A través de un fallo plenario unánime, la Cámara Nacional en lo Civil resolvió como doctrina legal obligatoria para todo ese fuero que “no pueden recurrirse las sentencias de los jueces nacionales en lo civil por ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires”.

Recordemos que en diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había resuelto que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el encargado de conocer en los recursos extraordinarios que se presenten ante la justicia nacional ordinaria de la Ciudad.

En los autos “Ferrari, María Alicia c/Levinas, Gabriel Isaías s/incidente de incompetencia”, la Corte habilitó al Tribunal Superior porteño como órgano revisor de sentencias de la Cámaras Nacionales de Apelaciones con asiento en la referida localidad.

Qué dice el plenario

Ahora, la Cámara Nacional en lo Civil rechazó en pleno la aplicación del fallo conocido como “Levinas”, indicando que imponer “una instancia suplementaria, que, además, pertenece a otra jurisdicción, implica “sacar” a los litigantes “de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”, lo que lesiona directamente las garantías reconocidas a los habitantes de la República por el art. 18 de la Constitución Nacional, en un doble sentido: a) porque se asigna competencia a un órgano que no la tiene de acuerdo a la ley aplicable y b) porque se lo hace luego (años después) del momento de la traba de la Litis”.

Entre sus fundamentos, también señala que “de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, “(l)a competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable”. Se trata de una cuestión de orden público (…) que, una vez más, no puede ser delegada a, o reclamada por, un tribunal local”.

“En definitiva, la legislación nacional aplicable establecía y establece, de modo concorde, que, frente a las sentencias de las cámaras nacionales de apelaciones, únicamente procede -eventualmente- un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, sin declarar la invalidez constitucional de estas normas, la mayoría del mencionado tribunal omitió –so pretexto de considerar que ya no revestían actualidad- aplicar ese bloque normativo y, en vez de fundar su decisión en la ley, la sustituyó por su propia voluntad, a partir de una interpretación sesgada de sus propios precedentes, del supuesto estatus constitucional de la Ciudad de Buenos Aires y de una interpretación derogatoria de la Ley de Garantía de los Intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, a la que directamente vació de contenido”, declaró el tribunal en pleno.

Y asegura que “al no haber fundado su decisión en una ley constitucionalmente válida que estableciera la competencia del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires para constituirse en la alzada de las cámaras nacionales de apelación, la Corte Suprema exorbitó el procedimiento previsto por el art. 24 inc. 7 del decreto-ley 1285/58”.

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