La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados emitió dictamen favorable a un proyecto que modifica el artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece una fórmula para actualizar los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajos.

Entre otras cuestiones, en caso de aprobarse, las nuevas disposiciones deberán ser aplicadas por los jueces o la autoridad administrativa, 'de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concurso del deudor así como también, después de la declaración de quiebra'.

El dictamen de mayoría toma como base los proyectos de Martín Tetaz (UCR), Mónica Frade (CC) y Eduardo Capozzi (PRO), que modifica el artículo 276 del Régimen de contrato de trabajo aprobado por la ley 20.744 y las modificaciones posteriores sobre régimen de actualización de créditos laborales.

Régimen de actualización de créditos laborales

El artículo 1 sustituye el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo por el siguiente:
“Artículo 276.- Actualización por depreciación monetaria. Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados por la variación que resulte del Índice de Precios al Consumidor - Nivel General, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con más una tasa de interés del 3%, desde que cada suma sea debida hasta el momento del efectivo pago.”

Por su parte, el artículo 2 del dictamen establece: “En los juicios pendientes de sentencia definitiva y en los concluidos -estando pendientes de pago- a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados con base en el artículo 768 del Código Civil y Comercial, exclusivamente a través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a las tasas -activas o pasivas- determinadas por el Banco Central de la República Argentina para el período correspondiente”.

Y agrega que “en ningún caso el resultado podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el INDEC con más una tasa de interés pura del 3% anual”.

Luego remarca que “las disposiciones antecedentes son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concurso del deudor así como también, después de la declaración de quiebra”.

Por otra parte, el artículo 5 indica que “la actualización de los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo, está exceptuada de lo dispuesto en los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias”.

Por último, deroga el artículo 84 del DNU 70/2023.

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Fundamentos

Los legisladores en sus diversos proyectos explicaron que, desde hace más de 30 años, la justicia no ha logrado unificar criterios en cuanto a la forma de readecuar las sumas de dinero derivadas de un reclamo del derecho del trabajo, generando no solo resultados altamente disvaliosos sino también un alto grado de inseguridad jurídica.

El diputado Capozzi explicó que “esta situación se fue agravando a partir de finales del año 2022, cuando la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante el Acta 2763/2022, consagró el anatocismo como forma de potenciar los créditos laborales, dando lugar a incrementos desproporcionados que generaron intereses desproporcionados, provocando un enriquecimiento incausado de quien los percibía en desmedro del derecho de propiedad del deudor”.

Luego remarcó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sólo declaró la inaplicabilidad de dicha Acta de la CNAT en el precedente “Oliva, Fabio Omar c/ COMA S.A. s/despido”, sino que, además, volvió a intervenir en la cuestión en el fallo “Lacuadra, Jonatan Daniel c/ DIRECTV Argentina S.A. y otros s/ despido” del 13.08.2024 al desestimar la aplicación del índice CER para la actualización de este tipo de acreencia'.

Desde su punto de vista, “el Supremo Tribunal ha dejado sentado, claramente, que la repotenciación de créditos que generaron resultados absolutamente irrazonables y exorbitantes, no resultan compatibles con nuestro sistema jurídico”.

Y consideró imperioso que el Poder Legislativo se aboque al tratamiento de la cuestión y establezca un mecanismo equitativo de actualización de los créditos laborales unificado para todo el país y con capacidad para recomponer el poder adquisitivo que el dinero eventualmente perdiera por el transcurso del tiempo sin menoscabar el patrimonio del deudor.

“Este sistema de actualización permitirá no solo recomponer y adecuar el crédito originado en un reclamo de índole laboral sino también, otorgar previsibilidad y seguridad jurídica a quien, potencialmente, puede ser condenado”, añadió.

Para llegar al recinto, el proyecto todavía requiere transitar por otra comisión, la de Finanzas, a cargo del diputado de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch. Salvo que se habilite una prórroga de ordinarias o eventualmente se lo incluya en un temario de extraordinarias, el proyecto deberá aguardar hasta 2025 para seguir su curso por la cámara.

El dictamen de minoría

En tanto, el dictamen de minoría, firmado por legisladores de Encuentro Federal y Unión por la Patria, consideró 'exigua' la suma del 3% anual y remarcó el proyecto que apunta a una actualización por IPC más el 5% anual: 'A la carga de haberlo tenido en la indignidad por no reconocerle un derecho o una indemnización por la que está litigando, no se puede permitir también que esta situación lo llevé a que pierda el valor de su crédito laboral'.

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