Por: Fernanda Santágata

Periodista especializada en salud, inclusión y autogestión empresarial

Con frecuencia se considera que el acoso escolar, también conocido como bullying, es una problemática reciente. Por el contrario, estas situaciones existen desde siempre en contextos educativos. Lo que sí resulta contemporáneo es el trabajo especializado sobre un tema que amerita dedicación.

Según la organización Bullying Sin Fronteras las estadísticas de Argentina son contundentes: El país se encuentra en quinto puesto de denuncias a nivel mundial.

Se calcula que, por año, hay un registro formal de 50.250 casos nacionales. El ranking está encabezado por México y le siguen Estados Unidos, España y Brasil.

UNICEF también trabaja este conflicto a escala global. Según la entidad, la mitad de los adolescentes en todo el mundo es víctima de hechos de violencia en la escuela a la que asiste. En uno de sus últimos informes el organismo confirmó que unos 150 millones de jóvenes entre 13 y 15 años sufren las consecuencias.

¿Qué responsabilidad tienen las autoridades educativas respecto al bullying? ¿Existe en Argentina legislación concreta que determine incumbencias en relación al acoso escolar? ¿Hay una mirada actualizada en los casos que se judicializan?

Dos expertos en la materia escribieron al respecto y aportaron respuestas desde el punto de vista jurídico.

Lo que dice la legislación vigente

Luis A. Pennino es abogado, escribano y doctor en derecho y ciencias sociales formado en la Universidad de Buenos Aires. En su trabajo “Del bullying, de la responsabilidad civil y del seguro desarrollo”, Pennino explica que el acoso escolar, a lo largo del tiempo, impuso una necesidad de respuestas en distintos ascpectos.

Para este especialista, resulta importante que tanto los cuerpos directivos y docentes como los establecimientos educativos estén a la altura de las circunstancias.

Cuando se producen lesiones físicas y psicológicas en niños, niñas y adolescentes, no se puede hacer caso omiso. Por estas razones, está clara la responsabilidad civil en los establecimientos escolares en donde ocurren los episodios de bullying.

En relación a cuáles son las legislaciones vigentes aplicables a la problemática y el tratamiento del acoso escolar, el experto las enumera:
- Ley 26601 de protección de la minoridad
- Ley 26206 de Educación Nacional
- Ley 26892 de Promoción de la Convivencia en las Instituciones Educaciones
- Todo el articulado específico del Código Civil y Comercial de la Nacional.

En el citado trabajo, Luis Pennino subraya que “La responsabilidad civil en tratamiento resulta ultra objetiva y recae sobre el titular del establecimiento, lo dirija o no (…). No basta, por lo tanto, acreditar la no culpa. Constituye una obligación de resultado en tanto que implica velar por la seguridad de los educandos”.

Un tema que requiere perspectiva de género

Respecto al enfoque que la justicia puede y debe tener sobre el tema, Andrea Mulet, abogada y magíster de familia y pareja lo aborda bajo el título “La responsabilidad agravada de los establecimientos educativos en supuestos de bullying. Análisis de la causa adecuada”.

Tras el análisis de un caso específico ocurrido en la ciudad de Mar Del Plata, Mulet relata cómo la Cámara que intervino evaluó las consecuencias que sufrió una víctima. Se trató de una adolescente quien, tras un período de hostigamiento prolongado en el ámbito escolar, recibió diagnóstico de epilepsia. Este cuadro fue sindicado por su familia como una secuela a partir del estrés padecido por la joven.

Si bien la resolución concluyó que el colegio tenía responsabilidad por tratarse de un “profesional en la disciplina educativa”, la autora deja sus reparos. En este sentido, la abogada expresa que se hubiese “deseado un mayor desarrollo del caso a la luz de la perspectiva de género, enfoque que se erige hoy en deber jurisdiccional”.

En concreto, Mulet refiere a que, mucho más allá de los datos médicos y biológicos de un/a daminificado/a, se deben evaluar los hechos de manera integral. En esta historia, como en tantas otras, las condiciones en las cuales una niña debía transitar su educación eran perjudiciales para su salud mental. Así, al igual que le ocurre a muchos alumnos y alumnas, llegaron los efectos físicos.

En las conclusiones de su trabajo, Andrea Mulet observa que sí se trata de un evento con responsabilidad civil por parte de la institución educativa. Más aún, la letrada propone las causas del “fenómeno del bullying” y dice que “no alcanza dar cuenta de la producción de intersubjetividades”. Para la especialista, es necesario abordar la lógica de la complejidad y buscar causalidades en estos acontecimientos.

Resulta interesante introducir un asunto tan sensible como el acoso escolar en la agenda pública desde distintas miradas. Además de los aspectos pedagógicos, es muy importante remarcar los compromisos legales que estos casos conllevan. Todo esto resulta central para recordar que la educación requiere obligaciones y que estas son fundamentales para preservar la salubridad de niños, niñas y adolescentes.

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