La Justicia bonaerense hizo lugar a una demanda por acoso escolar y condenó a la Dirección General de Cultura y Educación a indemnizar a un exalumno con $19 millones, al considerar acreditada la falta de prevención y contención institucional frente a reiterados hechos de violencia entre pares.

En el fallo “Montenegro Marcelo Pablo y otro/a c/ Dirección General de Cultura y Educación s/ Pretensión indemnizatoria”, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, responsabilizó al Estado por incumplir su deber de seguridad.

El tribunal tuvo por probado que el alumno fue víctima de hostigamientos persistentes dentro del ámbito escolar, padeció hostigamientos físicos y verbales sistemáticos, que derivaron en un grave cuadro depresivo y fóbico. Destacó que las autoridades minimizaron los hechos y actuaron tardíamente, lo que agravó el daño psíquico.

Fundamentos de la sentencia

En su análisis, la jueza encuadró el caso como bullying y aplicó el artículo 1117 del Código Civil, subrayando que los establecimientos educativos tienen una obligación de resultado respecto de la integridad de los alumnos menores bajo su guarda. Esta normativa del anterior Código Civil, establece un factor de atribución fundado en el deber de seguridad y en una garantía de indemnidad legal. Por lo tanto, para configurar la responsabilidad del Estado no se requiere la acreditación de la culpa de sus agentes, bastando la demostración de que el hecho lesivo aconteció en el marco de la actividad escolar.

La sentencia reconoció daño a la integridad psicofísica y daño moral, fijó intereses y actualización por inflación y extendió la condena a la aseguradora estatal. En cambio, rechazó los reclamos indemnizatorios formulados por los padres en nombre propio.

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