolución. En las jurisdicciones donde la autoridad administrativa lo haya habilitado, podrá recurrirse a una junta médica en una institución oficial. Alternativamente, podrá solicitarse un dictamen a institutos públicos o privados de reconocida trayectoria y solvencia técnica.

En este último supuesto, el costo de la intervención deberá ser asumido íntegramente por el empleador, garantizando así que el trabajador no cargue con el gasto derivado de la controversia médica, y asegurando un procedimiento objetivo, imparcial y técnicamente fundado para definir la situación.

En conjunto, el artículo 45 de la Ley 27.802 busca modernizar el sistema, otorgar mayor seguridad jurídica a ambas partes de la relación laboral, reforzar la transparencia en la justificación de las inasistencias y establecer vías claras para resolver conflictos médicos sin afectar indebidamente los derechos del trabajador ni el poder de control del empleador.

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