Por medio de la Resolución (MSeg.) 429/2025, se limita la cantidad de internos que podrán realizar labores generales del establecimiento como “única ocupación” por un mínimo de 8 horas diarias y se les otorgará peculio por esas tareas, pero sin tener en consideración el salario mínimo vital y móvil.

En otras palabras, solo al 5% de las personas privadas de la libertad alojadas en cada establecimiento penitenciario se le podrá asignar la realización de prestaciones personales para labores generales o comisiones, que no se encuentren llevando a cabo actividades con objetivos productivos a los fines de la reinserción social.

Esto no modifica la obligatoriedad para todos los internos de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes.

RESOLUCIÓN (MSeg.) 1346/2024. Establecimientos penitenciarios: los internos deberán participar en tareas de mantenimiento y limpieza

Fundamentos de la medida

La norma indica que en los últimos años, y por una aplicación abusiva de las disposiciones vigentes, se ha incrementado en forma considerable y alarmante el pago a los internos de sumas de dinero en concepto de peculio sin asignación de tarea productiva alguna, en desmedro de las actividades laborales con fines compatibles con el tratamiento penitenciario.

Según estadísticas oficiales, sólo el 38,72% del total de internos que percibe sumas de dinero realiza alguna actividad cuyo objetivo sea la reinserción social, mientras que más de la mitad de los internos que percibieron dinero lo hicieron por la realización, como única ocupación, de “tareas de fajina”.

Asegura también que esta asignación de recursos consolidó, en los hechos, un esquema que tergiversó la finalidad del trabajo en contexto de encierro, en tanto el pago de la remuneración se transformó en una asignación económica asistencial para la persona detenida y, en muchos casos, para su grupo familiar, asimilándose a un “plan social”.

El trabajo carcelario según las leyes

La ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, Nº 24.660 y sus modificatorias, en el Capítulo VII “Trabajo” (artículos 106 a 132), establece que el trabajo en contexto de encierro constituye un derecho y un deber de los internos; es una de las bases del tratamiento penitenciario y tiene positiva incidencia en la formación de la persona privada de la libertad.

Por su parte, el Reglamento General de Procesados, Decreto N° 303/1996, en el Título XI “Trabajo” (artículos 119 a 136) establece que el trabajo propenderá a que el interno mantenga o adquiera hábitos laborales como así también actualice la capacitación laboral que facilite su futura reinserción en el mercado laboral.

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