Según datos recientes del Banco Central, la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales se duplicó en el último año. A esto se suma, según el informe, que aumentó su uso para las compras básicas en supermercados.

Ante este escenario, ingresaron en la Cámara de Diputados varios proyectos de ley que buscan encarar el problema desde distintos ángulos: un régimen nacional de tratamiento del sobreendeudamiento, una reforma a la ley de tarjetas de crédito y un plan de alivio financiero con quita de intereses y fondos de apoyo estatal.

Régimen de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento

Este proyecto propone crear en todo el país el Régimen de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de las Personas Humanas. Apunta a garantizar un procedimiento ágil y equitativo para los deudores de buena fe que ya no pueden afrontar sus obligaciones.

La iniciativa define como sobreendeudamiento la situación patrimonial en la que la carga financiera es imposible de atender en condiciones razonables, comprometiendo la subsistencia de la persona y su familia.

Frente a este escenario, indica que “las entidades financieras, emisoras de tarjetas y billeteras digitales deberán realizar evaluaciones objetivas de solvencia antes de otorgar créditos”.

Y agrega que “el deudor podrá pedir un proceso gratuito y con patrocinio letrado para negociar con acreedores, con plazos máximos de 60 días (prorrogables por 30)” para “pactar planes de pago de hasta cinco años, con intereses limitados a la tasa activa del Banco Nación y prohibición de capitalización”.

Si la mediación fracasa, el deudor podrá solicitar ante la justicia civil, comercial o de consumo la apertura del trámite de sobreendeudamiento. La sola apertura suspende ejecuciones individuales, intereses punitorios y prescripciones, salvo deudas alimentarias, laborales o tributarias.

El proyecto también prevé que los planes de reestructuración no superen el 35% de los ingresos netos del deudor, salvo consentimiento expreso. El juez podrá imponer planes aun sin acuerdo de la mayoría de acreedores, siempre que sean proporcionales. Cumplido el plan o transcurridos cinco años, el deudor será rehabilitado y se extinguirán los saldos residuales.

Además, incorpora la educación financiera obligatoria en las escuelas secundarias y campañas anuales para adultos.

En sus fundamentos, el texto resalta que más del 90% de los argentinos está endeudado y que buena parte lo está para cubrir gastos esenciales, por lo que considera imprescindible un mecanismo de rehabilitación similar al que existe en países como Francia, Brasil o Canadá.

Cambios a la Ley de Tarjetas de Crédito

Otro proyecto busca modificar la Ley de Tarjetas de Crédito para proteger a los usuarios frente a cláusulas abusivas y costos excesivos en el uso de las tarjetas.

Entre otros puntos, prohíbe disposiciones que permitan a los emisores modificar unilateralmente el contrato, cobrar montos fijos por atrasos, imponer costos por informar la invalidez de la tarjeta o habilitar la vía ejecutiva directa para el cobro. También invalida las cláusulas que autoricen la rescisión unilateral sin causa, las adhesiones tácitas a sistemas anexos y las prórrogas de jurisdicción.

Por otro lado, fija límites a los aranceles al indicar que los emisores no podrán fijar comisiones que difieran en más de tres puntos entre comercios del mismo rubro, y en ningún caso podrán aplicar descuentos superiores al 3% sobre las liquidaciones a proveedores.

También impone un tope a intereses punitorios y establece que no podrán superar en más del 20% a la tasa compensatoria aplicada por la entidad, y se prohíbe su capitalización.

En caso de incumplimientos, habilita al Banco Central a aplicar sanciones a las entidades que incumplan la ley o informen de manera deficiente.

En sus fundamentos, se remarca que el DNU 70/2023 había modificado la normativa en beneficio de bancos y financieras, debilitando la protección de los consumidores. También advierte que “la morosidad en tarjetas de crédito se duplicó y que un 46% de las compras en supermercados ya se paga con este medio, lo que evidencia que muchas familias se endeudan para comer”.

Régimen especial de saneamiento y alivio financiero

El tercer proyecto crea el Régimen Especial de Saneamiento y Alivio Financiero para Deudores de Tarjetas de Crédito, en el que podrán acceder personas físicas con al menos 60 días de mora y deudas que no superen 20 salarios mínimos, vitales y móviles.

Al ingresar a este régimen, el beneficiario podrá obtener una condonación mínima del 50% de los intereses moratorios y punitorios, sin afectar el capital original y realizar planes de pago de hasta 36 meses, con tasa equivalente a la pasiva promedio del mercado difundida por el BCRA.

Además, tendrá un plazo de gracia de 60 días para comenzar a abonar así como la suspensión de embargos, ejecuciones y reportes negativos mientras se cumpla el plan.

Además, se crea el Fondo Nacional de Recuperación de Deudas de Consumo, administrado por el Ministerio de Economía, que otorgará garantías a los bancos, financiará reducciones de tasa para deudores de bajos ingresos y absorberá créditos incobrables. Este fondo se nutrirá con un aporte obligatorio del 0,5% de los intereses cobrados por las entidades en operaciones con tarjetas, recursos presupuestarios y aportes voluntarios.

En los fundamentos, se sostiene que en provincias como Tierra del Fuego la morosidad es aún más elevada que la media nacional, debido a los altos costos de vida. Y advierte que muchas familias ya no usan la tarjeta como medio de financiamiento de bienes durables, sino para pagar alimentos y medicamentos, lo que las lleva a una “espiral de endeudamiento crónico”.

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