La sala C de la Cámara Comercial en los autos 'Soto, Fernando Ariel c/Mav Group SA s/convocatoria a asamblea' confirmó la resolución que ordenó la convocatoria judicial a asamblea de una sociedad anónima, instruyéndose a la magistrada de grado para que disponga medidas preventivas con el fin de resguardar la integridad psicofísica de la socia apelante (ex pareja del actor) en ocasión de la celebración del acto asambleario. Con tal finalidad, debía ser llevada adelante a distancia, empleando los dispositivos de comunicación remota o Google Meet), teniendo en cuenta las denuncias incoadas contra el actor en el marco de hechos de violencia de género.

Medidas preventivas

Resulta necesario que sean arbitradas medidas preventivas dirigidas a resguardar la integridad psicofísica de una socia en ocasión de la celebración del acto asambleario convocado judicialmente, si se tiene en cuenta las denuncias por violencia de género incoadas contra su ex pareja y socio. Es que resulta necesario evitar en todo cuanto sea factible que la figura societaria y sus resortes sean desviados de su finalidad; y que, en vez de ordenarse a perseguir finalidades verdaderamente societarias, esos resortes sean utilizados para agravar o mantener el aludido conflicto de índole personal, que, como se dijo, pone en juego aspectos que deben ser objeto de atención prioritaria.

Conflicto interpersonal entre los socios y violencia de género

Corresponde instruir que la asamblea societaria convocada judicialmente sea llevada a cabo de forma remota mediante el uso de plataformas digitales, si se acredita la existencia de un conflicto interpersonal entre los socios (ex pareja) que incluye la denuncia de hechos constitutivos de violencia de género. Ello así, por cuanto la existencia del mencionado conflicto impone evaluar la situación desde la perspectiva de género en función del compromiso internacional que nuestro país asumió al aprobar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -“Convención de Belém do Pará”- y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ambas incorporadas a nuestra Constitución Nacional en su art. 75, inc. 22, siendo los derechos y obligaciones previstas en ellas reglamentados por el Congreso de la Nación a través de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (ley 26485).

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