Por: Daniel M. Schwartzman

Trataremos algunos aspectos controvertidos de la ley 27743 de regularización de activos (en adelante, la ley) y normas complementarias. Nos referiremos como régimen de regularización o blanqueo indistintamente.

Este conjunto normativo, un Frankenstein jurídico, se va componiendo con partes que regulan el blanqueo; tiene como objetivo la regularización de la situación fiscal de los contribuyentes, para ser paliativa de la excesiva carga tributaria, en un contexto de salida de dos años de pandemia, excesiva inflación, regulaciones y numerosas reformas parciales del impuesto a las ganancias y aumento de otras cargas. Se han manipulado los tributos con un sesgo político que ha desconocido los principios que rigen la tributación, con fines de recaudación y electorales.

Trataremos algunos aspectos de la ley, que merecen un interés especial, por la ambigüedad del texto o bien por la interpretación que han hecho los organismos administrativos y colegas que merecen comentarios.

El punto que nos despertó mayor interés es el del tapón fiscal y el blanqueo de consumos que se tratan en el Título 4 “Tapón fiscal”, en el Título 5 “Regularización de consumos” y en el Título 6 “Imputación de montos regularizados”.

I - Bienes posibles de regularización

Disentimos científicamente de la afirmación que se ha difundido en todos los ámbitos de discusión de que solo pueden regularizarse bienes no declarados, ya que la ni ley ni el decreto reglamentario lo prohíbe[2]. Quedará como posible discusión en algún caso, si es que se presenta.

Según la ley, se puede regularizar cualquier bien susceptible de tener un valor económico que el contribuyente poseía al 31/12/2023.

Si se trata de dinero en efectivo de cualquier tipo de moneda, en la medida en que se deposite en una cuenta especial hasta el 30/9/2024, puede regularizarse, aunque se haya adquirido en esa misma fecha.

II - Fechas

La fecha de regularización de los bienes es el 31/12/2023, rezagada nueve meses de la fecha en que se presentan las primeras declaraciones juradas del régimen de regularización Etapa 1 el 30/9/2023 (adhesión y pago del anticipo, si corresponde). Este hecho impide resolver las situaciones de irregularidad del año 2024. Suponemos que sería prudente que se extienda la fecha de regularización hasta, por lo menos, el 31/7/2024, respetando la posibilidad de retirar los depósitos de quienes han depositado antes de la publicación de la posible prórroga.

Además, los aplicativos de uso obligatorio deberían respetar los algoritmos de la ley y normas reglamentarias, para lo cual se requiere un período de prueba que los vencimientos establecidos no permiten. Por ejemplo, la reglamentación del Capítulo I “Moratoria” se completó con la resolución general 5558 a tres semanas del vencimiento, y los aplicativos estuvieron disponibles diez días antes.

III - Sujetos excluidos

El artículo 39 de la ley contiene una lista exhaustiva de sujetos excluidos, expulsando del régimen, en el artículo 40, a parientes relacionados con funcionarios, cuyo rango mínimo sea el de director hacia arriba, que hayan desempeñado funciones o hayan sido nombrados desde diez años antes de la sanción de la ley, el 8/7/2024, y/o que desempeñen funciones hasta la actualidad.

En primer lugar, es injusto (aunque no ilegal) que (por ejemplo) un suegro, o el hermano o el excónyuge divorciado hace nueve años de un sujeto designado funcionario pierda el derecho de regularizar su situación fiscal, por el simple hecho del lejano parentesco.

En segundo lugar, el motivo del legislador es excluir a los funcionarios que, por servir en el contexto del Estado, pudieron aprovechar su cargo para gestionar situaciones de incremento patrimonial. ¿Cómo pudo un funcionario designado en febrero o agosto/2024, aprovechar su cargo para aumentar su patrimonio en 2023, fecha de regularización? Podría aplicarse la prohibición exclusivamente para el depósito de efectivo.

Respecto de los convivientes -estado civil muy frecuente en la actualidad-, el decreto reglamentario limita la exclusión a aquellas parejas que puedan acreditar tal circunstancia o baja -de corresponder- a través de la constancia o acta de inscripción en el registro pertinente.

La unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado se inscriben en el Registro de las Personas. Con ello quedan fuera de la prohibición los convivientes no registrados. Vemos aquí un hecho de iniquidad y desigualdad repelido por los principios de la tributación.

Además:

IV - Tapón Fiscal
V - Regularización de consumos al 31/12/2023
VI - Pérdida de los beneficios
VII - Imputación de montos regularizados
VIII - Facturas apócrifas
IX - Regularización de pasivos
X - Prorrateo del mínimo no imponible de USD 100.00 entre parientes
XI - Regularización de bienes de cambio
XII - Regularización de cuentes del exterior
XIII - Mínino no imponible
XIV - Ingresos no declarados de bienes declarados
XV - Documentación respaldatoria
XVI - Conclusiones sobre el blanqueo 2024

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