La sentencia emitida por la Cámara Federal de Casación Penal constituye un hito fundamental en la larga y compleja investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que pronto cumplirá 30 años.

En este fallo, los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma establecieron que los ataques perpetrados contra la embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994 no fueron simples actos de violencia, sino que respondieron a un designio político y estratégico de la República Islámica de Irán y fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.

Este pronunciamiento judicial es trascendental no solo por su relevancia en el ámbito nacional, sino también por sus implicaciones a nivel internacional.

En primer lugar, se declaró que el ataque a la AMIA constituyó un crimen de lesa humanidad, sentando así las bases para que Argentina pueda presentar formalmente una demanda contra Irán. En este sentido, el juez Mahiques sugirió que el reclamo argentino podría ser emprendido por vía diplomática, ante un tribunal arbitral o incluso ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas.

Además, la sentencia resalta el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, permitiéndoles buscar justicia y reparación ante los responsables de este brutal acto terrorista. En palabras del juez Mahiques –quien lideró el acuerdo–, esta acción va más allá de una cuestión judicial, siendo esencialmente un asunto de seguridad nacional y una respuesta a la amenaza persistente del terrorismo.

En cuanto a las implicancias prácticas de esta sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal exhortó tanto al poder ejecutivo como al legislativo a tomar medidas concretas. Entre estas medidas se incluye la creación de agencias federales de investigación para delitos complejos como el terrorismo, la modernización del proceso de sistematización y conocimiento de la documentación de inteligencia desclasificada, y la definición de políticas en relación con el proceso en ausencia (considerado como una legislación “especial”, contraria a nuestro sistema legal e inválida por un segmento de nuestra doctrina nacional, encabezado por el ex juez de la CSJN y de la CIDH, Raúl Zaffaroni).

Esta decisión judicial se produce en el contexto de la revisión de la absolución de Carlos Telleldín, quien fuera el primer detenido en la causa. Aunque Casación ratificó esta absolución, también confirmó la mayoría de las condenas por las graves irregularidades cometidas al inicio de la investigación.

Los impactos de esta sentencia trascienden las fronteras de Argentina, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está evaluando si el país es condenado por falta de justicia en el atentado contra la AMIA.

En este sentido, esta sentencia marca un avance significativo en el escenario político y jurídico mundial, reafirmando el compromiso con la búsqueda de justicia y verdad para las víctimas del terrorismo.

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