Por María Julieta Canobbio

Por medio del decreto 202/2024 (BOCBA: 8/5/2024), el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, “la CABA”) estableció un nuevo Régimen de Representación en Juicio para las ejecuciones de obligaciones en mora y otros recursos de la CABA, previstos en el Título XIII - Capítulo II - Juicio de Ejecución Fiscal - del Código Contencioso Administrativo y Tributario (en adelante, “CAyT”) de la CABA. Se trata de las normas que rigen la actuación de los mandatarios de la CABA, a cargo de las cobranzas de deudas tributarias firmes en sede administrativa, donde se destaca la nueva regulación de los honorarios que dichos mandatarios pueden cobrar de los contribuyentes e infractores.

El Régimen establece seis nuevos Cuerpos Especiales de Mandatarios de la CABA:

(a) Mandatarios para el cobro de las deudas por los conceptos de impuestos, tasas, contribuciones y demás recursos en mora.

(b) Mandatarios para el cobro de las deudas por multas aplicadas por la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente del Ministerio de Justicia de la CABA o el organismo que en el futuro la reemplace.

(c) Mandatarios para el cobro judicial y extrajudicial de la deuda en mora proveniente de inversiones realizadas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, en el ejercicio de sus funciones.

(d) Mandatarios para el cobro de las deudas originadas en prestaciones médicas brindadas por efectores públicos a personas con cobertura social o privada en sede judicial.

(e) Mandatarios para el cobro judicial y extrajudicial de las deudas originadas en las multas impuestas en virtud de la aplicación de las disposiciones establecidas por la ley CABA 265; y

(f) Mandatarios para el cobro de las deudas originadas en multas impuestas en virtud de la aplicación de las leyes CABA 757 y 941.

Conforme el Régimen, los mandatarios deberán cumplir al menos los siguientes requisitos para su designación como tales:

(a) Poseer título de abogado.

(b) Poseer Matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal de una antigüedad no inferior a dos (2) años.

(c) Tener domicilio profesional en la Capital Federal.

(d) No haber sido sancionado disciplinariamente por parte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

(e) No haber sido condenado o procesado en causa penal.

(f) No haberse presentado ni declarado su quiebra o concurso, ni haber integrado los órganos directivos o representativos de sociedades fallidas.

(g) No aparecer inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

(h) No tener anotadas a su nombre inhibiciones ni embargos.

(i) No ser funcionario público ni permanecer a la planta permanente o transitoria o régimen gerencial ni poseer cualquier vínculo contractual con el Gobierno de la CABA.

(j) No registrar deuda impositiva con el Gobierno de la CABA.

(k) No representar, patrocinar, asesorar ni intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales contra la CABA.

Por otro lado, destacamos como notas salientes, que los mandatarios designados:

(a) Tendrán a su cargo todos los gastos que origine la gestión encomendada.

(b) Recibirán, como única retribución, los honorarios y gastos que deba satisfacer el deudor moroso por las diligencias realizadas.

(c) En ningún caso tendrán derecho a reclamar el pago de dichos conceptos al Gobierno de la CABA.

(d) Son personalmente responsables por los honorarios y costas que se originen en caducidades de instancia decretadas en juicios a su cargo.

(e) Deberán resarcir las costas y los daños y perjuicios a que fuese condenado el Gobierno de la CABA en algún juicio, cuando lo fuese por culpa o negligencia del mandatario.

(f) Serán revocados en forma inmediata si dejaran prescribir una deuda, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial por los daños emergentes de su negligencia.

(g) No podrán efectuar transacción alguna sobre la deuda, ni allanarse, ni desistir de los juicios iniciados, sin la autorización previa de la Procuración General de la CABA.

(h) Deberán seguir las directivas jurídicas impartidas por la Procuración General de la CABA que esta estime pertinentes en el curso del proceso de ejecución, y deberán contar con patrocinio letrado obligatorio de la Procuración General en los escritos de contestación de excepciones, memoriales y sus contestaciones, recursos extraordinarios y sus contestaciones y recurso de queja.

(i) No podrán aceptar pagos de modo personal y directo, ni efectuar gestiones extrajudiciales de cobro con carácter previo al inicio del juicio. Si el contribuyente optara por abonar la deuda en forma extrajudicial, podrá hacerlo mediante los mecanismos de pago establecidos por cada uno de los organismos que originan la obligación reclamada.

(j) Deberán atender al público en los días y horarios establecidos por la Procuración General de la CABA (pendiente de reglamentación a la fecha de este trabajo), y deberán mantener sus oficinas en el radio de la CABA.

En lo que -a nuestro entender- es el aspecto más importante del nuevo Régimen, se establece que, en los casos en que el deudor opte por abonar la deuda en forma extrajudicial (es decir, respondiendo a las cartas o avisos de intimación de pago que suelen enviar los mandatarios, y presentándose en su oficina), el mandatario liquidará, en concepto de honorarios por su labor judicial y/o extrajudicial, un diez por ciento (10%) del total de la deuda reclamada con más los intereses devengados a la fecha de pago, o del monto regularizado con más los intereses devengados a la fecha de acogimiento, correspondientes a esa ejecución, tomando la base que fuere menor, con excepción de aquellos que se encuentren regulados y firmes. Se dispone que, el monto resultante de la aplicación del referido porcentaje, en ningún caso podrá ser inferior al valor de dos (2) UMA (en adelante, “Unidad de Medida Arancelaria”, establecida por ley CABA 5134, BOCBA: 27/11/2014), y siempre y cuando este no supere el veinte por ciento (20%) del total de la deuda, en cuyo caso se deberá considerar este límite para la liquidación del honorario.

Desde estas páginas, celebramos esta modificación. El ahora derogado decreto (GCBA) 42/2002 (BOCBA: 22/1/2002), modificado por el también derogado decreto (GCBA) 54/2018, establecía en su artículo 12, que el honorario mínimo de los mandatarios en ningún caso podría ser inferior al valor de tres (3) UMA, cifra que (hoy) asciende a pesos doscientos veinticinco mil trescientos treinta y nueve ($ 225.339) siendo que, en el ámbito de la CABA, se fijó, a partir del 1/4/2024, la UMA en la suma de $ 75.113.

El monto mínimo para la promoción de acción judicial, en el caso de deudas tributarias de la CABA fue fijado para el año en curso en pesos ciento cuarenta y ocho mil novecientos ($ 148.900). Esto significa que, por una deuda de $ 150.000, el contribuyente que querría regularizar podría llegar a tener que abonar más de $ 200.000 en concepto de honorarios del mandatario.

Con el nuevo Régimen de Representación en Juicio dispuesto en el decreto 202/2024, se establece un honorario mínimo de 2 UMA (a la fecha del presente, sería pesos ciento cincuenta mil doscientos veintiséis ($ 150.226), y un tope, del veinte por ciento (20%) del monto de la deuda a regularizar. En el ejemplo anterior, si la deuda es de $ 150.000, los honorarios del mandatario, conforme la nueva legislación, no podrían ascender a más de pesos treinta mil ($ 30.000).

Si bien el decreto 202/2024 no estableció su fecha de entrada en vigencia, y quedan aún pendientes, a la fecha de esta publicación, muchas cuestiones a reglamentar, en el ámbito de la CABA, las leyes, los reglamentos, las resoluciones y los demás actos de alcance general entran en vigencia y se tornan eficaces a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la CABA, por lo cual, entendemos que el nuevo tope ya se encuentra plenamente vigente, y es importante darlo a conocer.

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